La “seguridad ciudadana” se ha convertido en uno de los temas más importantes de la interna del kirchnerismo, revelando la capitulación del Gobierno nacional a la agenda de la derecha, en oposición a los intereses de las grandes mayorías populares.

En una explícita finta al gobernador bonaerense Daniel Scioli, Cristina Kirchner abrió las sesiones ordinarias del Congreso nacional afirmando que “había que hacer más escuelas que cárceles”, en obvia alusión a Ricardo Casal, ministro de Seguridad y Justicia bonaerense, un firme partidario de la construcción de penales y la restricción extrema del derecho de excarcelación, leal a su formación de guardiacárcel como alcalde mayor del Servicio Penitenciario Federal durante la dictadura militar, un derechista severamente cuestionado por la “izquierda kirchnerista”.

Sin embargo, y a renglón seguido, Cristina matizó con una mano de arena sosteniendo que “la seguridad no debe tener ideología”. Por eso reivindicó la agregación de miles de efectivos a las fuerzas de seguridad. Desde 2003, la Gendarmería sumó 12.000, la Prefectura 3.300 y la Policía Federal 10.000. Paso seguido, Cristina anticipó un plan de reestructuración de la Policía Federal, la que volcará 5.000 efectivos de administración a tareas de calle e incorporará nuevos patrulleros con tecnología de punta como la provisión de cámaras externas rotatorias.

Con la moderación que lo caracteriza, Scioli evitó un choque frontal con el Gobierno nacional pero reivindicó a vela desplegada toda su política de mano dura, haciendo de la seguridad el principal ítem de su discurso de apertura del año en la Legislatura bonaerense. En esa dirección, respaldó a su ministro Casal y declaró que esperaba la pronta sanción de un nuevo régimen penal juvenil, acorde a su propuesta de bajar la edad de imputabilidad a 14 años, en concordancia con la media sanción ya obtenida en el Senado en julio de 2009 a partir del voto unánime de todos los bloques, incluidos los legisladores del Frente para la Victoria. Asimismo, encomió el plan Centinela y anunció la incorporación de 8.000 nuevos efectivos a los ya 54.000 que componen la Bonaerense. Para completar el rosario de las derechadas, Scioli elogió el paquete de 40 leyes incorporadas al Código Procesal Penal y la creación de 74 nuevas fiscalías que aceleraron en tiempos record la detención de cientos de “delincuentes”.

En este sentido, y pesar de las diferencias, Scioli y Cristina comparten la responsabilidad política de incrementar la tasa de prisionización, producto de las consecuencias del “modelo de acumulación con inclusión social”. Según datos suministrados por el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena, entre 2003 y 2008 aumentó en 8.000 personas el número de detenidos en las cárceles del Sistema Penitencial Federal, llegando a más de 60.000 los presos hacinados en las mazmorras, el 75% sin condena, donde el 70% está compuesto por jóvenes pobres entre 18 y 34 años, el 51% sin ningún tipo de profesión. ¡Quién decía que la justicia era una puerta giratoria por donde se entraba y se salía!

Seguridad Democrática, otra forma de represión estatal

Tras los fusilamientos en José León Suárez y Baradero, el periodista Horacio Verbitsky, en su calidad de presidente del CELS, lanzó una conferencia de prensa en la Legislatura bonaerense en la que pidió un freno a la violencia policial de la Bonaerense, el desdoblamiento del Ministerio de Seguridad y Justica y la renuncia de Casal. Acompañado por Martín Sabbatella y Hugo Yasky de Nuevo Encuentro y Fernando “Chino” Navarro del Movimiento Evita, Verbitsky denunció que Scioli está vinculado a Daniel Hadad, el derechista propietario de C5N, con el cual hacen de la inseguridad un tema de “marketing” “sobre la construcción de imágenes y sobre la venta de humo” donde “es todo falso”. Simultáneamente, León Arslanián, ex ministro de Seguridad de Duhalde y Felipe Solá, acusó a Scioli de “entregar el mando de la Bonaerense a los comisarios” para persistir con la demagogia punitiva de las políticas de mano dura.
Si bien Scioli concedió el descabezamiento de la plana mayor de los comisarios y aceptó la incorporación del comisario Hugo Matzkin (vinculado a Arslanián) como subjefe de la Bonaerense, la “izquierda kirchnerista” quiere las cabezas de Casal y de Juan Carlos Paggi, titular de la Bonaerense, para emprender un rumbo “progresista” en materia de seguridad.

Como es de público conocimiento, Verbitsky y Arslanían son hombres de confianza de Nilda Garré, quien preside el Ministerio de Seguridad creado a partir del Acuerdo por una Seguridad Democrática, la nueva doctrina de Estado adoptada por el Gobierno nacional en oposición a las políticas de mano dura, bajo el influjo de la “izquierda kirchnerista”.

Probablemente, quien mejor reflejó esta nueva orientación fue la misma Cristina cuando en su discurso condenó el legítimo derecho de los trabajadores a la protesta social porque “no pueden someter de rehenes a los usuarios y a los consumidores”. De ese modo, Cristina proporcionó la letra del “Estado de derecho” a los jueces para criminalizar el piquete como método de lucha que utilizan los trabajadores para pelear por sus justas reivindicaciones. Una letra que prospera con el reciente procesamiento de Javier “Poke” Hermosilla y Lorena Gentile, delegados de Kraft-Terrabussi, así como en el desafuero de Víctor Ottobonni, delegado de FATE, y las causas de Raúl Godoy y Alejandro López, dirigentes de Zanón y el SOECN. No casualmente, el bautismo político del Ministerio de Seguridad fue inaugurado instruyendo a la justicia el procesamiento de cuatro militantes del Partido Obrero por el corte de vías del 23 de diciembre en estación Avellaneda, acusándolos de “extorsión”, cuestionando así el derecho a huelga. Por este motivo tampoco resultó azarosa la designación de Enrique Capdevila al frente de la Policía Federal. Capdevila es un experto en desalojos del espacio público, función que cumplió durante años desde la Dirección de Orden Urbano, teniendo bajo su mando a la Guardia de Infantería y a la Policía Montada, las fuerzas que suelen reprimir las manifestaciones sociales y políticas. Vale añadir que el Ministerio de Seguridad surgió como respuesta reaccionaria del Gobierno de Cristina a la ocupación del Parque Indoamericano por 1.500 familias de trabajadores que exigían el derecho a la vivienda.

En otro orden, resulta un despropósito el “control civil” de las fuerzas de seguridad, cuando el reciente incidente diplomático con EE.UU. reveló que la Fuerza Aérea norteamericana adiestra a la Policía Federal en tácticas “antiterroristas” de acuerdo a la experiencia de la base militar de Fort Bragg, donde se capacitaba la inteligencia militar de dictadores como el panameño Manuel Noriega.

Evidentemente, la Seguridad Democrática es otra forma de represión estatal, “un modo de asegurar un uso de la fuerza proporcional y racional de las instituciones” en defensa de la propiedad privada de los grandes capitalistas.

Es imperativo enfrentar esta ofensiva levantando una gran campaña democrática en defensa de los delegados procesados y los más de 5000 luchadores obreros y populares con causas por ejercer el derecho a la protesta social, siguiendo la pelea para que todos los responsables del asesinato de Mariano Ferreyra se pudran en la cárcel así como el castigo de la masacres impunes en Formosa y Villa Soldati.