El muro clasista trazado para separar a las clases acomodadas del barrio La Horqueta en San Isidro de los barrios populares de San Fernando constituye un auténtico escándalo nacional. Sin embargo no resulta un hecho ajeno a la práctica de las clases poseedoras de otros países. En Brasil, el gobierno federal de Río de Janeiro comenzó a construir un muro para aislar la favela Rocinha de los barrios más ricos de Río, en la perspectiva de separar a 1,5 millones de pobres concentrados en 900 favelas. En EE.UU., la policía custodia el muro fronterizo con México, construido para impedir la entrada de inmigrantes ilegales que huyen del hambre y la miseria. En el Estado de Israel, los sionistas edificaron el “muro del apartheid” para obstaculizar las comunicaciones de los palestinos que residen en Cisjordania. En Italia, el derechista Berlusconi encerró a los gitanos rom en guetos, facilitando el lanzamiento de brutales pogroms. Esta tendencia expresa una orientación para defender los intereses de las clases sociales más poderosas mediante la segregación de millones de parias, sometidos a la marginalidad e infinidad de penurias.

En nombre de 33 familias ricas, como confesó el intendente de San Isidro, el radical K Gustavo Posse, el “muro de Berlín”, así bautizado por los vecinos movilizados, se propone discriminar a miles de trabajadores y pobres urbanos de las barriadas humildes como potenciales delincuentes, bajo el control de las fuerzas represivas de la Bonaerense y la Gendarmería, una de las causas fundamentales de los problemas de inseguridad. Ese símbolo de discriminación establece una división taxativa entre aquellos que concentran en sus manos riquezas, propiedades y bienes en desmedro de aquellos que sólo poseen sus músculos y sus brazos. Resulta obsceno que mientras en un polo un puñado de empresarios lucra con la especulación de miles de viviendas vacías, en el otro polo millones de desposeídos residen en casillas precarias sin agua potable, cloacas y los servicios más imprescindibles. Como dice el comunicado público del PTS-Zona Norte, “Quieren separar con muros la división que ya existe en la Argentina, la de los empresarios que preparan su policía para defenderse de los futuras luchas de los trabajadores y la Argentina profunda, la de los trabajadores y los pobres que somos la mayoría del país y que no tenemos los más mínimos derechos garantizados a la salud, a la educación y a trabajar”.

Sin embargo, ningún muro, ningún country y ningún barrio privado pueden garantizar la seguridad en la medida que se incrementa la descomposición social a partir de 15 millones de pobres, 6,5 millones de indigentes y 3,1 millones de menores que pasan hambre, condiciones estructurales que fermentan la violencia social. Nada puede esperarse de los Kirchner, los que mediante el doble discurso apelan a la “inclusión social”, en tanto junto al gobernador Scioli militarizan las villas y los barrios populares con miles de policías y gendarmes, tras la campaña de mano dura impulsada por De Narváez y toda la derecha.

Para revertir esta realidad es necesario derribar ese muro de la discriminación y expulsar a la Bonaerense y la Gendarmería de los barrios, peleando por su disolución. Sólo la lucha por un auténtico plan de obras públicas, financiado por impuestos progresivos a las grandes fortunas y el no pago de la deuda externa, que ponga a trabajar todos los brazos disponibles con un salario equivalente al costo de la canasta familiar, puede comenzar a revertir estas condiciones. Sólo un auténtico plan de obras públicas controlado por las organizaciones de los trabajadores, que provea vivienda digna, agua potable, cloacas, hospitales, escuelas y todas las necesidades pendientes, puede sentar las condiciones materiales para erradicar las causas de la pobreza y acabar con la violencia social.