El porqué del proyecto de reforma

Esta reforma es impulsada desde hace años por el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas cuyo presidente es el abogado peronista Luis Caro (quien supo formar parte de las listas del ex - carapintada Aldo Rico). Su tratamiento ya fracasó a fines del 2004 pero vuelve a reflotarse ante el impacto de la crisis económica en Argentina. Comienzan a repetirse los cierres de fábrica, los vaciamientos, los lock outs, los abandonos de plantas, las quiebras y los despidos en masa. Pero estas medidas no pasan sin más. Todo lo contrario. Se genera una resistencia obrera con bloqueos de portones, ocupaciones y movilización donde las luchas en Mahle, Massuh, Indugraf o Arrufat son las primeras imágenes de una película que recién comienza ya que lo peor de la crisis aún está en el futuro.

Y la experiencia del 2001 está latente. En varias provincias se escucha el rechinar de los motores y el silbido de las calderas de las más de 150 fábricas y empresas que fueron ocupadas y puestas en producción por sus trabajadores y trabajadoras, por quienes resistieron desalojos y superaron las múltiples dificultades que implicaba volver a poner en marcha la maquinaria. Son el ejemplo vivo de que con la ocupación y el control obrero se puede luchar por conservar los puestos de trabajo e impedir que fábricas y establecimientos se transformen en galpones vacíos. Señalan un norte que no le resulta nada simpático a empresarios y gobernantes que no quieren ver cuestionada la propiedad privada de los medios de producción y las reglas de juego de la competencia capitalista.

Tienen temor que se generalice y propague un nuevo movimiento de ocupación de fábricas y por eso este proyecto de reforma busca erradicar la idea de la lucha por la expropiación que tuvo peso en el período anterior (aún en aquellos casos en que las leyes expropiatorias estaban fuertemente condicionadas). Quieren mantener el orden y otorgarle tranquilidad a “los acreedores”. En palabras del Dr. Caro: “Cuando los trabajadores permanecen en su lugar de trabajo se produce el primer efecto positivo, no peligroso: el de resguardo de los bienes en beneficio de toda la masa de acreedores”. Que ningún empresario o banquero se asuste. “No es el objetivo atacar la propiedad privada, sino preservarla. Porque un hombre para SER primero debe TENER. Defendemos la inviolabilidad de la propiedad”. Este es el espíritu, el principio rector de la reforma, y lo que determina su consecuencia más nefasta: que los trabajadores terminen haciéndose cargo de las deudas de sus ex patrones. Es lo que entusiasma tanto a la presidenta porque, como dijo en el acto, “la continuidad de la empresa no solamente garantiza a los trabajadores la continuidad del trabajo sino que también conviene al resto de la sociedad. Porque aquellos que son acreedores de la empresa necesitan que la empresa siga produciendo y siga teniendo o comience a tener rentabilidad para poder cobrar sus deudas”.

A competir a una subasta para pagar la deuda del patrón

¿Cuál es el mecanismo que proponen? Una vez declarada la quiebra se organiza una subasta en la que los trabajadores se pueden presentar. Explica el Dr. Caro: “con la reforma los trabajadores están habilitados para hacer una oferta para que se les adjudique los bienes de la quiebra, al precio de la tasación realizada por el juzgado para que sea un precio justo y resguardar los intereses de los acreedores”. Este procedimiento es una trampa con múltiples aristas. Implica, en primer lugar, aceptar las reglas del juego de una competencia por ver quién paga la deuda de los vaciadores. Además, a la ya de por si difícil competencia con los antiguos empresarios, sus testaferros, otros acreedores o los bancos, se pretende disfrazarla con una supuesta “ventaja”: “los trabajadores podrán compensar el crédito laboral para la adquisición de las maquinarias, materia prima, mercaderías, fondo de comercio, marcas y patentes”. Así, para poder igualar ofertas, los trabajadores se verán obligados a renunciar al derecho al cobro de los salarios e indemnización adeudados y a hipotecar el futuro (resignando salarios a cambio del pago de las cuotas de la compra).

Por una ley nacional de expropiación sin pago

La actual ley de Quiebras -con sus múltiples modificaciones parciales- sostiene una estructura jurídica que preserva y protege los negocios de patrones y empresarios, anteponiendo los intereses de los capitalistas por encima de cualquier derecho o conquista obrera. La salida no pasa por agregar o quitar artículos a esta ley. Y aunque hay que utilizar los resquicios legales y actuar en el terreno judicial para defender una fábrica ocupada/recuperada, esto no significa que la estrategia de los trabajadores tenga que ser la de modificar la ley para comprar empresas que los patrones quebraron. Hay que retomar con nuevas energías la bandera que une a los trabajadores de Zanon, a los del Bauen y a decenas de cooperativas: una ley nacional que reglamente la inmediata expropiación sin pago y otorgue a los trabajadores la administración de las fábricas donde los patrones cierren o despidan en masa. Una ley de expropiación que el gobierno nacional se ha negado a debatir en estos años mientras ha subsidiado por miles de millones a los empresarios y otorgando cifras irrisorias a las cooperativas obreras que así lo reclamaban.

Esta lucha debe realizarse en el camino de lograr la estatización de las empresas expropiadas con directorios de mayoría obrera que planifiquen racionalmente la producción orientándola a cubrir las necesidades sociales. La actual crisis económica está saldando en los hechos el viejo debate de estrategias entre las fábricas recuperadas: no hay margen para la autogestión cooperativa en un sistema capitalista que ya muestra signos de una fuerte recesión y está llevando a incrementar la tendencia a la autoexplotación porque la competencia en el mercado se hace más y más feroz con patronales que despiden, suspenden o congelan salarios. La única perspectiva realista para las fábricas recuperadas es luchar por esta salida mientras se exige al Estado, entre otras medidas, la compra de la producción, subsidios y garantía de salario mínimo igual al de convenio de la actividad, al tiempo que se busca la unidad con el conjunto de los trabajadores y los sectores sociales en lucha bajo un mismo programa para que la crisis la paguen los que la generaron: los capitalistas.