El gobierno vuelve a la carga con la Ley de Medios. Le pide a Corte Suprema que resuelva el actual stand by provocado por fallos de jueces mendocinos y salteños que frenaron su aplicación. El kirchnerismo arremete contra Clarín y sus aliados usando un par de armas filosas: el desprestigio alcanzado por las corporaciones multimediáticas durante la puja del año pasado, y la reactivación de la causa contra Ernestina de Noble por la apropiación de hijos de desaparecidos.

Así, mientras espera un fallo favorable de la Corte, el gobierno vuelca a las calles a organizaciones que le son afines y entusiasma a franjas de las clases medias que, desde las elecciones del 28J, vienen desencantadas con la centroizquierda de Pino Solanas y compañía, quienes votaron junto al gobierno por la Ley de Medios pero cada día aparecen más alineados con la oposición de derecha.

La coalición por una radiodifusión democrática

Este jueves la Coalición por una Radiodifusión Democrática marchará a los Tribunales en defensa de la Ley de Medios. Este conglomerado de radios, organizaciones gremiales, empresariales, culturales, políticas y de derechos humanos, periodistas e intelectuales aparece nuevamente en escena para apoyar al gobierno en su “cruzada” contra Clarín. El viernes 9 el programa “6 7 8” ya había juntado 3.000 personas en el Obelisco, entre agrupaciones peronistas, movimientos sociales k y parte de su audiencia, que festejaban la iniciativa cantando “se va a acabar, se va a morir el monopolio de Clarín” y “somos de la clase media, la que compra todo en cuotas, no largamos a Cristina, no nos rompan las pelotas”.

Mientras los multimedios sólo cubrían el “caos de tránsito”, los manifestantes hablaban de una movilización para defender la ley que “nos hará libres”.
Pero las ilusiones de muchos que hoy marchan contra Clarín poco tienen que ver con los objetivos de otros que también se movilizan. La CGT, la CTA (ala Yasky-D’Elía-Milagro Sala), las “cooperativas” telefónicas y energéticas que operan en el interior, el Movimiento Evita y hasta la APYME (medianos empresarios) anhelan, en realidad, que la nueva ley les permita operar radios y canales. Una ilusión que, financiada con subsidios públicos, parirá un abanico de medios “no gubernamentales” dispuestos a sostener el doble discurso oficial.
Para no hablar de Capitanich, gobernador del Chaco, quien integra también la Autoridad de Aplicación de la ley. Él será uno de los encargados de adjudicar licencias, por ejemplo… a él mismo, que ya está tramitando el permiso para montar una radio y un canal en su provincia.

Jueces y senadores

El gobierno acusa a la oposición de recurrir a “jueces de la dictadura” para frenar la Ley de Medios. Pero a su vez recurre a la Corte Suprema, el exponente máximo de una institución que conserva más de 400 jueces que juraron por el Estatuto del “Proceso de Reorganización Nacional”, incluido el propio Eugenio Zaffaroni.

A su vez para enarbolar la causa contra Ernestina de Noble, Canal 7, Radio Nacional, Página/12 y El Argentino deben ocultar que quien más “investigó” esa causa fue ni más ni menos que Roberto Marquevich, ex juez de la “servilleta” menemista y amigo personal del suicidado empresario Yabrán.

Y por si fuera poco, quienes defienden la Ley de Medios tuvieron que aplaudir, el día de su aprobación, a senadores como Jenefes o Romero, dueños de poderosos multimedios provinciales y fieles exponentes de un Congreso plagado de lobbystas, empresarios y burócratas.

La verdad de la lucha

Que la Ley de Medios pueda aplicarse dependerá de la coyuntura política. También su reglamentación, la “letra chica” de toda ley que define cómo se aplica y cuáles son sus alcances.

El gobierno reaviva la pelea contra algunos multimedios, apoyado en los rancios intendentes del conurbano, algunos gobernadores y las burocracias sindicales. Y ahora suma a parte de los sectores medios que ven a Cristina como un “mal menor” frente a la derecha que busca fortalecerse de cara a 2011.

El importante paro en las radios rosarinas del Grupo Uno y el actual conflicto de los trabadores de Crítica demuestran que a las corporaciones hay que enfrentarlas con la organización, parándoles las rotativas y convocando a la comunidad para que apoye. Así en Rosario lograron frenar los despidos que Vila y Manzano querían imponer.

La UTPBA, FATPREN, Moyano y Yasky apoyaron a los compañeros rosarinos, pero ahora abandonan a los de Crítica. Se niegan a defender con todo a los trabajadores mientras avalan sin chistar los millonarios subsidios que Cristina le da al propio Clarín y otros grupos a través del programa REPRO.

Ellos se lavan la cara movilizando por la “ley de la democracia”, que como la de la dictadura pisotea el Estatuto del Periodista, dejando a los trabajadores de prensa sin una herramienta fundamental de defensa, a merced de la flexibilización laboral y los contratos basura en diarios, canales y radios. Y al mismo tiempo se colocan junto a los medios oficialistas (los públicos y los financiados por la publicidad gubernamental) que manipulan la información tanto como TN o Clarín, al punto que ocultaron la masiva manifestación del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia en la Plaza el 24 de Marzo; ningunearon el gran paro docente en Jujuy, donde el gobernador k Barrionuevo reprimió 5 veces a los huelguistas; y siguen “olvidándose” de Julio López y Luciano Arruga, desaparecidos por el aparato represivo que Cristina y Scioli mantienen intacto.