Ha pasado un año desde el terremoto y los tsunamis que azotaron al pueblo trabajador de Chile, centralmente en las regiones del Bíobio y El Maule. Las casas de los ricos quedaron intactas. Los empresarios e incluso algunas organizaciones de “asistencia social”, aprovecharon la situación para hacer negocios. Por ejemplo las grandes cadenas que comercializan productos destinados a la construcción, como Homecenter, Easy o Construmart. El gobierno de Sebastián Piñera había acordado el año pasado que para el Estado, estas empresas monopólicas, fuesen las únicas abastecedoras de insumos necesarios para la reconstrucción.

Otro ejemplo lo vimos también cuando organizaciones como “Un Techo para Cristo” cobraron más caro por mediaguas miserables. Si el costo no supera los $460.000 (920 dólares), el gobierno no tuvo trabas al pagar alrededor de $820.000 (1.640 dólares) por muchas de estas “viviendas” hechas de madera y en las que el frío, durante el invierno, enfermó a niños y ancianos. Los hospitales y los colegios públicos y las casas de los trabajadores y pobres siguen en ruinas. Es el caso del hospital regional de Concepción. Hay en el país 105 campamentos nuevos luego del terremoto. En ellos no hay agua potable y hay baños compartidos. Una vida muy semejante a la de campos de concentración.

El gobierno se llena la boca inaugurando “canchas de tierra”, como hizo en la población El Molino, a 4 km. de Dichato. Algunos pobladores denunciaron, correctamente, que si la reaccionaria intendenta Van Risselberghe le daba tanto “bombo” a la inauguración de una cancha de tierra, era porque en realidad no había mucho por mostrar. Y es que hay –según cifras oficiales- a un año del terremoto, medio millón más de pobres. 370.000 familias damnificadas. De las 220.000 viviendas destruidas o con daños severos, según el gobierno se están reconstruyendo 50.000 viviendas, y hay 135.000 subsidios asignados. La ministra de vivienda, en un gesto de prepotencia patronal, planteó que de las 370.000 familias damnificadas, 150.000 familias son pudientes y no necesitan ayuda… ¿Acaso esas familias se han quedado en los campamentos por “gusto”? ¿Si son pudientes, por qué no se fueron?

El gobierno tiene claro que la miseria en la zona 0 del terremoto puede hacer que fermente el descontento social y que empiecen luchas en su contra. Ya ha quedado desprestigiado con la reciente crisis de Magallanes (ver LVO 410). La Concertación también lo sabe, y por eso actúa como una falsa amiga del pueblo, organizando actos paralelos en las regiones afectadas e intentando ligarse a los damnificados, como hace la Democracia Cristiana con los “comités por la reconstrucción”. Pero ¿no fueron ellos los que fomentaron la “unidad nacional” durante todo el año pasado, subordinándose al gobierno? ¿No fue la Concertación la que impulsó el toque de queda con milicos en las calles? ¿No fue la que preservó durante décadas las desigualdades sociales que son las que explican en última instancia porque cayeron las casas, colegios y hospitales del pueblo trabajador y no las casas y palacios de los empresarios?

Luego del terremoto ni los dirigentes oficiales de la CUT ni los del PC buscaron impulsar la iniciativa de trabajadores y pobres en pos de la reconstrucción. El PC incluso se quejaba por la demora en la presencia militar en el sur, y decía que los milicos debían actuar democráticamente y no reprimir, es decir, le pedía peras al olmo. El PTR-Clase contra Clase, llamó a impulsar la Ayuda Obrera y Popular, a organizar delegaciones desde los sindicatos, organizaciones estudiantiles, poblacionales y mapuche, para llevar víveres, asistencia médica, etc. Planteó como bandera de lucha ¡Fuera los milicos de las calles! Llamó a subirles los impuestos a las empresas y a expropiar el cobre, a requisar recursos de las empresas de la construcción, para organizar la ayuda y la reconstrucción en base al control de los propios trabajadores y pobres.

Hoy, cuando la miseria continúa, no hay que depositar un gramo de confianza en la Concertación y mucho menos en la derecha. Hay que luchar por un plan de reconstrucción bajo control de los trabajadores y pobladores, requisar los recursos de las empresas de la construcción, y obtener financiamiento en base a impuestos progresivos a las grandes fortunas. También es necesario comenzar a organizar la movilización de trabajadores y pobres, siguiendo el ejemplo de Magallanes. Para dar todas estas peleas hay que desplazar a los dirigentes del “dialogo social” – de la Concertación y el PC- que tanto ayudaron a mantener la “paz” el año pasado.

27 de febrero de 2011