(PTS, 26/02/12) En una carta dirigida a los militantes kirchneristas publicada en Facebook la Ministra Nilda Garré reconoce que las fuerzas bajo su mando "producen pruebas" para criminalizar a los que luchan por sus derechos. "Hubo otros que intentaron desmerecer la calidad de la prueba producida por los organismos de seguridad federales, bajo mi mando, como estrategia de defensa en los tribunales donde se los ha imputado de delitos y procesado", escribe la ministra.
La "calidad de la prueba" contra los luchadores de Kraft, Pepsico, el PTS y los más de 5.000 luchadores imputados penalmente en todo el país por luchar está desmerecida -y es nula- por el simple hecho de que se produjo en forma totalmente ilegal, haciendo espionaje e infiltración, utilizando bases de datos donde figura la pertenencia política de los dirigentes, recopilados en el denominado "Centro Reunión de Información de Campo de Mayo". ¿Qué tiene que decir la Ministra sobre los agentes de gendarmería que se infiltraron de civil en las asambleas y protestas de los trabajadores de Kraft, violando el artículo 11 del "Acuerdo sobre Seguridad Interior" impulsado y rubricado por la misma Garré que prohíbe expresamente dicha metodología? ¿Por qué oculta la Ministra que sus gendarmes informan a los jueces sobre la filiación política violando las leyes de Inteligencia y de Protección de Datos Personales?
La respuesta está en que este gobierno, en connivencia con varios magistrados judiciales, se ocupa armar y digitar en los últimos tiempos casi 1.000 causas contra los que luchan contra sus políticas y las patronales, como sucedió con el escandaloso caso del Rubén ’Pollo’ Sobrero —que venía denunciando las condiciones del Ferrocarril Sarmiento— y ahora contra Javier Hermosilla y sus compañeros de Kraft.
Nilda Garré debe irse ya.
Myriam Bregman y Christian Castillo
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