En noviembre de 2011 un grupo de personalidades y organismos de Derechos Humanos encabezado por el CeProDH, patrocinando a los obreros y obreras de Kraft y PepsiCo, presentó una denuncia contra la Gendarmería Nacional por haber comprobado que esta fuerza realizó inteligencia y espionaje sobre activistas y militantes de organizaciones gremiales, estudiantiles, políticas y de Derechos Humanos.

Como resultado de esas tareas (prohibidas por las propias leyes reaccionarias de inteligencia) esta fuerza represiva recogió y aportó las “pruebas” con las que se terminó procesando penalmente a dirigentes y militantes obreros, estudiantiles y de la izquierda.

Tras un pedido judicial motivado por esta denuncia, el propio jefe de la Gendarmería, comandante Héctor Schenone, reconoció por escrito que la fuerza a su cargo sostiene el denominado “Proyecto X”, una base de datos personales de dirigentes sindicales y políticos elaborada principalmente a través de la infiltración ilegal de personal civil en manifestaciones, asambleas y otras actividades. Schenone responde directamente a las órdenes de la ministra Nilda Garré.

Que el jefe de una de las máximas fuerzas de seguridad del país -la “perla” uniformada de CFK- admita la existencia de estas prácticas, lejos de mostrar una “irregularidad” o “anomalía” en el funcionamiento del aparato represivo del Estado burgués deja al descubierto que desde las propias entrañas del poder estatal se investiga y persigue a quienes se organizan para luchar por sus derechos económicos, gremiales y políticos. En estos casi nueve años el kirchnerismo tuvo como norte volver a esta “normalidad” después de las jornadas revolucionarias de diciembre de 2001.

Los obreros y obreras de PepsiCo y Kraft desenmascaran el espionaje realizado sobre ellos durante 2009 y 2010. Pero desde 1983 a la fecha esos “centros de reunión de información” (así los denomina la Gendarmería) son herramientas fundamentales del aparato represivo de esta democracia para ricos que se parecen a los utilizados por este mismo Estado durante la dictadura genocida.

En Argentina hay más de 5.000 luchadores obreros y populares procesados. Muchos de ellos son trabajadores que, como los de Kraft y PepsiCo, soportan procesos y hasta embargos de centenares de miles de pesos por haber salido a defender a sus compañeros, enfrentar despidos y luchar por demandas elementales contra la dictadura patronal en fábricas y empresas y contra sus sirvientes millonarios, los burócratas sindicales. El denominado “Proyecto X” demuestra que es el mismo Estado quien arma causas apelando a prácticas que están por fuera incluso de la propia legalidad burguesa.

No es posible sostener ni un minuto más los procesamientos que pesan sobre los compañeros y compañeras de Kraft y PepsiCo. Esas causas deben caer de inmediato al comprobarse que se armaron en base a inteligencia y espionaje ilegal.

El gobierno debe hacer pública toda la base de datos del denominado “Proyecto X”, entregándole la información recopilada a cada una de las víctimas de esta flagrante violación a las libertades democráticas.

Los organismos de derechos humanos, las organizaciones obreras, los partidos de izquierda y todo quien se reivindique democrático debemos impulsar una gran campaña para terminar con el espionaje y la infiltración contra quienes luchan por las causas de los explotados y oprimidos, hasta lograr la destrucción de la base de datos del denominado “Proyecto X” y otras similares que posean otras fuerzas estatales o paraestatales.

El próximo 24 de marzo, en un nuevo aniversario del golpe genocida, debemos volcar esta campaña en las calles junto a la exigencia de la inmediata anulación de la Ley Antiterrorista, la anulación de las causas o condenas de todos los luchadores obreros y populares, el cese de la represión a quienes luchamos contra los explotadores y sus fuerzas represivas, la libertad de los presos por luchar como Carlos Olivera, y la disolución de todos los organismos de inteligencia sobre las organizaciones de lucha y la izquierda.

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