Cristina Kirchner envió al Congreso un proyecto presentado con bombos y platillos como un “combate contra la precarización”. En realidad se trata de una serie de medidas restringidas al trabajo “no registrado”, eufemismo con el que se nombra a los millones de trabajadores “en negro”, sin aportes, jubilación, obra social ni derechos sindicales. Nada de los contratados, los tercerizados, ni las otras formas de precarización.

Los que se verán beneficiados son los empresarios que tendrán generosos descuentos y exenciones en las cargas patronales.

Pero vayamos por partes. Lo primero que hay que decir es que el anuncio se hace luego del contundente paro del 10 de abril que reflejó el malestar contra el ajuste, la inflación, los topes salariales y los ataques tanto de los empresarios como de parte del Estado que quiere hacer pagar la crisis a los trabajadores. Donde además el sindicalismo combativo mostró su creciente peso en distintos gremios, en sectores de servicios y en la industria, en subterráneos, en gráficos y docentes, donde se realizaron asambleas para discutir parar y distinguirse de los convocantes, Moyano, Barrionuevo, Micheli así como de CGT oficialista.

Una “década ganada” por la precarización laboral

El proyecto se basa en dos ejes: un “riguroso” control de organismos como la Afip y el Ministerio de Trabajo ante los empleadores, a cambio de beneficios en reducciones a las contribuciones patronales y en “acabar” con el fraude laboral en las formas de contratación y condiciones de trabajo. Es un anuncio que solo apunta a una de las formas de trabajo precario, que es estar en negro, manteniendo la lógica neoliberal de descontar las cargas patronales. Más ganancias para los empresarios.

En Argentina el 51,3% de los trabajadores son precarizados, sobre un total de 12 millones de asalariados (OIT en base a datos oficiales, septiembre 2013). Es decir, que una enorme proporción de estos trabajadores está contratado, tercerizado, en negro y hasta “a destajo” como jornaleros, recibiendo una paga por jornada o una determinada producción, como los trabajadores golondrinas y changarines. Los contratos se basan en agencias de “trabajo eventual”, empresas que tercerizan servicios, hasta locaciones de servicio que niegan la relación de dependencia, como es el caso en las reparticiones públicas, donde el Estado es el empleador.

El fraude laboral, empieza por el Estado

Tanto en Ciudad de Buenos Aires (7.600 contratados con salarios que no superan el mínimo de $3.400) como en dependencias del Estado nacional donde los trabajadores de la administración no tienen un vínculo laboral estable con el Estado (el 12,2% de los estatales no están registrados por su empleador). Los datos de empleo público se esconden en un laberinto gubernamental. Sin embargo, obligada por un decreto propio (el 312/10), la Jefatura de Gabinete consolidó en un informe el porcentaje de cargos y contratos de personas con discapacidad en la administración nacional -actualizado al segundo semestre de 2013-, el valioso dato del total de los trabajadores de ministerios y entes descentralizados.

De acuerdo a ese documento oficial, unos 83.329 empleados de ministerios y entes descentralizados del nivel nacional, aparecen en planta transitoria, locación de servicio, pasantías y becas, bajo el paraguas del llamado "Artículo 9", o vinculados con el Estado a través de diferentes contratos.

El informe con el sello de la Oficina Nacional de Empleo Público (ONEP) actualmente a cargo de Jorge Capitanich, señala que el total de empleados públicos en la administración central es de 315.583.

Ese documento aclara que 23 de las 183 jurisdicciones ministeriales y entidades descentralizadas se negaron a informar la cantidad de trabajadores a su cargo. Para mostrar datos concretos, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas tiene 1.242 trabajadores en planta y 2.646 contratados “Artículo 9” (2 contratados por cada uno en planta). En el Ministerio de Educación hay 834 en planta y 944 precarizados (más del 50%). El Ministerio de Trabajo, que debería fiscalizar el trabajo en negro, cuenta con 1.121 en planta y 2.849 contratados “Artículo 9” (70% de precarios). Todo esto sin contar los contratados por convenios de pasantías, tercerizados de limpieza y mantenimiento que ni siquiera aparecen en las estadísticas. Incluso, en muchos casos, los sectores más precarizados de estas dependencias están directamente en “negro” conchabados a través de tercerizadas. Estos datos son alarmantes y según el proyecto de Cristina, el Ministerio de Trabajo sería el “principal inspector de controlar y regularizar” el trabajo en negro cuando es el principal sostenedor de fraude laboral.

Los disfraces de la precariedad laboral

Las condiciones precarias no solo se basan en el tipo de contrato o salario, sino en la falta de derechos a sindicalizarse, a tener protección ante accidentes de trabajo, a estar encuadrado en el convenio que corresponda y por ende se recibe un salario inferior al sector correspondiente. Además en la inestabilidad laboral ya que hay permanente recambio y los trabajadores son utilizados como material descartable generando un gran ejército de reserva para que las patronales puedan elegir entre una gran masa de trabajadores precarizados y así bajar los costos.

El gobierno se jacta de haber dejado atrás la “era Menemista”. Sin embargo si la intención fuera terminar con la precarización y formalizar las condiciones de empleo, bien podría empezar por casa: ¿por qué no pasar a todos los trabajadores estatales a planta permanente?

El “modelo K” se basa en sostener la política neoliberal respecto a las condiciones laborales. La desocupación bajó pero en su gran mayoría quienes fueron incorporados al trabajo, han sido bajo condiciones precarias. En esta realidad se apoya uno de los grandes secretos de la ganancia empresaria y del crecimiento económico.

Las tercerizaciones, los contratos eventuales, el trabajo en negro, los cambios en la jornada laboral con la extensión de los turnos rotativos o americanos, la polifuncionalidad, los ritmos infernales de trabajo, el aumento de los accidentes, son conquistas que las patronales afirmaron en los ‘90 con la complicidad de la burocracia sindical. Fueron esos dirigentes los que dejaron pasar las leyes flexibilizadoras, los que no hicieron nada por los trabajadores desocupados y en negro, los que firmaron todos estos años convenios con cláusulas que afectan y precarizan las condiciones de trabajo (donde incluso negocian con las patronales la no sindicalización y hasta son los mismos burócratas que tienen empresas que tercerizan servicios laborales).

Cristina, que le mantiene a los empresarios muchas conquistas de los ‘90 y dirige un Estado que precariza a sus trabajadores, quiso aprovechar el rol de la burocracia en este flagelo para seguir su diatriba contra los sindicatos: "llama la atención cuando uno no escucha con los principales reclamos que (…) se luche contra la precarización laboral”.

Pero a diferencia de sus amigos Gerardo Martínez y Antonio Caló (y de sus ex socios Pedraza o Moyano), es la izquierda y el sindicalismo combativo quienes pelearon contra la precarización, incluso derrotándola, como en Subte, Pepsico, en el Ferrocarril Roca y otros lugares donde tiene peso.

Una burla a los más explotados

El proyecto dice que hay un 33,5% de trabajadores en condiciones informales, en negro. Si en dos años regularizarían al 16% les llevaría otra “década ganada” normalizar al restante 84% de los trabajadores, una insólita ecuación que en momentos de crisis, ajustes, devaluación, tarifazos, sería como esperar hasta el próximo eclipse lunar.

Lo que sí haría rápidamente el proyecto es brindar jugosos beneficios a los empleadores que cumplan con los requisitos de normalizar la situación de sus trabajadores. Según reconoce el gobierno “serán destinados en principio $4.150 millones en beneficios para los empleadores”. Cristina repite la lógica neoliberal del “derrame”: los empresarios beneficiados con las cargas patronales, beneficiarían a sus trabajadores. Incluso, la propia ley podría terminar promoviendo la precarización y el fraude laboral dado que las empresas pueden aprovechar los descuentos para contratar personal a tiempo parcial o fragmentar el personal de grandes empresas en algunas más pequeñas que tercericen actividades y puedan acceder a los beneficios del menor aporte.

Viene demostrándose que quienes dicen ser representantes sindicales, solo están por llevar adelante proyectos patronales, son los principales garantes de sostener la precariedad laboral, la flexibilización, los contratos basura, la no defensa de los contratados, tercerizados, dejándolos en manos de la manipulación empresarial.
Ante esta realidad la salida para terminar con el trabajo en negro, la precarización laboral, está en manos de los propios trabajadores, organizándose en agrupaciones clasistas que peleen por el pase a planta de todos los tercerizados, contratados, junto a los efectivos como una defensa general de la clase trabajadora. Desde el PTS, junto a los compañeros del Encuentro Sindical Combativo y el Frente de Izquierda, seguiremos levantando la bandera de lucha por la abolición del trabajo precario y por hacer realidad el pase a planta permanente, 40 horas semanales de trabajo, por un salario igual al costo de la canasta familiar.

Es de vital urgencia recuperar las comisiones internas y los sindicatos para concretar estos derechos de la clase trabajadora.