Hace más de 12 años trabajo como operadora social con los chicos de la villa 21 y Zabaleta, lo que pasó con Kevin no es un hecho nuevo. Pero esta vez salió a la luz una realidad cotidiana que vive la población de la villa y los chicos en particular. Con la militarización por el Operativo Centinela, del gobierno nacional, hubo una realidad que cambió para las miles de familias que viven allí. Con la excusa de combatir la “inseguridad” las fuerzas represivas llevan adelante, impunemente, una política brutalmente represiva sobre las miles de familias que viven en terribles condiciones. Allanamientos violentos en las casas, golpizas y maltratos a los jóvenes adolescentes, son una realidad cotidiana en las noches, pero también a plena luz del día. 

Desde el CeProDH y el PTS nos solidarizamos con su familia y con los compañeros de la revista Garganta Poderosa, que salieron a denunciar la muerte de Kevin.

La noticia provoca una enorme tristeza, pero también un profundo sentimiento de indignación y de odio contra los gobiernos y sus fuerzas de seguridad con las que saturaron las villas y barrios humildes. El gobierno no habla de este crimen porque éste cuestiona su política de militarización en las villas para controlar a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, aquellos a los que esta “década ganada” no les ha dado nada, más que profundizar las terribles condiciones de vida y negarles toda esperanza. 

En estos días, a pocas cuadras del lugar, Cristina inauguró la Casa de la Cultura Villa 21 que funcionará como nueva sede de la Secretaría de Cultura de la Nación. Inaugura un centro cultural como política de campaña sin hacer una sola mención de este terrible crimen. 

El asesinato de Kevin es responsabilidad de la prefectura, presente en el momento que se efectuaba el enfrentamiento que termino con la vida de un nene de 9 años.
Como denuncian los compañeros, la política de “zona liberada” como ocurrió con el asesinato de Mariano Ferreyra, es claramente la connivencia, complicidad para los grandes negocios, como el narcotráfico que sólo pueden existir dirigidos por estas mismas fuerzas y los políticos cómplices. 

Como parte del operativo centinela del gobierno nacional, en una clara política de criminalización de la pobreza, con el apoyo de la Metropolitana de Macri han saturado las distintas villas de capital, como Zabaleta y villa 21 con todas las fuerzas represivas.

En villa 21, donde el 25% de los chicos menores de 6 años tiene plomo en sangre por la contaminación del riachuelo, el gobierno de la ciudad ha recortado presupuesto para paliar este profundo problema. Mientras se destinan miles de pesos para instalar estas fuerzas.

Como si fuera un territorio en guerra, a partir de esta política, están presentes cientos de efectivos de todas las fuerzas de “seguridad”, con un discurso reaccionario, demonizando a los pobres, a la juventud que vive allí y a los inmigrantes. Una política que busca ganar base social en sectores acomodados y de clase media, mostrando a estos sectores como sus enemigos.

El verdadero objetivo de la clase dominante con esta política es asegurarse los grandes el control de los multimillonarios negocios provenientes de los grandes delitos, repartiéndoselos cada una de estas fuerzas, como el narcotráfico, los desarmaderos de autos, la trata de personas, el ocultamiento de los talleres clandestinos donde trabajan la mayoría de los habitantes de las villas. 

Por eso denunciamos, el asesinato de Kevin es responsabilidad de estas fuerzas dirigidas por estos gobiernos.

La verdadera inseguridad para el pueblo trabajador y pobre son estas fuerzas represivas y sus crímenes más atroces en función de defender sus negocios. Kevin es la muestra contundente de esto. Por justicia por él, seguiremos exigiendo la desmilitarización inmediata de las villas y los barrios obreros, que esos millones de pesos destinados a la represión y el control social sean puestos para combatir la pobreza, invirtiendo en educación , en salud, recreación , en un plan habitacional digno y en terminar con la precarización laboral.

Expresamos nuestra solidaridad y repudiamos el allanamiento del que fueron víctimas los compañeros de Garganta Profunda para acallar su denuncia, por la Gendarmería Nacional. Exigimos el procesamiento de los responsables políticos del gobierno nacional que dieron esta órden y los responsables de gendarmería.