NEUQUEN.- La embajada de Italia en nuestro país resolvió interceder directamente en el conflicto desatado en torno a la fábrica de cerámica Zanon, ocupada hace tres meses por los empleados y sujeta a un concurso preventivo. Además de haber hecho gestiones ante el Canciller Carlos Ruckauf, desde la representación diplomática se envió una nota el juez en lo Comercial, Germán Paez Castañeda. Debido a que los asesores legales del sindicato de ceramistas detectaron la existencia de ese escrito, se organizó para hoy un «escrache» a la sede de la embajada, la que estará protagonizada por diputados de izquierda y algunos cuadros del gremio, enrolados varios de ellos en el PTS.
La comunicación oficial tuvo como fin advertir al juez que de las demoras en la resolución del conflicto no solo representan «una inexplicable inseguridad jurídica», sino que además «comprometen el accionar del resto de las considerables inversiones de origen italiano que se han realizado en este país», según el texto firmado por Pierluigi Velardi, primer consejero económico y comercial de la embajada, y que se incorporó con el folio N°1853 en el expediente.
En el largo conflicto, lo que una de las partes define como «ocupación» de la planta fabril (que llegó a ocupar a 330 personas), tres instancias judiciales de la provincia de Neuquén avalaron el criterio de que los empleados en realidad practican «una autotutela de sus fuentes de trabajo». Es que está firme un fallo del Tribunal Superior de Justicia (no apelado ante la Corte Suprema), donde se declara la existencia de un lock out patronal ofensivo, lo que implica acusar a Zanon de intentar reducir puestos de trabajo optando por un cierre compulsivo de la fábrica.
La última semana la situación se ha vuelto a tensar, porque los síndicos designados para acompañar el proceso de la convocatoria, en la que los acreedores reclaman unos 70 millones de dólares, solicitaron a un juez neuquino que se disponga a usar la fuerza pública para garantizarles el ingreso a la planta para tomar el control.
En la actualidad más de 280 obreros mantienen en actividad el establecimiento, logrando poner en marcha varios hornos. El secretario general del sindicato, Raúl Godoy, ha manifestado que en caso de ordenarse un desalojo por la fuerza «acá va a haber muertos». El dirigente debe comparecer hoy en el juzgado nacional en lo comercial N°18, secretaría N°35, porque el magistrado quiere saber que se hizo con el stock de cerámicos de la empresa. Un fallo provincial dispuso incautar el 40 por ciento de lo acumulado en los playones de la fábrica para cancelar salarios atrasados.
En la embajada opinan que «disponen de la venta ilegal de materiales pertenecientes a la empresa en cuestión».
Un nuevo factor de presión se sumó en las últimas horas, el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) exige el pago de una deuda de 100 mil pesos, generada durante la ocupación de la planta, mientras Camuzzi intenta que le cancelen 42 mil pesos del mismo período.