por Carlos Musante y Carla Lacorte

El sábado 26 se realizó un masivo acto en el Puente Pueyrredón a 8 años de la Masacre en la que asesinaron a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Participaron movimientos de desocupados y partidos de izquierda como el Frente Darío Santillán, el Polo Obrero, el Movimiento Teresa Rodríguez, el MST, la CCC y el PTS, entre otros. Se leyó un documento que denunció la impunidad de los autores intelectuales de los hechos, así como la renovada ofensiva de judicialización de la protesta del gobierno de Cristina Fernández. También hablaron Vanina Kosteki, hermana de Maximiliano, y Alberto Santillán, padre de Darío, refiriéndose a los chantajes del gobierno de Néstor Kirchner para que dejaran de denunciar lo que fue un verdadero complot criminal del régimen y el Estado, en el que muchos de sus funcionarios estuvieron involucrados. Encima, las organizaciones que adhieren al gobierno, como el sector de la CTA de Yasky y la Tupac Amaru de Milagro Sala, quisieron usurpar la memoria de Kosteki y Santillán. Un insulto.

La masacre de Avellaneda

En junio de 2002 el fenómeno de asambleas barriales, movimientos de desocupados y fábricas ocupadas, motorizado por las jornadas del 19 y 20 de diciembre, empezaba a perder masividad. Duhalde y su gabinete intentaron recomponer parte del poder represivo del Estado con una “acción ejemplar” que ayudara a la normalización (burguesa) del país. Fue así que ese 26 de junio, el secretario de Seguridad Juan José Alvarez montó un operativo represivo con el apoyo de la SIDE de Carlos Soria, la Prefectura, la Gendarmería, la Federal y la “maldita” Bonaerense aportada por Felipe Solá. El saldo, aparte de Darío y Maxi muertos, fue de 40 heridos y más de 200 detenidos.

Ese 26 logró imponerse la versión que planteaba los hechos como “un enfrentamiento entre piqueteros”. Su principal vocero fue el secretario general de la Presidencia Aníbal Fernández. Cuando todo apuntaba a un triunfo del gobierno, el 27 una masiva movilización de repudio copó el centro de Buenos Aires. Al día siguiente aparecieron las fotos de Franchiotti asesinando a Darío Santillán. Duhalde tuvo que reconocer la “cacería humana” y llamó a elecciones. El gobierno, el régimen y el Estado volvían a encontrar un límite a su poder represivo, herencia de años de lucha contra la dictadura y la impunidad de los genocidas.

Duhalde tomó en cuenta el “dato”· para armar el perfil político de su futuro candidato a la presidencia Néstor Kirchner, quien jamás se había destacado previamente en la lucha por los derechos humanos. Además, cubrió su retirada ordenándole a sus jueces (peronistas y radicales) el desguace de la causa judicial por la Masacre del Puente Pueyrredón en varios juicios (la represión sobre Pavón, la represión sobre Mitre, etc.) de manera tal que todos aparecieran como hechos aislados y no como un plan del Estado.

“El puente es de los que luchan”

Resulta indignante entonces el uso que intentó hacer de la masacre el kirchnerismo con su acto del sábado pasado, posterior al de la izquierda. Su rol de garante de la impunidad es innegable. Esta utilización es aún más grave ya que implica intentar cubrirse por izquierda mientras que como gobierno, y en acuerdo con todo el régimen, apuestan a un nuevo refortalecimiento del poder represivo del Estado a través de la cárcel, los pedidos de arresto y los procesamientos a más de 5.000 luchadores. Hace falta la más amplia unidad de los organismos de DD.HH., las organizaciones de trabajadores combativos, los movimientos de desocupados y la izquierda para enfrentar esta nueva arremetida del Estado y lograr el castigo a todos los responsables materiales e intelectuales de la masacre .