Hace más de una semana se inició el juicio contra los genocidas en Jujuy. La campaña mediática de Carlos Pedro Blaquier, intentando deslindar su responsabilidad por los crímenes cometidos contra los trabajadores y el pueblo pobre de Ledesma, fue refutada por la declaración del represor Braga quien confirmó que los vehículos de su empresa entraban y salían del Centro Clandestino de Detención de Guerrero. Hasta ahora el empresario genocida logró evitar sentarse frente al tribunal. Habrá que ver qué nueva maniobra intenta para la próxima citación.

El gobierno kirchnerista provincial busca posicionarse como “defensor” de los derechos humanos, haciéndose eco de la demanda de los organismos de Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos impulsando una comisión permanente de DDHH en la Legislatura, conformada por empresarios superexplotadores como Miguel Tito y abogados reaccionarios como Guillermo Snopek, ambos representantes de la UCR y el PJ, los partidos patronales que le pusieron funcionarios a la intervención militar de Urdapilleta. Increíblemente así Fellner se pintó de “progresista” y cooptó a la mayoría de los organismos, a pesar de haber integrado el estudio de abogados Frías- Mallagray, que sirvió a la empresa Ledesma, y de que en ocho años como gobernador no movió un dedo para agilizar los juicios en Jujuy, sosteniendo al juez Olivera Pastor, y tuvo como jefe de policía al coronel Carrizo Salvadores, un milico genocida.

Por su parte el gobierno nacional, en su política de juzgar sólo a los genocidas emblemáticos y establecer un nuevo “punto final”, mandó a La Cámpora con Pietragala a la cabeza a “señalizar” los lugares que funcionaron como Centros de Detención: las comisarías de Calilegua y Libertador y el destacamento, nunca declarado, de Gendarmería localizado en un inmueble de la empresa Ledesma. Pero fiel a su doble discurso, mientras sus jueces citan a declarar al genocida Blaquier (quien hace todo para no enfrentarlos) CFK ataca a los trabajadores azucareros que vienen dando importantes luchas, interviniendo sus organizaciones como el SOEA del Ingenio La Esperanza luego de encarcelar y procesar activistas, dirigentes y asesores. En el caso del sindicato del azúcar de Ledesma, el ministro Tomada se niega a reconocer los fueros de los delegados democráticamente votados por la base a fines de 2011, obedeciendo la impugnación presentada por la propia patronal.

Los trabajadores y la juventud revolucionaria del PTS decimos que no hay que confiar en la Justicia K ni en el gobierno patronal. Sólo la movilización independiente de la clase obrera y el pueblo podrá meter en la cárcel a Blaquier y todos los genocidas y acabar con la dictadura patronal en las fábricas, sostenida por el propio Ministerio de Trabajo.

Con esta política marcharemos el 26 de julio, en nuevo aniversario de La Noche del Apagón, desde Calilegua a Libertador, con una columna de trabajadores y trabajadoras municipales, docentes, del sindicato de maestranzas, de los ingenios La Esperanza y Ledesma, del citrus y de parques nacionales y jóvenes estudiantes universitarios y terciarios. Nuestra movilización y lucha es el mejor homenaje a quienes dieron su vida por una salida revolucionaria contribuyendo a la organización de la clase obrera.