El sábado 4 de junio salió de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, la caravana “por la paz con justicia y dignidad”, convocada por el poeta Javier Sicilia (cuyo hijo fue asesinado), con destino a Ciudad Juárez, Chihuahua.

A continuación entrevistamos a Javier Lucero, quien durante el recorrido fue parte de la delegación de la LTS y de la agrupación estudiantil Contracorriente. Pueden leerse todos los artículos sobre la caravana como así también la polémica de la LTS con la política levantada por Sicilia en www.ltscc.org.mx

Cuéntanos cómo fue el recorrido de la Caravana y su impacto por los lugares que visitaron

En su recorrido, la caravana visitó algunas de las ciudades más golpeadas por la militarización y la “guerra contra el narco” como Morelia, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Saltillo, Torreón, Monterrey, Chihuahua y finalmente Ciudad Juárez, y en cada una de esas ciudades se efectuaron movilizaciones a las que se incorporó la población local, cuya participación ha expresado el importante alcance que ha tenido el llamado de Sicilia así como la potencialidad que tendría un movimiento en las calles contra la militarización del país. Participamos del recorrido integrantes del SME, del magisterio, telefonistas, organizaciones estudiantiles, la Coordinadora Metropolitana contra la Militarización, familiares de las víctimas de la guerra contra el narco, organizaciones de izquierda, adherentes de La Otra Campaña de EZLN, etc.

Durante los mítines, se expresaron por decenas los familiares de las víctimas de la militarización y la guerra contra el narco, y predominó la denuncia de los asesinatos, feminicidios y desapariciones forzadas, resultado del ataque a las libertades democráticas y la represión. En una enorme cantidad de los casos expuestos en cada ciudad se señaló directamente a los gobiernos y policías municipales, locales y federales, al Ejército y la Marina como responsables de los asesinatos, desapariciones y demás atrocidades que vienen padeciendo el pueblo y los trabajadores.

Entre testimonios vertidos en los mítines encontramos el del pueblo wirarika de Wirikuta en San Luis Potosí que padece la represión del Ejército y el de la población de Cherán en el estado de Michoacán, que se ha organizado para la autodefensa frente al hostigamiento y los ataques de las bandas de narcotraficantes y paramilitares que pretenden hacerse con el control de la región para asegurar sus negocios como la tala clandestina y el contrabando de drogas. Se escuchó el caso de Josefina Reyes Salazar y su familia, luchadores por los derechos humanos, asesinados y perseguidos por su pelea contra la militarización de Ciudad Juárez.

Durante nuestra estancia en las ciudades de Torreón y Monterrey, mientras se realizaban los respectivos mítines, los manifestantes fuimos rodeados y vigilados por elementos de las policías federal y estatal, así como del Ejército.
La fuerte presencia policial fue parte sin duda de los intentos de intimidación a los asistentes.

En Chihuahua, el día 9 de junio se realizó un gran acto político frente al palacio de gobierno de la ciudad, con la asistencia de más de 5 mil personas, en el que se retomó el caso de Marisela Escobedo, asesinada frente al palacio de gobierno de esa ciudad, mientras exigía castigo para el asesino confeso de su hija, capturado gracias a sus propias investigaciones y luego liberado por un Tribunal Colegiado de Circuito. Durante este emotivo acto político se develó una placa de bronce en el lugar de su asesinato.

Por la noche del mismo día la caravana llegó a Ciudad Juárez, mientras cientos de personas en las calles la recibían a la entrada de la ciudad. El acto de recepción terminó en la madrugada del 10, a pesar del temor al hostigamiento de los militares, los federales y los sicarios al servicio de los carteles.

Dieciocho camiones que provenían de la caravana fueron recibidos por casi 5 mil personas en Villas de Salvárcar. La Asamblea Ciudadana Juarense clamó con claridad: desde que inició la “guerra contra el narco”, los asesinatos en Juárez se dispararon en un 500%, lo mismo que las desapariciones forzadas y los asesinatos de trabajadoras de la maquila.

El 10 de junio tuvo lugar un mitin en el predio llamado Campo Algodonero, sitio emblemático de los asesinatos de mujeres en ciudad Juárez. Fue un acto de intensa denuncia a las autoridades, que contó con la asistencia de cientos de personas, y en el que decenas de familiares de mujeres asesinadas y desaparecidas y organizaciones como Nuestras Hijas de Regreso a Casa señalaron a las autoridades, tanto federales como locales, como culpables del feminicidio.

¿Cuál fue la política impulsada por la LTS y por Contracorriente?

Nosotros consideramos que la única manera de frenar la guerra contra el narcotráfico, la militarización del país, la represión, la criminalización de la protesta y de la lucha así como los ataques de las libertades democráticas requiere conformar un gran Movimiento Nacional contra la Militarización, a través de una alianza con la clase trabajadora y sus organizaciones, así como con el conjunto del pueblo oprimido y explotado, que viene siendo el más golpeado por la permanencia de los militares en las calles.

En correspondencia con esto, durante la discusión sobre la llamada “guerra contra el narco” de Calderón, desde la LTS dimos una pelea para que la lucha contra la militarización sea por la desmilitarización inmediata del país, planteando que los militares deben estar ya fuera de las calles, pues son la causa primordial de la violencia que afecta a los trabajadores, las mujeres, los migrantes, los jóvenes y el pueblo pobre. Al mismo tiempo, planteamos el legítimo derecho de los trabajadores y el pueblo a organizar su autodefensa y la lucha por la disolución de los cuerpos represivos y paramilitares. Esta pelea se dio frente a aquellas posiciones que consideran que la desmilitarización inmediata es imposible por los niveles de violencia generados por la “guerra entre carteles” y que la policía es incapaz de controlar: olvidan que la militarización del país, además de haber desatado la enorme cantidad de asesinatos, las desapariciones y feminicidios, es parte de una estrategia de lucha contra la protesta obrera y popular, y a su vez ignoran que la misma es parte de los planes del imperialismo para México. Por ello bregamos por incorporar la lucha contra todos los acuerdos en seguridad con el imperialismo como el Plan Mérida.

En la discusión relativa a la organización y el carácter del movimiento planteamos la necesidad de forjar la unidad de los trabajadores y sectores populares y que esta permita agrupar a los sectores golpeados por la militarización y los planes de este régimen antidemocrático contra los trabajadores y el pueblo, para formar un gran Movimiento contra la Militarización que pelee en las calles y con los métodos de lucha de los trabajadores por el fin de la militarización, una alianza que además tenga un carácter de independencia política de los partidos patronales y figuras políticas del régimen. Esto se hizo debatiendo en contra de las posiciones que argumentaban a favor de la participación de sectores de los empresarios en este movimiento. Pero son los empresarios quienes engrosan sus ganancias mediante la superexplotación de la juventud y precarizan el salario chantajeando a las y los trabajadores con el desempleo; son ellos los que piden más “mano dura” y más policías. Son estas condiciones de vida lo que lleva a los jóvenes a ser carne de cañón del narcotráfico y sus bandas.

Planteamos que esta alianza debe impulsar un Encuentro Nacional contra la Militarización que aglutine las demandas de todos los sectores y que se construya desde las bases a través de comités en centros de trabajo y estudio, barrios y comunidades. Un encuentro donde resolvamos un plan de lucha a nivel nacional que impulse paros y una huelga general por la salida inmediata de los militares y su vuelta a los cuarteles. La conformación de estos comités de base permitiría incorporar a aquellos sectores que vienen sufriendo la represión y no se encuentran organizados en ningún lugar hasta ahora, y que desde éstos puedan votarse delegados rotativos y revocables que integrarían comités o comisiones de carácter territorial a nivel estatal o regional que posibilitarían articular un enorme movimiento a nivel nacional en contra de la militarización.