logo PTS

Nacional

Una capitulación a la agenda de la derecha

La creación del Ministerio de Seguridad, inspirado bajo el influjo de la llamada izquierda kirchnerista, constituye una capitulación a la agenda de la derecha.

Miguel Raider

6 de enero 2011

Una capitulación a la agenda de la derecha

La creación del Ministerio de Seguridad, inspirado bajo el influjo de la llamada izquierda kirchnerista, constituye una capitulación a la agenda de la derecha.
El reciente procesamiento de cuatro militantes del Partido Obrero (dos de los cuales estuvieron detenidos), las imputaciones judiciales y persecuciones a los activistas del ferrocarril Roca, entre ellos compañeros de la Agrupación Bordó y el PTS, y la ridícula campaña de una presunta conspiración orquestada entre Duhalde y los partidos trotskistas, revelan los alcances del Acuerdo por una Seguridad Democrática, la nueva política de Estado consagrada sobre la “profesionalización de las policías” para asegurar “un uso de la fuerza proporcional y racional” y “no reprimir la protesta social” .

Ese bautismo de fuego que condenó el corte de vías y los piquetes expresa los “servicios” prestados por Horacio Verbitsky y el CELS, principales impulsores de esta política, los que paradójicamente representan a la familia Ferreyra como querellante en la causa por el asesinato de Mariano. En este sentido resulta sugerente, la incorporación de la ex fiscal Cristina Caamaño como vice de la ministra Nilda Garré, tras desvincular a la Policía Federal de la causa Ferreyra, cuando es de público conocimiento la complicidad de la misma para liberar el territorio y facilitar el plan criminal de la patota de la Unión Ferroviaria.

Según Marcelo Saín, ex interventor de la Policía Aeroportuaria y adherente al programa de Seguridad Democrática, la ministra Garré eludió la “intervención civil sobre la cúpula de la Policía Federal” con la finalidad de terminar con el “autogobierno policial”, y en cambio implementó una “normalización edulcorada”, cediendo los puestos de mando claves a los comisarios, “haciendo lo mismo que la derecha”. Respecto del nuevo jefe de la Federal, Enrique Capdevila, Saín sostuvo que “bajo su conducción estuvieron antes todas las unidades de infantería y caballería. Esas fuerzas protagonizaron desalojos violentísimos con denuncias de violaciones a los derechos humanos, torturas y de incluso el uso de picanas en algunos casos” . Efectivamente, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires denunció estos hechos brutales, destacando la utilización del GEOF, un grupo de élite “antiterrorista” (similar al grupo SWAT), instruido directamente por el FBI, tal como también denuncia la CORREPI. Para colmo, uno de los jefes de policía ascendido por Garré, Raúl Timosi, está acusado de espionaje, reeditando las sombras del ex mandamás de la Metropolitana Jorge “Fino” Palacios y su socio Ciro James.

Usurpación del espacio público

Tras su paso por la Dirección General de “Orden Urbano”, la designación de Capdevila, un experto en desalojos del espacio público, no resultó azarosa. Es que la creación del Ministerio de Seguridad fue la respuesta reaccionaria que resultó de la negativa de Macri y el gobierno de Cristina al legítimo derecho a la vivienda que reclamaron 1.500 familias sin techo ocupando el Parque Indoamericano, un problema que afecta a 2,5 millones de familias.

La realidad desmiente la nueva política de Estado, donde “la gestión democrática de la seguridad” garantiza “el espacio público” mediante una “gestión policial no violenta” . Acaso el gobernador de Formosa Gildo Insfrán no envío a la policía para apropiarse por la fuerza de 2.000 hectáreas de la comunidad toba Qom con el saldo de dos hermanos muertos. Es el mismo procedimiento que siguen los terratenientes para extender la frontera sojera sobre las tierras fiscales y las de los pequeños campesinos: Hugo Biolcati, titular de la SRA, llegó al extremo de incautar las dos vías de comunicación públicas del pueblo de Carlos Casares, anexándolas a sus campos. Vale recordar que la constitución del Estado nacional argentino se fundó sobre la expropiación compulsiva de 72 millones de hectáreas a los pueblos originarios que fueron distribuidas entre 1.843 familias “patricias”, que constituyeron el origen del latifundio, vigente hasta nuestros días. Pero cuando los más parias invisibilizados se atreven a irrumpir en la superficie pidiendo un pedazo de tierra se convierte en “usurpación del espacio público”. Evidentemente, la seguridad democrática como política de Estado que brega por el “bien común” es un engaño tributario de los intereses de los capitalistas.

Contra este nuevo engaño es necesario levantar una gran campaña democrática para terminar con las persecuciones y meter preso a Pedraza y a todos los responsables del asesinato de Mariano, así como luchar por el castigo a los culpables de los asesinatos de los hermanos Qom y los compañeros Rosemary Chura Puña y Bernardo Salgueiro, acabando con el desprocesamiento de más de 5.000 luchadores obreros y populares amenazados por ejercer el legítimo derecho a la protesta social.


El supremo concepto de la sociedad burguesa

El sentido común, es decir la ideología de la clase dominante que impera en la sociedad, reproduce por los medios que la seguridad “no es un tema ni de izquierda ni de derecha”, “ni de una clase social ni de la otra”. Falso. La seguridad es un concepto jurídico-político que nace con el ascenso de la burguesía en tanto clase dominante y dirigente, en defensa de las nuevas relaciones de propiedad.

Sancionada el 26 de agosto de 1789, la Declaración de los derechos del hombre y el ciudadano establece que la igualdad, la libertad, la seguridad y la propiedad son “derechos naturales e imprescriptibles”. La aparente igualdad de estos cuatro derechos “inalienables” se reducen a una mera formalidad pues los mismos están subordinados al derecho de propiedad. Así lo señaló Carlos Marx develando la sutil distinción entre los derechos del hombre y los derechos del ciudadano que encierra la Declaración: “los derechos del hombre, a diferencia de los derechos del ciudadano, no son otra cosa que los derechos del hombre egoísta, del hombre que vive al margen del hombre y de la comunidad” . De ese modo, el derecho de la propiedad privada “es el derecho del interés personal egoísta…como superior a todo”. En cambio el derecho a la igualdad y a la libertad “se basa en la separación entre los hombres…es el derecho del individuo aislado…a la propiedad privada”. Por ende, concluye Marx, el derecho a la seguridad “es el supremo concepto social de la sociedad burguesa, el concepto de policía…para garantizar a todos y cada uno la conservación de su persona, de sus derechos y de su propiedad”, es decir “el aseguramiento de ese egoísmo”.

La seguridad democrática como nueva política de Estado materializada en la creación del Ministerio de Seguridad es una nueva política represiva para mantener el dominio de los capitalistas. La disolución de la policía y los servicios de inteligencia y su sustitución por milicias obreras y populares son tareas ineludibles para luchar por un Estado de los trabajadores basado en sus propias organizaciones de autoorganización.

Prensa

Virginia Rom 113103-4422

Elizabeth Lallana 113674-7357

Marcela Soler115470-9292

Temas relacionados: