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Partido de los Trabajadores Socialistas
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TORTURAS, ASESINATOS Y DESAPARICIONES
La policía es la inseguridad
Por: Daniel Satur

03 Mar 2011 |

El 23 de noviembre del año pasado un camión blindado del Banco Provincia y su custodia policial fue acribillado a balazos en la Panamericana a la altura de Escobar. Dos de los organizadores de ese asalto acaban de ser detenidos. Son agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que incluso pertenecen a la misma dependencia donde cumplían funciones los dos oficiales asesinados en el hecho.

El jueves 3 de febrero, en un basural de José León Suárez, agentes de la Bonaerense acribillaron a balazos a Franco Almirón y Mauricio Ramos, dos pibes que iban a “cirujear” a los terrenos del CEAMSE para combatir el hambre familiar. Apenas ocurrido el crimen, la Bonaerense, con el ministro Ricardo Casal a la cabeza y un operativo mediático cómplice, vilmente trataron de justificarse inventando que los pibes habían participado de un supuesto saqueo a un tren descarrilado.

En la madrugada del último martes, en Rafael Castillo (La Matanza), un joven trabajador de 19 años fue rematado de dos balazos en la espalda, en plena calle, por una banda que quiso robarle el celular. Con bronca e indignación, familiares y amigos de Daniel Sánchez coinciden en que la misma policía es la que fomenta el accionar de esas bandas, y que por eso mismo no dudó en reprimir con gases y balas de goma a los jóvenes que se manifestaban en la calle repudiando el asesinato.

Estos hechos recientes son parte de una inabarcable lista de torturas, asesinatos y hasta desapariciones perpetrados por agentes de la Policía Federal, de las provinciales, de Gendarmería y Prefectura, que se suman a las muertes producidas en las cárceles a manos de personal de los servicios penitenciarios. A su vez gran parte de estos casos son encubiertos por funcionarios, jueces y fiscales, llegando a inventarse directamente causas que involucran a personas ajenas a los hechos que pueden llegar a ser condenados a muchos años de cárcel (1).

Paradójicos “derechos humanos”

Los datos registrados por la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) muestran a las claras que la población trabajadora vive bajo una verdadera “amenaza permanente” frente a las fuerzas represivas. Al calor del debate sobre la “inseguridad” de los últimos años, esa amenaza se fue haciendo más contundente. Y los crímenes se multiplican. Desde el fin de la dictadura a la actualidad, según los datos (siempre limitados) registrados por CORREPI, las fuerzas represivas asesinaron a más de 3.150 personas. Del informe que publicó esta organización a fines de 2010 se desprende que “1.633 fueron muertas bajo la administración del gobierno de los Kirchner” (2).

Desde la época del falso ingeniero Blumberg, allá por 2004, hasta hoy se avanzó en políticas cada vez más represivas. A nivel “legal” el Estado promulgó leyes y realizó reformas administrativas, haciendo que cada vez más personas (sobre todo pobres y jóvenes) ingresen al sistema penal y pasen años encerrados sin siquiera tener una condena. A nivel “ilegal”, las fuerzas represivas del Estado fueron adquiriendo cada vez más infraestructura e impunidad para administrar todo tipo de “negocios” (prostitución, juego, trata de personas, robo de autos, narcotráfico) y amedrentar abiertamente a las barriadas de la Capital, el Conurbano y las grandes ciudades del interior.

Mientras el oficialismo (con su interna de “seguridad democrática” vs. “mano dura”) y la oposición patronal discuten cínicamente cuánto mayor o menor poder darle a la policía, si la edad de imputabilidad debe ser 16 o 14 años o si a los barrios los custodian mejor los “ratis” o los gendarmes, lo cierto es que la represión al pueblo pobre, el gatillo fácil, los asesinatos impunes y las desapariciones son parte de la cotidianeidad de millones de trabajadores y trabajadoras.

Es todo lo que pueden ofrecer

Tanto en hechos de clara motivación política como en conflictos sociales, las intervenciones de estas bandas armadas del Estado tiene el denominador común de la represión a los explotados y oprimidos y la impunidad para sus asesinos. En la desaparición de Julio López, en la de Luciano Arruga, en el asesinato de Mariano Ferreyra, en la letal represión en el Parque Indoamericano o en la persecución a los pobladores Qom de Formosa, entre miles de ejemplos más, la Federal, la Bonaerense, el resto de las policías y fuerzas federales aparecieron para aterrorizar y fusilar a personas indefensas. También lo hicieron y seguirán haciendo (a veces con mayor brutalidad y otras cautelosamente) para reprimir movilizaciones, piquetes, huelgas o tomas de fábricas. Y no sólo porque está en su esencia hacerlo, sino porque a lo largo de estos años de gobierno “de los derechos humanos” se les han dado todas las herramientas y garantías para realizar sus “tareas” con mayor profundidad y contundencia.

Como denuncian los docentes de la Corriente Nacional 9 de Abril, frente a la nueva iniciativa de Scioli de meter un policía en cada escuela bonaerense para “prevenir” el delito, lo que se busca cada vez más es “criminalizar a las víctimas (...) Reprimir, encerrar y matar es la única salida que parece ofrecer el gobierno de Cristina y Scioli y que avala la oposición patronal de Duhalde, Macri, Alfonsín y Carrió para el sector más vulnerable de la sociedad”. Y a su vez “lo que se oculta con la discusión “menores-delito” es que detrás de las grandes actividades delictivas (...) está involucrada la propia policía” (2).

Por eso, mientras esas instituciones represivas sigan siendo las encargadas de “custodiar” los barrios, “controlar” a la población y “administrar” la represión lo que se puede esperar es más gatillo fácil, más tortura y más muertes inocentes.

 

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