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Partido de los Trabajadores Socialistas
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ANTE LA LEY DE MOVILIDAD DE LAS JUBILACIONES
¿Va a acompañar la CTA la estafa al 82% móvil?
Por: Miguel Raider

25 Sep 2008 |

Por falta de quorum, el Senado levantó la sesión para votar el proyecto oficialista de movilidad de jubilaciones, que ya cuenta con media sanción de la cámara de diputados. Ese mismo miércoles 24, la CTA, particularmente los activistas de ATE Capital y las organizaciones de jubilados se manifestaron para expresar su disconformidad con el proyecto oficialista y por el 82% móvil, el legítimo reclamo por el cual se vienen movilizando los jubilados desde hace años. La presencia de Claudio Lozano y Víctor De Gennaro y la notoria ausencia del secretario general de la CTA Hugo Yasky pusieron en evidencia la fractura de la central, como continuidad de las diferencias surgidas en el lockout agrario. Veamos.

A pesar de las objeciones, compartidas por Hugo Moyano, Yasky secundó el proyecto de movilidad presentado por el kirchnerismo, porque “para la CTA esta ley es un paso adelante en un tránsito histórico que tiene como objeto final recuperar el 82% móvil”1.

Yasky es un caradura. En principio, la nueva ley que entraría en vigencia en marzo de 2009 de ningún modo reconoce la deuda acumulada desde marzo de 1995, cuando Menem y Cavallo eliminaron la movilidad mediante la sanción de la ley de Solidaridad Previsional. Tampoco se ajusta al fallo del caso Badaro, emitido por la Corte Suprema de Justicia, que reconoce tanto la retroactividad como la movilidad desde esa fecha. En realidad, el gobierno se propone sancionar este proyecto de ley para terminar con la avalancha de demandas judiciales que entablaron miles de jubilados y de paso vender el buzón de que se acabaron los tiempos del menemismo, aunque su herencia está más viva que nunca en el 80% de los jubilados que cobra el haber mínimo, igual que en los ’90.

Desde 2002, la deuda alcanza aproximadamente a más de $21.000 millones, una suma equivalente a los recursos actuales en manos de la ANSES. Sin embargo, el gobierno prefiere “honrar” la deuda fraudulenta con el Club de París y los fondos buitre que quedaron fuera del canje de deuda en 2005. Una vergüenza.

La caja negra de la ANSES

Yasky debería explicar lo que ni siquiera se atrevió a explicar el titular de la ANSES, Amado Boudou, a los legisladores del Senado. Boudou señaló que las jubilaciones móviles se ajustarán semestralmente según el promedio de los aumentos salariales y la recaudación de la ANSES, pero se negó a precisar de qué forma se calcularía la movilidad2. Los kirchneristas esconden las cuentas para ocultar una verdadera estafa. En primer lugar, la Prestación Básica Universal, que representa el 47% del monto de la jubilación mínima que cobra el 80% de los jubilados, no está sujeta a ningún coeficiente de movilidad. En segundo lugar, la movilidad según el estado de los fondos de la ANSES se basa en una trampa, porque sólo considera la porción que afecta a los recursos tributarios asignados a la Seguridad Social, desafectando así a la porción más gruesa compuesta por los aportes de los trabajadores en actividad y las contribuciones patronales3, que se incrementaron exponencialmente por el crecimiento del empleo. En resumidas cuentas, las jubilaciones quedarían como rehenes de la recaudación impositiva, desvinculando la responsabilidad del Estado como garante obligado.

Guillermo Jauregui, especialista en temas previsionales de la Comisión de Previsión del Senado, declaró que de haberse aplicado esta fórmula entre 2002 y 2007, “las jubilaciones hubieran aumentado 30 puntos menos que la variación de los salarios y casi 35 puntos menos que el incremento de los ingresos de la ANSES, por beneficio”4. El proyecto oficialista se propone una movilidad muy limitada y el establecimiento del techo para pagar las jubilaciones, consolidando de ese modo la ANSES como una caja negra para solventar las necesidades del gobierno, como los $8000 millones otorgados para 2008 con la finalidad de pagar deuda pública. Por ese motivo, la incorporación de 1.300.000 nuevos jubilados que accedieron a la moratoria previsional sin nuevos recursos terminará afectando la “movilidad” del conjunto de los jubilados mediante el reparto de la miseria.

Yasky así acompaña un proyecto que ratifica el camino emprendido por Menem y Cavallo con la ley de Solidaridad Previsional, la reducción de los aportes patronales vigentes desde 1994 y el robo de las AFJP’s que devaluaron en el año corriente un 20% los aportes de los trabajadores, amén de los negocios realizados con los Kirchner prestándoles dinero para pagar subsidios y vencimientos de deuda externa.

82% móvil trucho

Con justas razones, muchos militantes de la CTA y activistas de ATE Capital agrupados en la lista Verde tras dirigentes como Claudio Lozano y Víctor De Gennaro rechazaron las posiciones de Yasky que abandonan la lucha por el 82% móvil, una demanda histórica de la CTA. Sin embargo, el proyecto presentado por Lozano hasta podría considerarse como una de las variantes del kirchnerismo. Lozano propone que la movilidad jubilatoria se apoye sobre un coeficiente compuesto en un 50% por el aumento del salario de los trabajadores registrados, un 23% por el aumento de los recursos previsionales (aportes y contribuciones) y en un 27% por el incremento de los recursos fiscales aplicados al sistema. Mediante la sumatoria del resultado de esos índices, se alcanzaría el 82% móvil … pero respecto del salario mínimo de $1240. “De aplicarse nuestra propuesta el haber mínimo (el que cobra el 80% de los jubilados) pasaría a ser de $982,60”, pero en relación al “salario medio ($2508)... la movilidad sería de 46,7%”5. Evidentemente, la necesidad de luchar por un salario equivalente al costo de la canasta familiar ($3275 según la CTA) es puro verso, de lo cual se desprende esta caricatura de movilidad. Con razón Lozano y De Gennaro se callaron la boca cuando Yasky y Pedro Wasiejko ni siquiera se atrevieron a votar en contra del salario mínimo acordado en el Consejo del Salario, actitud que hasta saludó la misma UIA.

Así como el 82% móvil trucho, Lozano tampoco propone terminar con las AFJP’s sino transformarlas en “una opción por fuera del sistema previsional ... donde debe favorecerse la participación de otros agentes (sindicatos, mutuales, cooperativas, etc.)”6. Menudo favor para muchos burócratas de la CGT que manejan las AFJP’s con bancos y compañias de seguros.

Por otro lado, Lozano se niega a sostener la necesidad de administrar las cajas jubilatorias mediante el control de los trabajadores y los jubilados, y de esa forma admite la ingerencia del Estado en la legítima propiedad de los trabajadores, ya sea mediante su incorporación al Presupuesto Nacional, o ya sea con el vaciamiento de las cajas para pagar deuda externa y negociados patronales, tal como sucede actualmente en Córdoba y en la provincia de Buenos Aires, donde Sciolli pretende vaciar el Instituto de Previsión Social para financiar el déficit del estado provincial.

Por último, una perlita: Lozano y De Gennaro de ningún modo pueden emprender una lucha genuina por el 82% móvil, alineando a la CTA junto a los patrones de la Federación Agraria que emplean trabajadores predominantemente en negro, sin ningún tipo de derechos.

Los militantes de la CTA deben desterrar estos proyectos opuestos a los intereses del conjunto de la clase trabajadora. Para hacer efectiva la lucha por el 82% móvil es necesario poner de pie a toda la clase trabajadora para imponer un programa que contemple un aumento de salario igual al costo de la canasta familiar ajustado de acuerdo a la inflación, la restitución de los aportes patronales reducidos desde 1994, la derogación de toda la legislación flexibilizadora y el pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados, la nacionalización sin pago de las AFJP’s y la administración obrera de los fondos jubilatorios, expulsando la intervención del Estado y los patrones.

 

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