A pocos días del 10° aniversario del 20 de diciembre, cuando aún continúan impunes 34 asesinatos ordenados por el gobierno de La Alianza, el Congreso se dispone a tratar un proyecto presentado por el kirchnerismo con la finalidad de introducir una modificación en el Código Penal que agrava las penas para hacer efectiva la persecución de la protesta social mediante la prisión efectiva. El proyecto de marras materializa el encarcelamiento de activistas, pues duplica todas la penas consideradas en el Código Penal (tanto las mínimas como las máximas) a aquel que cometiera un delito “si la finalidad fuese la de obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo” (Art. 41). ¡Acaso las medidas de fuerza que emplean los trabajadores no tienden a “obligar a las autoridades” a satisfacer sus reclamos! Plagada de vaguedades e imprecisiones, la letra de esta iniciativa resulta tan perversa que desemboca en la inversión de la carga de prueba, de tal modo que no es el Estado el que debe probar la culpabilidad del acusado sino que es el acusado el que debe demostrar su inocencia, una violación de los principios elementales del derecho. Pero hay más. Bajo estos considerandos podría ser sancionado con penas de 5 a 15 años de prisión efectiva el que “recolectare o proveyera fondos para la comisión de delitos” (Art. 306), es decir que, por ejemplo, una agrupación estudiantil podría ser acusada de terrorista si promueve un bono solidario para sostener la lucha de trabajadores que ocupan una fábrica, como sucedió en 2001 con los obreros y obreras de Zanon.

En el marco del giro a derecha del gobierno, cuando tras la asunción del nuevo mandato Cristina ataca a los sindicatos cuestionando el derecho a huelga como “extorsión” o “chantaje”, la iniciativa presentada resulta temeraria. Así también lo denunciaron organizaciones kirchneristas como el CELS, la CTA de Hugo Yasky y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, las cuales advirtieron que esta reforma “legitimaría la criminalización de la protesta social”.

La legislación antiterrorista vigente en Chile constituye una seria advertencia: el derechista Piñera tiene el reaseguro de esta ley sancionada por la dictadura de Pinochet, con la cual el gobierno “progresista” de la Concertación encarceló a más de 100 activistas del pueblo mapuche que defendían sus tierras originarias de las agresiones de los terratenientes y sus guardias blancas guiados por el Plan Araucania.

Es el imperialismo

Si bien fue apoyada vergonzosamente por Carlos Heller, dirigente sabbatellista y ex PC, la iniciativa es tan escandalosa que despertó reservas hasta del menemista Jorge Yoma, quien sostuvo que era “una pésima política criminal”, aunque, obediencia debida mediante, firmó a favor del despacho de mayoría elaborado por la Comisión de Legislación Penal (http://www.parlamentario.com/noticia-41650.html). Mientras, otros legisladores de la oposición como el radical Ricardo Gil Laavedra y la progresista Margarita Stolbizer del FAP objetaron el proyecto por conducir a “una criminalización innecesaria”. Sin embargo, estos dos caraduras junto al derechista Federico Pinedo, la extinta Elisa Carrio y el “socialista” Roy Cortina, entre otros, presentaron en agosto de 2010 otro proyecto de ley antiterrorista similar, a instancias del 4° Encuentro de Lucha contra el Terrorismo, organizado por el Congreso Judío Latinoamericano y la embajada de EE.UU. En este sentido, el periodista Horacio Verbitsky denunció que “el titular de la UIF (Unidad de Información Financiera) José Sbatella reconoció que estas reformas obedecen a la presión internacional y que de no aceptarlas, la Argentina corría el riesgo de ser excluida del GAFI y del G20” (Página12, 11/12). ¿Pro imperialismo? A confesión de parte…

En verdad, semicolonias latinoamericanas como Honduras y Paraguay adecuaron sus legislaciones a partir de las exigencias del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), un organismo piloteado por el FMI y EE.UU.
que bajo la mascarada de la “lucha contra el terrorismo y el lavado de dinero” utiliza el chantaje de las inversiones externas a cambio de leyes favorables a las políticas imperialistas. Probablemente la demostración más elocuente de esa subordinación fue la sanción de la Ley Antiterrorista n° 26.268, conocida popularmente como Ley Bush, enviada por Néstor Kirchner en junio de 2007 a pedido del ex presidente norteamericano y el Consejo Judío Americano, cuya finalidad fue demonizar a Irán a partir de la manipulación de la causa impune de la AMIA, en función de los intereses que persigue EE.UU. y su aliado, el Estado de Israel, en Medio Oriente. No por nada, cuando EE.UU. y la UE se disponen a lanzar una nueva ronda de sanciones financieras contra Irán, Obama convocó a Cristina a “profundizar el trabajo conjunto durante el segundo mandato... en materia de lucha contra el terrorismo y el narcotráfico y se sume a la presión internacional contra Irán” (La Nación, 11/12).

Afín al imperialismo y las clases dominantes, la legislación antiterrorista constituye una espada de Damocles sobre el conjunto del pueblo trabajador, poniendo en tela de juicio las libertades democráticas más esenciales. La lucha por la anulación de todas las leyes antiterroristas es una tarea de primer orden, que no puede estar separada de la lucha contra la persecución de los delegados y activistas combativos, el desprocesamiento de más de 5.000 luchadores obreros y populares y la libertad de los presos políticos, cuando el gobierno comienza a atacar a los sindicatos ante las consecuencias de la crisis económica internacional. Es necesario poner en pie una gran campaña democrática con decenas de miles en las calles para tirar abajo esta política represiva. Un primer paso es la convocatoria a una conferencia de prensa el lunes 19 a las 15 hs. en el Salón Cabezas de la Cámara de Diputados para repudiar la votación de este proyecto represivo por parte de las organizaciones que componemos el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, entre las cuales se encuentra el CeProDH. Asimismo, la marcha del 20 de diciembre debe ser una tribuna para rechazar este proyecto de ley así como toda la política represiva del gobierno.

Legislación antiterrorista

Ley 26.268, conocida como Ley Bush.

Ley 26.023, adoptada por la Convención Interamericana contra el Terrorismo.

Ley 26.024, adoptada por el Convenio Internacional para la Represión de la financiación del Terrorismo.

Leyes 25.241, 25.246 y 26.683.