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Elección de los jueces por voto popular

400 jueces de la dictadura en la Argentina K

29 de marzo 2007

En el acto del 24 de marzo en el predio de La Perla en Córdoba, Kirchner cargó contra la Cámara de Casación responsabilizándola de frenar los juicios a los genocidas. Mientras el presidente fustigaba a militares y funcionarios judiciales cómplices, en el palco Madres de la Plaza, HIJOS y ex detenidos de La Perla, no alcanzaban a disimular la presencia en el sector "VIP", frente a ese mismo palco, de Daniel Scioli, Aníbal Fernández, el candidato de De la Sota Juan Schiaretti y otros impresentables. Atrás, una enorme bandera rezaba "Partido Justicialista de Córdoba presente".

El ataque a Casación

El ataque de Kirchner a Casación provocó la reacción del Presidente de ese tribunal, Alfredo Bisordi (ver tapa). Sus palabras demuestran la continuidad del aparato jurídico heredado por la dictadura. La existencia de estos funcionarios no es resabio del pasado sino producto del Pacto de Impunidad que el PJ y la UCR garantizaron desde 1983.
Llama la atención cómo los grandes medios de comunicación de la burguesía se alinean en la defensa de Casación contra el gobierno, argumentando sobre el peligro que corre "la República" (La Nación) o la "calidad institucional" (Clarín). Este último pone un signo igual entre la adulteración del Indice de Precios al Consumidor del INDEC y la presión sobre Casación. En el primer caso es clara la mentira del gobierno para garantizarse indicadores favorables, es una acción decididamente antipopular. En el caso del Tribunal, se trata de un ataque a un organismo completamente reaccionario, que frena el juicio a los procesistas. Los argumentos "republicanos" de la prensa son esgrimidos para defender las instituciones que avalan la impunidad de los genocidas.
Las palabras de Kirchner y posteriormente las de Aníbal Fernández pidiendo la renuncia de Bisordi, unieron a la oposición patronal –tanto a Macri y Lavagna como a Carrió- y a la derecha judicial con la Corte Suprema "progresista" que pidió "mesura" al oficialismo. Queda claro que los mismos jueces nombrados por Kirchner, amparándose en la "independencia judicial" salieron a dar muestra del espíritu de cuerpo de una casta oligárquica, que no se somete a ningún tipo de control ciudadano.

Convivencia

El kirchnerismo busca presentar esta ofensiva contra Casación como parte de la lucha por el castigo a los militares. Pero su "pelea" se reduce a encauzar unos cuantos juicios emblemáticos, que sirvan como marco para "resolver" la cuestión del genocidio y rediscutir un nuevo pacto de impunidad sobre los crímenes del estado y sus cómplices enquistados en las instituciones. Por eso, viene oponiéndose a que los militares sean juzgados por genocidio como sucedió con la sentencia a Etchecolatz, lo que implicaría que vayan al banquillo todos los que tuvieron algo que ver con la dictadura.
El ataque a Casación es una manifestación de la crisis de la política kirchnerista de convivencia con un aparato de estado represivo y judicial que tiene importantes elementos de continuidad con la dictadura y el menemismo y que no está dispuesto a ceder un milímetro de su poder. Por eso, este tribunal traba las causas contra los procesistas mientras los organismos de seguridad del Estado garantizan la impunidad a los secuestradores de López y Gerez.
Que Kirchner no lucha efectivamente contra la impunidad lo demuestra su negativa sistemática a abrir los archivos de la SIDE, a entregar las listas de los militares y funcionarios que trabajaron durante la dictadura, a derogar los indultos, a dar los nombres de los cómplices civiles, funcionarios, periodistas, curas y empresarios para que sean juzgados. Tampoco apela a la movilización popular.

Independencia del gobierno

En este escenario es equivocada la actitud de los organismos de Derechos Humanos oficialistas de llamar a defender al gobierno frente a la oposición patronal, los grandes medios y la derecha judicial.
Además de levantar la exigencia de remoción de los jueces de Casación –como hace tiempo piden los organismos del encuentro Memoria, Verdad y Justicia- es necesaria una política independiente del kirchnerismo, de lucha por el juicio a todos los militares y sus cómplices por genocidio y por la inmediata aparición con vida de Julio López, impulsando la lucha en las calles. En ese camino, hay que impulsar una Asamblea Nacional de Lucha contra la Impunidad.
La conmemoración del 24 de marzo en Plaza de Mayo y otras ciudades del país convocada por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, mostró la persistencia y masividad del movimiento que pelea por la aparición con vida de Julio López y denuncia el doble discurso de Kirchner frente a la impunidad. Fue un importante paso que muestra la potencialidad de una política independiente.

Doble discurso

El 22 de marzo en Laferrere Kirchner acusó a los docentes de Santa Cruz en huelga, de quererlo "extorsionar". Según él los maestros de su provincia ganan "$1.885 contra $1.040 del resto del país y con doble cargo $3.000". El dirigente sindical Pedro Muñoz respondió que "del salario entre el 43 y el 49% es en negro y que el sueldo básico de un docente santacruceño es de $161,1" (Página/12 23/3).
El ataque a los trabajadores muestra la otra cara del discurso kirchnerista, aquella que busca demonizar la lucha obrera y popular para ocultar la sostenida desigualdad en la distribución del ingreso mientras desde la tribuna habla de derechos humanos y justicia social.
Según el INDEC en el 4° trimestre del 2006 la brecha de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre es de 31 veces. No extraña entonces que un gobierno que afianza semejante desigualdad y garantiza las ganancias de los empresarios (muchos de ellos de los mismos grupos económicos que promovieron el golpe), busque deslegitimar la lucha de los trabajadores, precisamente los de su propia provincia, que son quienes más lo conocen.
La clase trabajadora necesita una herramienta política propia para encabezar la lucha de todo el pueblo contra la impunidad que anida en las bases de la Argentina capitalista.

Prensa

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