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Nacionales

En la capital del boom de la construcción

Estalló el drama de la vivienda

15 de febrero 2007

El 8 de febrero un incendio arrasaba con el asentamiento “El Cartón”, ubicado bajo la autopista AU7 Presidente Cámpora, en Villa Soldati. El 90% de las casillas en las que vivían más de 1.500 personas fueron devoradas por el fuego con la secuela de casi 200 heridos. Al día de hoy, la mayoría sigue luchando para evitar un traslado incierto y transitorio por parte del gobierno de la Ciudad.
Como si estos padecimientos fueran poco, tuvieron que soportar las manifestaciones de vecinos de la zona, que culpan a sus habitantes de sus propios males. No es la primera vez que trabajadores pobres, en su mayoría, enfrentan a los sectores más vulnerables, haciéndole el juego a los que –como el gobierno y los punteros de la oposición– quieren ocultar a los verdaderos responsables.
En un acta del 7/06/2006, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires destaca que en el asentamiento “se alojan alrededor de 700 grupos familiares, de los cuales el 50% de los integrantes son menores de edad. Alrededor del 80% de la población se dedica al trabajo de recuperación de cartones, plásticos y otros materiales remanentes(...) Refieren los vecinos que cuando llueve el terreno se inunda totalmente, quedando las aguas estancadas y las casillas inundadas lo que contribuye a la propagación de enfermedades infecciosas. Los habitantes manifiestan que hay gran cantidad de roedores, cucarachas, garrapatas y mosquitos que causan serias enfermedades en la población”.
 
De villas y asentamientos en la ciudad
En los últimos cinco años se consolidaron 24 nuevos asentamientos de emergencia en la Capital, 20 de ellos están en la zona sur. Esta tendencia es parte de un fenómeno nacional, en especial en el Gran Buenos Aires.
Para la Capital, la Coordinadora de Villas de la Ciudad calcula que en los últimos cuatro años la población en los asentamientos creció un 30% y que en ese mismo período los asentamientos de emergencia pasaron de cobijar a unas 110.000 personas a albergar a más de 150.000 habitantes. Y concluye: “La población que habita en villas de emergencia aumentó un 300% entre 1983 y 1991 y un 150% adicional en la última década”.
El estudio precisa además que hay 200.000 personas que ocupan inmuebles tomados, otras 70.000 que viven en inquilinatos y otras 70.000 que residen en hospedajes o alojamientos. A éstas se suman unas 120.000 personas alojadas en viviendas de familiares, habitaciones rentadas o hacinadas en vivienda propia, todo lo cual informa que el 20% de los habitantes de la ciudad se halla en una situación habitacional deficitaria.
Pero incluso estas cifras son cuestionables ya que la proliferación de nuevas villas no para de extenderse. Así en el barrio de Barracas surgió villa La Robustiana y en Chacarita hay un asentamiento que aún no tiene nombre.
Según datos de la Defensoría, los 24 Nuevos Asentamientos Urbanos (NAU), a diferencia de las tradicionales villas miseria “están emplazados en terrenos que presentan características topográficas inadecuadas para su urbanización (terraplenes de ferrocarril, bajo autopistas, predios abandonados, entre otros lugares). Las construcciones son muy precarias y no reúnen niveles mínimos de consolidación, carecen de infraestructura y de los servicios más elementales. Las viviendas por lo general son casillas o ranchos construidos con cartón o chapa; los techos se improvisan con bolsas de plásticos y cartones y los pisos son de tierra o cascotes apisonados”.
La respuesta del gobierno de Telerman y la Legislatura, como antes el de Ibarra, a este verdadero drama social ha sido los desalojos violentos, los negocios inmobiliarios incalculables, las reformas del Código de Planeamiento Urbano al servicio de los negociados inmobiliarios y la patronal, etc. Como resultado del plan de viviendas populares podemos decir que después de la devaluación se construyeron 700 viviendas anuales (un número irrisorio frente al boom de la construcción). Ironías de la historia: en julio de 2004, cuando Jorge Telerman era ministro de Desarrollo Social, la Legislatura declaró, por tres años, el estado de “emergencia habitacional” en la Ciudad.

Boom inmobiliario, ganancias capitalistas en detrimento de la mayoría
El boom del mercado inmobiliario de estos últimos años implica grandes negocios para una minoría. En 2006 la construcción creció un 15%, en gran parte relacionada con la construcción del sector privado, las viviendas para los sectores más ricos y los emprendimientos industriales y turísticos. Se calcula que en la Ciudad de Buenos Aires existen 127.000 viviendas deshabitadas y el 50% de los permisos de construcción son para viviendas suntuosas.
Para muchas familias en situación de pobreza sólo es posible acceder a un techo mediante ocupaciones. Por lo tanto, el asentamiento en tierras situadas en áreas sin servicios, ambientalmente degradadas o expuestas a desastres naturales, es el modo predominante de acceso a la ciudad para los más pobres. Si esta es la contracara más brutal del boom inmobiliario, también tiene consecuencias para otro importante sector de la población que paga alquileres (alrededor de un 30%), que han tenido un aumento sin precedentes, mientras que, pese a la demagogia gubernamental, los famosos créditos hipotecarios resultan inaccesibles (de 85.000 solicitudes solo 290 fueron aprobadas por el Banco Nación).
La llamada “renovación urbana” en manos de la burguesía, tiene un carácter anárquico, que lleva entre otras cosas, al colapso de la infraestructura, la saturación del medio ambiente, además de la falta de vivienda.

Las reformas al Código de Planeamiento Urbano
La Legislatura porteña aprobó en noviembre del 2006 una reforma del Código de Planeamiento Urbano que permite la instalación de industrias en lugares antes vedados, al mismo tiempo que autoriza edificaciones de mayor altura en algunos barrios, reforma que tuvo su primer tropiezo hace tres meses con las movilizaciones de vecinos y la suspensión transitoria de la construcción de las megatorres.
No por nada sectores importantes de la patronal como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la UIA, la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA) y sindicatos como el del Calzado, la UOM y el del Vestido (cuyos dirigentes son de los más antiobreros) organizaron un brindis el 15 de marzo de 2006 para festejar el proyecto de modificación del Código de Planeamiento Urbano. Con éste se eliminan las restricciones para la instalación en zonas residenciales de las industrias manufactureras y de enseres domésticos (contaminantes muchas de ellas), que regían desde 1977 “habida cuenta de la necesidad de generar condiciones que favorezcan la creación de empleo genuino y riqueza”, como consta en su comunicado del 13 de marzo. Como se puede apreciar, el negocio es redondo: en un sólo acto beneficiaron a las grandes constructoras, a empresarios y a los dirigentes sindicales vendidos.
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Algunas medidas

Ante la dramática situación de la vivienda para las mayorías populares es urgente organizar la lucha por:
- Plan de viviendas acordes a las necesidades de las familias trabajadoras y el pueblo pobre bajo control de los trabajadores y las organizaciones combativas como el ECA (Espacio de Coordinación de Cooperativas Autogestionadas).
- Urbanización inmediata de todas las villas de emergencia para sus pobladores, de acuerdo a un plan elaborado con los habitantes.
- Expropiación de inmuebles ociosos para ser adjudicados a los habitantes de los asentamientos.
- Salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar. En lo inmediato, los alquileres no representen más del 20% del salario mínimo.
- Cese de la construcción de megatorres. Basta de desalojos y los remates.

Las penurias de los que están condenados a vivir en verdaderos ghetos, pero también la degradación de la calidad de vida de sectores mayoritarios de la población, desnudan las consecuencias inevitables de la apropiación capitalista del suelo y todos sus recursos. Es imposible conciliar en un “plan urbano” las necesidades de los trabajadores y el pueblo pobre con la apropiación privada del suelo y la organización anárquica que esto supone. El desarrollo capitalista de las ciudades reproduce las condiciones de polarización entre la riqueza de una minoría y la miseria de la mayoría, además de la depredación del medio ambiente.
Por esto la planificación del desarrollo urbano en función de los intereses populares plantea la necesidad de expropiación sin pago de los grandes terratenientes urbanos (como la Iglesia), de la banca y de las grandes constructoras para la reapropiación social de los recursos, al servicio de una verdadera reforma urbana bajo control de los trabajadores y vecinos. 



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