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LOS DIRECTORES DE ANSES Y LA DISPUTA CON TECHINT

Una disputa para sostener un regulacionismo fantoche

El enfrentamiento entre el kirchnerismo y Techint ha dado un nuevo paso en las últimas semanas. Primero, se enturbiaron las aguas con la anunciada intención del gobierno de reemplazar al director designado previamente en representación de ANSES, Aldo Ferrer -ahora embajador en Francia-, por Axel Kicillof.

Esteban Mercatante

21 de abril 2011

El enfrentamiento entre el kirchnerismo y Techint ha dado un nuevo paso en las últimas semanas. Primero, se enturbiaron las aguas con la anunciada intención del gobierno de reemplazar al director designado previamente en representación de ANSES, Aldo Ferrer -ahora embajador en Francia-, por Axel Kicillof. La propuesta era cambiar un economista de amplia trayectoria y de claras simpatías por los industriales nacionales por un miembro de La Cámpora, presuntamente “marxista” según los directivos Techint. Aunque si uno mira sus iniciativas como gerente financiero de Aerolíneas desde su estatización -que acicateó los conflictos sindicales- este economista es insospechable de tener las inclinaciones ideológicas que se le adjudican, ha generado resistencia en la empresa por tratarse de un claro militante K, a diferencia de Ferrer que había sido propuesto por la empresa por su posición más “equilibrada”. Desde Techint contrapropusieron a Bernardo Kosakoff, ex director de la agencia de la CEPAL en Argentina. Como respuesta, recibieron el DNU que habilita al gobierno a nombrar tres directores, y no uno, límite que había sido fijado por la ley que estatizó los fondos de las AFJPs.

Por lo pronto, el grupo Rocca y el gobierno han pasado la disputa al terreno judicial. La empresa presentó un amparo denunciando la nulidad de la asamblea de accionistas declarada por la Cominisión Nacional de Valores, y el gobierno demandó ayer a Techint por “vulnerar los derechos” del Estado como accionista minoritario. Los accionistas de otras compañías afectadas, como Molinos de Pérez Companc también aplazaron la designación de directores para ganar tiempo. Sin embargo, una parte del empresariado está dando un paso al costado, ya que opina que el grupo siderúrgico ha tensado las cuerdas de manera innecesaria, agravando las tensiones que empezaron a marcarse desde 2008, cuando en la pelea con las patronales agrarias, y luego con Clarín, el grupo evito apoyar la posición gubernamental. Aunque en un primer momento la UIA criticó la medida (como también lo hizo AEA) el día de ayer su titular llamó a bajar el tono a la discusión, sosteniendo que “no es un problema grave ni importante para el país” que se designen representantes de ANSES en el directorio de las empresas.

Sembrando pánico

La medida del gobierno generó títulos dramáticos en Clarín y La nación y otros medios. “Avance sobre el sector privado”, tituló el primero. La Asociación Empresaria Argentina y medios afines hacen correr la voz de alerta sobre las “medidas estatizadoras y chavistas” que se vienen.

Directivos de Techint señalan que la secuencia es la misma que se vivió en Venezuela, que terminó con la expropiación de Sidor. Por el lado oficialista, este anuncio ha disparado el fervor de la “militancia” K de La Cámpora, muy activos en la trinchera de la lucha... por los cargos (aunque algunos de los directores en representación de ANSES como Iván Heyn o Axel Kicillof salieron de la agrupación universitaria Tontos pero No Tanto, parece que no son Ningunos Tontos para la militancia rentada). El control que podrán hacer los representantes de ANSES de cómo se manejan las empresas, es festejado desde algunos representantes de este sector como un pilar la “profundización del modelo” K.

Sin embargo, desde ambos lados hay acá mucha cháchara interesada. Tanto la oposición y los empresarios, como el gobierno se benefician desde distintos ángulos de la magnificación de los alcances de estas iniciativas. Para los primeros lanzar las alarmas contra las medidas “antiempresarias” del gobierno K les da plafond para seguir poniendo el grito en el cielo contra el “intervencionismo”, a pesar de todas las evidencias de que estas no han afectado en lo más mínimo el desempeño económico de las grandes firmas, que siguen ganando fuerte con la economía K, como muestran los últimos datos de las firmas cotizantes en bolsa, que son las afectadas por este decreto.

Desde el punto de vista del gobierno, lo muestra firme “combatiendo al capital” en supuesto beneficio de los sectores populares, en momentos en que se ventilan las conversaciones de Tomada con Pedraza, que muestra la cercanía entre los funcionarios y los burócratas empresarios, piezas clave de las reformas laborales flexibilizadoras que tantos beneficios dieron y siguen dando a los empresarios.

Cuidando los fondos para el “bonapartismo de caja”

Pero, ¿cuál es el alcance de esta medida que tanto revuelo ha generado?
A algunos de los protagonistas, como Kiciloff, parece representárseles la designación de directores del Estados como un primer paso, para reunir información y preparar la avanzada sobre sectores estratégicos de la economía.

Más medido, el gobierno ha defendido la iniciativa como el derecho de cualquier socio de una inversión, en éste caso para defender su interés en la rentabilidad de dichos fondos, actuando en interés de los jubilados, actuales y futuros. ¿Da asidero el uso que hizo el gobierno de la plata de ANSES para tales afirmaciones? Si uno mira cómo el gobierno ha utilizado hasta el momento dichos activos, parece ser cierto que le preocupa la rentabilidad que se consigue. Bastante más dudoso -por no decir completamente increíble- es que esto sea para beneficiar a los jubilados.

Mientras que el gobierno pretende defender la rentabilidad de los fondos de los jubilados, lo cierto es que una parte mayoritaria de los recursos de ANSES, lejos de manejarse con criterios de rentabilidad que permitan garantizar el pago futuro de haberes, ha sido subordinada a las necesidades de financiamiento del gobierno. Una parte de sus recursos está ocupada en financiar proyectos de inversión públicos y privado de dudosa perspectiva, y sobre todo está financiando la emisión de deuda pública que cada día va a paso más rápido. Todo esto nos empieza a mostrar de a poco la vuelta de los usos que tuvieron en otros momentos históricos los fondos jubilatorios, colaborando con la reproducción del capital privado y no con la mejora de los haberes.

Como si todo esto fuera poco, aún cuando el Fondo de Garantía se acrecentó producto de los rendimientos logrados un 86% desde 2008, y que ANSES tiene un considerable superávit, el gobierno rechazó el 82%, y cambio anunció miserables aumentos que llevaron la mínima a $ 1.272, pretendiendo que se opone la posibilidad de mejorar los haberes con la extensión del número de beneficiarios que el gobierno impulsó, como si no pudieran impulsarse medidas como el aumento de los aportes patronales para incrementar los recursos del organismo. Todo esto hace bastante dudoso que sea el arbitraje en favor de los jubilados lo que motoriza la iniciativa oficial.

El Fondo de Garantía de ANSES, que se formó con las acciones de empresas, títulos de deuda y otros activos en manos de las AFJPs, fue transformado por el gobierno en una fuente de activos que fortaleció el “bonapartismo fiscal” o de caja, es decir el uso de recursos por parte del gobierno que le permite actuar de árbitro entre los distintos sectores empresarios, a la vez que la cooptación de varios movimientos sociales, y asegurarse la lealtad de gobernadores y punteros peronistas. Así como el kirchnerismo sacó sus frutos de la sojización durante todos estos años obteniendo su tajada de la renta agraria por vía de las retenciones, disfruta del aumento de los activos de ANSES gracias a la cuota de la plusvalía que las grandes empresas extraen a los obreros, de la cual participa tal como lo hacen todos los accionistas. Los funcionarios K afirman que buscan garantizar los intereses de sus acciones para arbitran “en favor de los pobres”… ¿lo harán “profundizando” las leyes de flexibilización que se mantuvieron durante todo el kirchnerismo, para mejorar su ganancia de accionistas?

Una disputa para disciplinar al empresariado

¿A dónde apunta entonces el nombramiento de gerentes del Estado? ¿Es que, como pretenden los medios opositores, el gobierno que ha transformado a los subsidios a la ganancia empresa en la principal partida del presupuesto (el gasto en subsidios supera incluso los pagos de la deuda, y supera 8 veces lo gastado en viviendas y urbanización) va a tener luego de 8 años un arranque estatizador? Aunque puedan alimentar esas ilusiones para la tribuna suena poco creíble, incluso aunque a la luz de tanto despilfarro en solventar a las empresas podría ser una ecuación económica de resultado beneficioso para el erario público.

La designación de directores en representación de ANSES, aparte de alimentar el fervor de “la militancia”, haciendo más fáciles de digerir los sapos que las alianzas gubernamentales proveen puntualmente semana a semana (Corpacci-Saadi, Menem, Aldo Rico, conversaciones Tomada-Pedraza) para el sector kirchnerista progre, es parte del tira y afloje entre los empresarios y el gobierno. Si en el terreno económico el kirchneristo ha puesto viento en popa a una agenda de “normalización” largamente solicitada por los organismos internacionales, gobiernos imperialistas y sectores empresarios locales, que incluye tratar de acordar con el club de París, encontrar alguna salida al atolladero del INDEC de la mano de la eufemísticamente denominada “asistencia técnica” del FMI, entre otros puntos (y varios sapos más para los que saludaron el “adiós” al FMI y el desendeudamiento mitológico mientras la deuda no ha parado de crecer durante estos años), viene dejando claro que no va a renunciar a los mecanismos bonapartistas. Es ese intento de marcar la cancha, limitar la capacidad de la cúpula empresarial para operar en favor de las alternativas opositoras en las elecciones y negociar las condiciones de convivencia pos octubre, lo que motiva la iniciativa gubernamental.

Lejos de afectar la propiedad privada y los intereses del capital, las medidas del gobierno buscan, en el mejor de los casos, fortalecer su capacidad para seguir arbitrando el destino de algunas módicas porciones de la ganancia -favoreciendo algunos sectores empresarios en detrimento de otros, sin la mínima traducción material en beneficio de ningún sector obrero y popular. Tan poco revulsivas son estas medidas, que el director de la universidad del CEMA, uno de los think tank más rabiosamente ultraliberales, salió a decir que la medida en sí no tiene ningún problema, que el Estado “no debe ser, como ya fue, un socio bobo en empresas de vivos que le toman la plata y no le dan los dividendos”.

Este “bonapartismo fiscal” le permite al gobierno enriquecer la caja, de manera de usar los recursos que quedan luego de pagar la deuda para arbitrar entre los capitalistas. También, le permite destinar partidas menores al “gasto social”, con el fin de sostener el conformismo social invitando a los trabajadores y sectores populares a participar de las migajas del banquete que disfrutan los capitalistas con la bonanza de los años K. Aunque un sector empresario patalee por las medidas “intervencionistas”, la regulación fantoche que impulsa el kirchnerismo tiene al capital como gran beneficiario.

En las antípodas de esto, que los fondos del ANSES se utilicen “en beneficio de los jubilados presentes y futuros” sólo puede garantizarlo que estos sean puestos bajo administración de los propios trabajadores y jubilados. De esta forma, una primer medida elemental sería garantizar el 82% móvil que el gobierno rechaza, sobre la base de aumentar los aportes patronales, los gravámenes a la renta financiera y a las ganancias de las empresas.

En el caso de empresas como Techint, lejos de limitarse a controlarla mediante algunos directores designados por ANSES, es necesario imponer su expropiación sin pago, para ponerla bajo administración obrera. Lo mismo, con otras empresas donde el gobierno pretende designar directores.

Medidas como estas deben ir acompañadas del monopolio estatal del comercio exterior, la expropiación de los grandes terratenientes, para avanzar en la apropiación íntegra de la renta agraria, declarar el no pago de la deuda pública, en vez de traer de vuelta al FMI. En las antípodas de “profundizar el modelo” de este gobierno que tiene una alianza estratégica con los burócratas sindicales y persigue a los que luchan, pelear por una alternativa independiente de la clase trabajadora.

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