En Bolivia, se llegó al 1ro de mayo con una intensa oleada de movilizaciones y huelgas de la central obrera (COB) y cuya columna vertebral se encuentra en el paro de más de un mes del sector salud. En este marco se da el intento del gobierno del MAS de reposicionarse frente a los sectores populares con la reversión al Estado de la empresa Transportadora de electricidad que se encontraba en manos de capitales españoles.

La oleada huelguística que enfrenta a Morales con los sindicatos de la salud pública a la que se sumó la COB por la exigencia de un salario igual a la canasta familiar y el inicio de la IX marcha del TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Secure), fueron los hechos relevantes que condicionaron y empujaron a algunas de las medidas tomadas por el gobierno del MAS este 1ro de mayo.

En su intento de evitar una movilización que repitiera los enfrentamientos con la policía que se sucedieron a lo largo de la semana pasada, el gobierno declaró feriado nacional desde el lunes 30 de abril, así como aprobó por decreto el aumento salarial que venía ofreciendo en las mesas de diálogo con la COB y que esta central ha rechazado. El resultado fue que la movilización del 1ro de mayo tuviera un carácter parcial y que por la acción de la burocracia sindical, que no preparó un acto oficial y tampoco tuvo la política de organizar a los trabajadores para la pelea planteada, la marcha tuviera un aspecto rutinario. Mientras días previos la seguidilla de movilizaciones y choques entre estudiantes y trabajadores con la policía hacían preveer un 1ro de mayo de combate y masivo, la acción combinada del gobierno y la política oficial de la burocracia (que no convocó un acto oficial), lograron generar un día relativamente pacífico y anormal en medio de una escalada huelguística que empieza a ser retomada el día 2 de mayo con bloqueos de caminos y una política de aumento en la represión por parte del gobierno en diversos puntos del país.

La “estatización” de la Transportadora de electricidad

Acostumbrados a un folclórico despliegue mediático con las fuerzas armadas ocupando los predios de la empresa Transportadora de electricidad, de propiedad de la Red Eléctrica Española, que controlaba el 73% de la distribución de energía eléctrica en el país, el gobierno de Evo intenta reposicionarse y relegitimarse luego de los feroces ataques a los trabajadores como en salud o a los indígenas de tierras bajas a quienes se ha pisoteado su derecho a la autodeterminación con la ley 222.

Horas antes de la tan mentada “nacionalización” que pagará un “precio justo” –recomendación de Morales en su discurso al nuevo gerente (Pagina 7, 2/05)- por las acciones de la empresa, Evo jugó un partido de fútbol con nada menos que el presidente de la REPSOL española Antonio Brufau quien estuvo acompañado de miembros de la British Gas y Panamerican en la inauguración de la ampliación de una planta para la exportación de gas a Argentina. En este acto tan nacional y popular, Evo Morales afirmó que “Reconozco y reconocemos el liderazgo de Repsol, una de las empresas más grandes de todo el mundo, y su inversión siempre será respetada como socio. Bolivia todavía necesita inversión, necesita socios” (Periódico gubernamental Cambio, 02/05). Estas gentiles palabras fueron respondidas por el representante del imperialismo español, Brufau mencionando “Hoy estamos demostrando con hechos la relación que hemos consolidado con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y el Estado boliviano, al cual consideramos nuestro socio estratégico, lo vemos en nuestra participación en YPFB Andina” (Cambio, 02/05). Es decir, en realidad estamos ante una medida de carácter táctico en función de intentar combatir las huelgas obreras en curso apoyándose en el hecho de que la trasnacional española de electricidad no cumplió los parámetros de inversión exigidos por los neoliberales en el momento de su privatización en el año 1997. Llama sobradamente la atención que mientras el estado nacional invertía casi 200 millones de dólares en ampliación de la red de distribución eléctrica, la privatizada Transportadora de Electricidad, solo lo hacia en la modesta cifra de 5 millones de dólares anuales, durante los 6 años de gobierno de Evo.

Por una política obrera independiente y genuinamente antimperialista

Las eventuales protestas de Madrid que pueda provocar esta “estatización” por presión de los accionistas o como mecanismo de contención ante la posibilidad de que nuevas y más empresas puedan ser estatizadas en el continente, deben ser categóricamente rechazadas. Sin embargo los socialistas revolucionarios de la LOR-CI no podemos embellecer este acuerdo de caballeros llevado adelante por Morales y su gobierno con las trasnacionales españolas. El pliego y el plan de lucha de la COB debe incluir la exigencia de la nacionalización sin pago de todas estas trasnacionales para avanzar en forma soberana hacia el control de todos los recursos naturales y las empresas. Las mismas deben pasar a manos y administración de los mismos trabajadores, los únicos interesados en que las mismas funcionen al servicio de las grandes mayorías nacionales. El gobierno de Evo Morales pese a los intentos de reacomodarse frente a su creciente desgaste, con un discurso nacionalista, muestra que su rumbo antiobrero y antiindígena no va a sufrir modificaciones. Asimismo, mencionamos que esta nacionalización no resuelve en nada los problemas energéticos del país que se halla en una situación de cada vez más amplia brecha entre la producción y el consumo.
Hay que luchar para imponerle a la COB una cumbre obrera, campesina, indígena y popular, que sobre la base de delegados de asambleas en los lugares de trabajo sea capaz de elaborar un pliego único de demandas, unir a los que luchan y escalonar el conflicto hasta vencer. Solo la lucha obrera y popular podrá imponer genuinas nacionalizaciones sin indemnización dando pasos reales en la expulsión del imperialismo.