La crisis por el Fondo del Bicentenario se dirige hacia una definición en el Congreso. Esta vez con el voto “positivo” de Cobos, preocupado por dar una imagen “institucional” y no “destituyente”, el gobierno logró la separación legal de Martín Redrado del Banco Central, que fue reemplazado por la economista kirchnerista Mercedes Marcó del Pont, de origen desarrollista. Ahora, con el ofrecimiento de dinero fresco a las menguantes arcas provinciales, podría conseguir el favor de la Cámara de Senadores para, finalmente, pagar deuda externa con las reservas. El pago “soberano” (así lo llama Hugo Moyano de la CGT) es la versión “nacional y popular” de la subordinación al capital financiero imperialista.

Agotadas las condiciones de un ciclo donde el kirchnerismo pudo aprovechar a su favor el crecimiento económico pos devaluación –en sincronía con un entonces crecimiento récord a nivel mundial-, necesitado de créditos y fondos, no se le ocurre mejor receta que avanzar en el pago de la deuda, una fórmula heredada de la tradición cipaya de la burguesía semicolonial argentina expresada en la dictadura genocida, el gobierno de Alfonsín y que tuvo su máxima expresión en las “relaciones carnales” de los ’90.

La defensa de la ética pública como farsa

Pero un nuevo frente de tormenta se está abriendo. Alentados por el renunciado/echado Redrado y los medios opositores salió a la luz que Néstor Kirchner adquirió 2 millones de dólares en 2008, cuando la crisis internacional comenzaba a golpear en el país, según el ex presidente, para comprar un hotel de lujo en Calafate. Kirchner habría sido uno de los “amigos del poder” beneficiados para comprar dólares con información privilegiada, según una denuncia con la que amenazó Redrado cuando escalaba su pelea con el Gobierno. Evidentemente, el discurso populista de la reconstrucción de la burguesía nacional resultó ser, entre otras cuestiones, una puesta en escena para ocultar un sistema de relaciones que beneficia a los funcionarios y a los capitalistas afines al oficialismo. El directorio del Central, a su vez, dio a conocer la lista de los abultadísimos gastos de representación del ex presidente de la entidad. La corrupción estructural de los políticos y funcionarios del Estado capitalista también marcan una continuidad en ese aspecto con la década del ’90.

La oposición patronal antikirchnerista, que sostiene una política tan o más entreguista que la del gobierno, intenta recrear la experiencia del frente antimenemista organizado alrededor del combate a la corrupción estatal. Pero en el presente, y mucho más después del fracaso de la Alianza, ¿qué “ética pública” puede representar la UCR, el peronismo disidente, el PRO, la Coalición Cívica, cuando en estos partidos militan políticos y empresarios íntimamente ligados a las leyes paridas con la BANELCO y partidarios de las políticas neoliberales? Ya Macri y De Narváez, ellos mismos empresarios millonarios acostumbrados a entremezclar negocios públicos y privados, anunciaron que no denunciarán en la justicia al ex presidente por enriquecimiento ilícito. La finalidad de estas denuncias es usarlas para desgastar aún más la imagen del gobierno en las clases medias o utilizarlas como una espada de Damocles judicial en caso de que un agravamiento del panorama político obligue a los opositores a tomar un rumbo “destituyente”.

Por su parte, el progresismo de Pino Solanas no cuestiona la matriz de la semicolonia argentina, la sumisión al imperialismo mediante el mecanismo de la deuda. Su práctica se reduce a seguir pidiendo una comisión bicameral compuesta por el PJ, la UCR, el PRO y la centroizquierda para separar la deuda “legítima” de la “ilegítima” (ver página 2).

Salarios e inflación: la escalera y el ascensor

Aunque al gobierno logre que el Congreso no voltee el DNU de Cristina, la votación del Fondo del Bicentenario, no significa que se terminen las turbulencias. En el escenario se mezclan las expectativas de crecimiento económico con la puja entre un gobierno en retroceso y una oposición dividida, lo que pone en duda la gobernabilidad necesaria para los buenos negocios y la “paz social” -es decir, la sumisión obrera- que quieren los empresarios.

Mientras por arriba se acrecientan las disputas, lo que empieza a ganar fuerza es la discusión salarial. Más allá del increíble índice del INDEC, distintas estimaciones dan cuenta de un 20% para el 2010, cuando ya los alimentos subieron un 30% entre octubre y diciembre de 2009.
La intención de las patronales y el gobierno es devaluar el precio de la fuerza de trabajo. Los empresarios ya dictaminaron su techo: 15%, y el inicio de las negociaciones por la paritaria docente indica la tónica oficial.

El Ministro de Educación rechazó por “inaceptable”, el ya de por sí insuficiente, pedido de $1900 de salario de bolsillo que hicieron los dirigentes de CTERA y el gobierno de Scioli plantó al Frente Gremial Bonaerense. La cúpula de la CGT sintetiza su posición, tras reunirse con la UIA, Moyano declaró que encararán las paritarias con “prudencia”. La actitud de los burócratas cegetistas está reñida con los intereses obreros. Más de 3 millones de trabajadores en blanco ganan menos de $2.000 por mes y cerca de 3 millones y medio trabajan en negro con un ingreso un 40% inferior al de sus hermanos de clase. Ni hablar de los desocupados que cobran un subsidio de $180. Los dirigentes parecen haber olvidado hasta su propia liturgia, la que decía, que cuando hay inflación los precios suben por el ascensor y los salarios por la escalera. La dirección de la CTA, por su parte, tampoco convoca a ninguna lucha seria para unificar la fuerza obrera en la disputa que ha comenzado.

Desde el PTS decimos que no se pueden negociar convenios en alza sino se incorpora el reclamo de los desocupados, de los trabajadores en negro y de los contratados. La consigna de paritaria nacional única, con delegados elegidos en asamblea sirve para unificar los reclamos de los trabajadores, en oposición a la política de la burocracia que pretende mantener la discusión gremio por gremio. Como plantea el Plenario de Trabajadores Clasistas convocado por los dirigentes del Sindicato Ceramista de Neuquén, dirigentes de la Comisión Interna de Kraft Terrabusi y un sector del Cuerpo de Delegados del Subte: “Frente a la inflación, luchamos por la escala móvil de los salarios (aumento de salarios de acuerdo a la suba de los precios) (…). Por el pase a planta de todos los compañeros y compañeras contratadas, por igual trabajo igual salario, por la expropiación y estatización bajo gestión obrera sin indemnización de toda fábrica o empresa que intente cerrar o despedir en masa”. Hay que exigir en los sindicatos que se levante este programa. Hay que imponerles a los dirigentes una lucha consecuente por el salario, el trabajo y las condiciones laborales.

El sindicalismo de base

Pero la “prudencia” de los dirigentes sindicales no termina de contentar a los empresarios quienes hicieron públicos sus temores por “las disputas dentro del propio sindicalismo, que el año pasado derivaron en el conflicto de Kraft y de los subtes” (Clarín, 29/1). En la última semana los choferes de colectivos agremiados en UCRA (Unión de Conductores de la República Argentina) salieron a reclamar por una deuda salarial. En respuesta, la patota de la UTA arremetió contra los activistas que cortaban los accesos de Retiro. Burócratas como Fernández de la UTA volvieron a la carga contra los “infiltrados de izquierda”.

Los empresarios intentan demonizar a los nuevos delegados asociándolos con el “caos” (el asesor de los industriales Julián De Diego, insiste con que de crecer este fenómeno las empresas se convertirán en “campos de batalla”, El Cronista, 2/2/10).

La irrupción del “sindicalismo de base” expresa una tendencia profunda en la clase trabajadora a organizarse democráticamente. Las patronales se sienten amenazadas. Temen que de desarrollarse la crisis política, se constituyan, en el fragor de la lucha de clases, en una poderosa oposición a la burocracia. La burguesía no olvida que en las grandes crisis nacionales, como sucedió en 1975, las comisiones internas se unieron en las coordinadoras interfabriles, un auténtico contrapoder que cuestionó el mando de los patrones en la producción.

Por un gran partido revolucionario

El PTS está comprometido en extender el “sindicalismo de base”, para forjar una dirección antiburocrática, clasista y anticapitalista en los sindicatos y en las organizaciones de base de los trabajadores. Es en el terreno concreto de la lucha de clases donde estamos dando pasos adelante para construir un gran partido revolucionario, que convoque detrás de una estrategia de lucha por el poder para la clase obrera, a miles de activistas de las fábricas, el transporte y los servicios, a los miles de estudiantes solidarios con la lucha obrera, y a los jóvenes que luchan contra la represión policial y se oponen al saqueo del país por parte del imperialismo.