El silencio no estuvo asociado a ninguna indiferencia. Néstor Kirchner rehuyó pronunciar una sola palabra sobre la violencia de la caterva que acongojó al país con el ataque a la Legislatura porteña. Pero hizo una revisión interior, apartado de la escena pública, que lo habría inducido a dar otro sesgo a su política para enfrentar los recurrentes desórdenes sociales.
Las primeras imágenes de aquel giro ya estuvieron en la calle: en más de un año de gestión, el Gobierno nunca había montado un operativo policial como el que se observó el jueves. La Ciudad fue de nuevo un hervidero por las protestas piqueteras, pero no prevaleció esta vez ni el descontrol ni las grescas. El Estado ocupó un espacio, asumió una responsabilidad y nadie se atrevió a desafiarlo.
Las cabezas de las primeras víctimas también rodaron en la arena. El ministro Gustavo Beliz abandonó sin oponer resistencia su cargo anoche. Se llevó del brazo a su secretario de Seguridad, Norberto Quantin. El comisario Eduardo Prados había sido echado antes por negarse a cumplir una orden presidencial.
Detrás de ese decorado había empezado a emerger la larva de una crisis inflada por diversas razones: la mora del Gobierno para mensurar la envergadura del persistente conflicto callejero; el fomento de ciertas intrigas palaciegas (Beliz contra la SIDE); la manera desmañada cómo el Presidente encaró la corrección.
Entre el Presidente y el ministro de Justicia se venían sucediendo los desencuentros. Los dos no tuvieron la misma mirada sobre las razones y las consecuencias de aquel viernes violento. Beliz consideró, además, injusta la ofensiva del poder sobre Quantin. Su situación estuvo indefinida hasta última hora: pero sus opiniones críticas sobre el papel de la SIDE fueron el acicate final para su despido.
Tanto fue así que el Presidente resolvió el nombre de su reemplazante en el viaje de vuelta de Venezuela. Allí tuvo un intercambio con Rafael Bielsa y del diálogo surgió la figura de Horacio Rosatti, el actual procurador del Tesoro.
Para el área de Seguridad, Kirchner optó por pisar en suelo firme. Alberto Iribarne ya cumplió similares tareas cuando Juan José Alvarez fue ministro de Eduardo Duhalde.
Ciertos argumentos políticos también pudieron haber pesado en cada uno de los casos. Rosatti fue funcionario de la primera administración de Carlos Reutemann en Santa Fe. Iribarne, que alguna vez pasó por las filas de Domingo Cavallo, es un hombre que entra y sale, como si fuera su casa, de cada oficina duhaldista.
Kirchner hizo, días pasados, una evaluación de las aptitudes e incompetencias de su gobierno para enfrentar el conflicto social y, sobre todo, los núcleos que quieren instalar su furia en la calle. El balance lo dejó insatisfecho por dos razones: olfatea que la sociedad —al menos la porteña—, puede colocar en duda su capacidad para el ejercicio del poder de que hizo gala hasta ahora; concluyó que algunas indicaciones suyas no habían sido cabalmente comprendidas o, en su defecto, mal ejecutadas.
¿Cuáles? Hay un capítulo con un punto de partida: el miércoles 14, dos días antes del desastre en la Legislatura, Kirchner mantuvo una larga reunión con Beliz y con el número dos de la SIDE, Francisco Larcher, hombre de raíz presidencial.
En aquel cónclave se convino poner en marcha un plan preventivo frente a las protestas callejeras, que impidan que se repitan episodios como la ocupación de los locales de McDonald"s o la agresión a Repsol-YPF. Kirchner tomó conciencia del daño externo que esos incidentes hicieron a su gobierno. Cuarenta y ocho horas después estalló la locura en la Legislatura porteña.
¿Incumplimiento? ¿Imprevisión? Hubo una mezcla de esas cosas y de otras: no se adoptó ningún recaudo porque el Gobierno ignoraba que podía desatarse un escándalo de semejante magnitud. Allí se cruzan los reproches con Aníbal Ibarra y también la incapacidad de la SIDE, que alertó sólo de manera burocrática la existencia de una manifestación en la Legislatura.
Pero quedó instalada además otra sensación. A las directivas presidenciales les habrían faltado convicción y justeza.
Prados y Quantin quisieron enviar un lote de agentes para repeler a los vándalos cuando los incidentes arreciaban a metros de Plaza de Mayo. El Presidente los desautorizó desde el sur: "Así le van a regalar el muerto que están buscando", vociferó.
Sobre esos desacoples ocurridos ya no cabe remedio. El Presidente ambiciona enviar señales previsibles a una sociedad crispada y la certeza de que no todo seguirá igual. Vale para la gobernabilidad pero, además, para ir preparando a futuro, sobre todo en Capital, un terreno electoral más propicio que el que se vislumbra hoy.
El Gobierno es dueño de una constancia: el consenso sobre la figura presidencial continúa elevado en el orden nacional, pero se detecta una considerable brecha entre el optimismo que reina en el interior y el desencanto que empieza a ganar a sectores de la sociedad porteña.
Eso explica, a lo mejor, la obsesión de Kirchner por los movimientos callejeros. El miércoles salió eyectado de su sillón cuando un puñado de ahorristas manifestó con barullo delante de una de las ventanas de su despacho que miran a la Plaza Colón.
Lo acordado con sus funcionarios y la Policía era que esa gente no pasaría las vallas apostadas sobre la avenida Rivadavia. Pero sin escaramuzas lograron burlarlas. Hubo, por eso, un reto suave del Presidente a Beliz y una citación para Prados, el entonces jefe policial.
No es común tampoco que un Presidente diseñe como lo hizo el jueves, con pelos y señales, un dispositivo policial con las pretensiones de experto. Kirchner se jacta de haberlo realizado varias veces cuando era gobernador de Santa Cruz y debió enfrentar reclamos nada sencillos de petroleros y mineros: pero aquélla fue una experiencia minúscula, difícil de ser traspolada al escenario grande.
El espectáculo de la calle no mutará de un día para el otro y la política de disuasión, inevitable y correcta, arrima objetivamente un poco más al Gobierno a la posibilidad de algún embrollo fatal. Se sabe que cualquier provocación, de las que abundan, podría tener una derivación desgraciada: Raúl Castells, el líder de los piqueteros iracundos, anda de toma en toma, con afán recaudador, de un Casino a un hospital. Su caricaturesca mujer, Nina, desenrrolló sin mosquearse, a viva voz, la hipótesis de una guerra civil.
Tampoco toda la solución radica en reclutar espías o policías. La política juega un papel preponderante: el Gobierno requiere de socios y amigos para darle soporte a su insinuado cambio de actitud. También de tolerancia y disposición para acercarlos, que exhibió con mezquindad durante demasiado tiempo.
De hecho, Kirchner trató con llamativa cortesía a Ibarra luego de que el jefe del Gobierno porteño marcó distancias públicas con la Casa Rosada por la inacción policial ante la Legislatura. Es una costumbre también que integre a cada comitiva suya al exterior un hombre del radicalismo: en la gira a Bolivia y Venezuela le tocó el turno a Mario Losada, jefe de los senadores. Ni una munición ha disparado los últimos días hacia las comarcas duhaldistas: allí también ondea una bandera blanca.
Pero el dato saliente del acercamiento presidencial a la realidad fue la bendición a la CGT unificada. Ese gesto sirvió de respiro para el PJ tradicional pero le otorga, a la vez, a Kirchner una herramienta para intentar ordenar el conflicto social que está en la calle, y el laboral que se avecina.
Esos viejos sindicalistas tienen sus historias y sus mañas: la semana pasada, entre tantos sinsabores, el Gobierno debió mirar cómo el gremio camionero del jefe cegetista, Hugo Moyano, dirimía su interna enloqueciendo también las calles porteñas.
Las imágenes de alboroto incesante no son un buen mensaje para el exterior. El Gobierno se indigna porque sostiene, con razón, que la violencia y los desórdenes no son un virus que haya contaminado todo el país: pero el mundo suele comunicarse, en general, a través de las peores cosas, sobre todo si éstas tienen de telón una gran urbe.
Alrededor de ese dilema Kirchner conversó con Roberto Lavagna. El ministro advirtió en público que la revulsión social podría afectar las decisiones económicas y sociales. Varios hombres del poder se enojaron con él, menos el Presidente.
El FMI ha hecho la evaluación de las metas trimestrales de la Argentina: el saldo parece aceptable después de un oficio del premier de España, José Luis Rodríguez Zapatero, que habló con el titular del organismo, el también español Rodrigo de Rato. Pero la aprobación depende de la voluntad política del Grupo de los Siete: los embajadores de esos países consultan todos los días sobre las erupciones políticas en la Argentina. "Esperemos", es la consigna que se repite en Washington.
Entre aquéllas también se filtran episodios de la crónica policial: el crimen contra un empleado de una empresa eléctrica que fue a cortar la luz a un barrio pobre o el apedreo contra otros por idéntico motivo.
Pero la paciencia debe tener un límite. Kirchner ha empezado a dar un giro en su gobierno, cuya parábola final se desconoce: todavía está en el aire.