El Gobierno analiza sacar un decreto de necesidad y urgencia modificando la representación de empresarios y sindicalistas en el Consejo del Salario Mínimo. 
La decisión se tomaría el próximo lunes, si antes la CGT no acepta que la CTA forme parte de la representación sindical. Y si las entidades empresarias no acuerdan que, entre otras, la AEA (Asociación de Entidades Empresarias) y la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN), que nuclea a pymes, integren la delegación patronal.
Por la ley de diciembre de 1991, que creó el Consejo del Salario Mínimo ese organismo está compuesto de 16 representantes de los empleadores, de los cuales, y "por su rol de empleador", dos deben ser del Estado y otros dos de las provincias. Y otros 16 integrantes son nombrados "a propuesta de la central de trabajadores con personería gremial". Esa representación está en manos de la CGT, ya que la CTA está reconocida como entidad inscripta pero no tiene "personería gremial". 
El Gobierno quiere que la CGT admita la presencia de la CTA en el Consejo. Pero la CGT se opone porque la ley le reserva todos los puestos y solo admitiría que dirigentes de sindicatos con personería gremial adheridos a la CTA integren la representación de la CGT. 
La CTA no quiere saber nada de sentarse en el Consejo como parte de la CGT y sólo lo integrará, adelantaron a Clarín voceros de la CTA, si concurre con una delegación propia. "Preferimos no integrar el Consejo a diluirnos dentro de la CGT".
Por el lado del sector privado empresario, "hay más entidades que sillas". Y el Gobierno además quiere que las nuevas entidades que se formaron después de 1991 estén representadas en el Consejo, como la AEA, CEEN y la línea interna de la UIA, el Grupo Industriales. 
Al anunciar la convocatoria al Consejo, el ministro Roberto Lavagna dijo que el Gobierno invitaría a 4 industriales (2 por la UIA y 2 por el Grupo Industriales), 4 por el campo, 3 por el comercio y servicios, 2 por las asociaciones de bancos y uno por la Bolsa. Y además invitarían a la AEA y a la CEEN. Con esa lista, la delegación empresaria superaría los 12 puestos reservados al sector privado.
Como el Consejo fue convocado para el próximo jueves 26, en el Gobierno fijaron hasta el lunes el plazo para que sindicalistas y empresarios acuerden la representación de cada parte. Y si no se alcanza un acuerdo saldrá un decreto de necesidad y urgencia, modificando la ley de 1991.
El argumento del Gobierno es que después de 1991 hubo un cambio en las representaciones gremiales y que corresponde actualizar las delegaciones a la nueva realidad. Y si no se logra por acuerdo, lo haría por un decreto.
El problema es que la CGT o cualquier entidad empresaria podría presentar un recurso de amparo en la Justicia impugnando la modificación de una ley por decreto. Y si la Justicia hace lugar se podría paralizar el proceso de convocatoria del Consejo.