Siniestro. Por donde se lo mire, el caso de la “mafia de los medicamentos” es una muestra contundente de que el robo, la corrupción y el crimen organizado son parte del accionar cotidiano de empresarios, burócratas sindicales y funcionarios. Así lo certifica una causa que día a día destila nombres y apellidos enredados en oscuros contratos, falsificación de remedios y fraguado de tratamientos médicos complejos.

Los últimos hechos, con la detención e inmediata liberación de Gerónimo Venegas, muestran que la “megacausa” tiene derivaciones de lo más nefastas. Casi ochenta obras sociales. Decenas de droguerías desde las que operan centenares de capitalistas. Funcionarios de primera y segunda línea que se enriquecen tras su paso por la “gestión”. Y en el medio, miles de trabajadores estafados y hasta envenenados con remedios vencidos o adulterados.

Los responsables, nada menos que las dirigencias de gremios como Camioneros, UATRE, UOM, Obras Sanitarias, UPCN, Químicos, Plásticos, Gráficos, Aeronavegantes, Portuarios, UTPBA y municipales de varios distritos.

Sólo dimensionando esa maraña de criminales se entiende por qué, más allá de pujas electorales, todos cerraron filas la última semana para defenderse. “Estamos todos en la mira”, lanzó el “Momo” Venegas, tras su liberación, alertando a sus socios duhalditas pero también a los jefes de la CGT.

Por eso no puede sorprender el silencio cómplice de la Presidenta y sus ministros cuando Moyano desplegó inmediatamente la bandera de la impunidad. Menos aún cuando la misma campaña “Cristina-Cobos 2007” fue financiada con los millones de pesos aportados por empresarios como los que hoy aparecen lucrando con la salud de los trabajadores.

¿Te acordás de Zanola?

El líder de La Bancaria, preso hace más de un año acusado de liderar una “asociación ilícita”, es uno de los burócratas kirchneristas que, tras caer en desgracia, sufre las ingratitudes del poder. Como dijo Julio Piumato, mano derecha de Moyano, el mismo viernes que la CGT salió a “bancar” a Venegas, “todo el coro que habla ahora no habló cuando se llevaron a Zanola”. Piumato respondía enojado a la reacción del duhaldismo en defensa del capomafia de la UATRE, pero también intentaba dejar en claro que para los líderes de la CGT ya es tiempo de acabar con una causa que no los deja tranquilos.

Aunque no todo parece serles tan fácil. Como dice el oficialista Mario Wainfeld, Zanola “‘dejó los dedos’ por todas partes” (Página/12, 13/02). Por eso hoy nadie pide su libertad. Y menos aún la de Néstor Lorenzo, dueño de la droguería San Javier que le vendía fármacos truchos a La Bancaria y a otras obras sociales. Hoy es momento de despegarse, razonan muchos, tratando de hacer creer que Zanola y Lorenzo son la excepción.

Capos y perejiles

Además de Zanola y demás imputados “bancarios”, otros engrosan la lista. Días atrás cayó el jefe de la mutual del Personal del Agua y la Energía de Mendoza, Juan José Denaro, acusado de darle remedios vencidos a sus propios afiliados en complicidad con la droguería de Sebatián Forza (una de las víctimas del “triple crimen” de General Rodríguez de 2008).

También fue detenido la semana pasada José Salerno, un ex comisario convertido en “farmacéutico”, que asociado a Damián Ferrón (otro de los masacrados en Gral. Rodríguez) proveía drogas oncológicas adulteradas a La Bancaria y otras mutuales. Salerno también reintroducía en el mercado remedios vencidos provenientes de hospitales públicos como el Posadas de Haedo. Por eso también fue detenida una técnica de la farmacia del Posadas acusada de entregarle a Salerno los remedios para la reventa.

Otro caso reciente, incorporado a la causa, es el del asesinato de Roberto Rodríguez, líder del Sindicato de Maestranza, ocurrido el 26 de enero. Está casi comprobada la relación de Rodríguez (ligado a Víctor Santamaría, líder k del gremio de los porteros) con la droguería San Javier. Quizás por eso en su velorio muchos prefirieron darle al café y los sanwichitos antes de hacer el mínimo comentario.

Además de los detenidos, en la causa ya testificaron personajes como Ginés González García, ex ministro de Salud de Kirchner, y Claudio Zin, ex ministro de Scioli.

Pero aunque con cada nuevo allanamiento o declaración haya una nueva sorpresa, la rápida liberación del “Momo” Venegas bien puede estar marcando un límite. El propio juez Oyarbide tiene experiencia en desplegar mantos de impunidad a cambio de fueros y estrellato. Por eso, aunque sigan cayendo “perejiles”, por ahora parece que los Moyano y los Venegas pueden dormir tranquilos.

Recaudador fundido

Un capítulo aparte le cabe a Héctor Capaccioli. El ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud es, como Zanola, otro de los caídos en desgracia. Este servidor kirchnerista fue el encargado de acopiar los millones con los que el Frente Para la Victoria hizo sus campañas en 2005 y 2007. Tanta era su lealtad que fue colocado a la cabeza del estratégico organismo, manejando los fondos con los que se financia parte de las obras sociales. Mediante la Administración de Programas Especiales (APE), Capaccioli repartía millones de pesos entre sus amigos, quienes entregaban a cambio certificados de tratamientos jamás realizados. Así, por ejemplo, se le entregaron $48 millones al duhaldista Venegas para un “plan preventivo” que nunca implementó.

Desde el oficialismo hoy acusan a Capaccioli de mero “delfín” de Alberto Fernández (ex Jefe de Gabinete) afirmando que ya nada tiene que ver con el gobierno. Sin tutela oficial, “el recaudador” empezó a acumular procesos por asociación ilícita, estafa y encubrimiento. Aunque, por ahora, sigue libre.

Capaccioli ya no está. Sin embargo el año pasado la APE repartió nuevamente $1.000 millones entre decenas de burócratas moyanistas. El doble de lo entregado a los amigos en 2009.

¿Y la salud?

La “mafia de los medicamentos” pone al descubierto los manejos criminales de las burocracias que desde hace décadas manejan los sindicatos. De esta situación se valen las grandes patronales y sus medios para atacar a las organizaciones de los trabajadores y al mismo sistema de obras sociales, con el único objetivo de imponer la privatización.

Por eso es necesario combatir a las burocracias que transformaron al sistema en un negocio criminal. Los trabajadores, los médicos y pacientes tienen que organizarse independientemente, controlando historias clínicas, medicamentos y tratamientos, investigando cada estafa y cada mala praxis e imponiendo el castigo a los culpables.

Las obras sociales deben estar en manos de quienes las sustentan, sus afiliados y trabajadores, cubriendo la falta de fondos con mayores aportes patronales e impuestos a los laboratorios y clínicas privadas. Y anulando de una buena vez las leyes menemistas que abrieron las puertas a la salud privada, donde los únicos que se salvaron fueron los empresarios.

Así se podrá luchar por un sistema de salud unificado, basado en la expropiación y nacionalización, bajo control de los trabajadores, de todos los hospitales privados, laboratorios, droguerías, servicios de emergencia y fábricas de material quirúrgico. Para que la salud sea una real conquista del pueblo trabajador y no un privilegio manejado por quienes lucran con la vida y con la muerte.