Era de esperar una nueva vuelta de tuerca derechista, después del impacto mediático generado tras los recientes asesinatos de Matías Berardi y Diego Rodríguez. La reaccionaria movilización en Plaza de Mayo del jueves 7 trajo la retrospectiva del profeta de la mano dura, el "inyenieri" Blumberg, secundado por activistas de VALOMI (Vecinos en Alerta de Lomas del Mirador), quienes coreaban muerte a los delincuentes para terminar con todos los negros, con la autoridad de haber financiado el destacamento policial que secuestró al joven Luciano Arruga, desaparecido desde enero de 2009.

A tono con ese clima, el grupo de los 8 intendentes kirchneristas “críticos”, Sergio Massa (Tigre), Pablo Bruera (La Plata), Luis Acuña (Hurlingham), Jesús Cariglino (Malvinas Argentinas), Joaquín de la Torre (San Miguel), Gilberto Alegre (Gral. Villegas), Sandro Guzmán (Escobar) y José Eseverri (Olavarria), propuso la creación de policías municipales, complementarias y bajo supervisión de la Policía Bonaerense.

Con un ojo puesto en la pulseada electoral, los intendentes asimilaron el ejemplo del PROcesado Mauricio Macri con el objetivo de incrementar sus poderes, que ya monopolizan a discreción la asignación presupuestaria y los planes clientelares Argentina trabaja.

Fiel a su origen en la UCD, Massa adelantó que pensamos en una policía de proximidad, similar a la que hay en Madrid o en algunas ciudades de Estados Unidos, el mismo modelo que rige la Metropolitana, especializada en desalojos de indigentes y cacheos por portación de rostro, con decidida vocación por criminalizar la pobreza.

Más allá de las disputas interkirchneristas, el gobernador Scioli afirmó que la propuesta “está en línea con las políticas nacionales en materia de seguridad”, y “próximamente será discutida por el Consejo de Seguridad bonaerense”. No podía faltar el aval de los derechistas Francisco De Narváez y Eduardo Duhalde, quien respaldó la iniciativa de los intendentes para combatir un proceso preanárquico, mientras promueve la incorporación de las FF.AA. en tareas de seguridad interior, bajo la guía progresista de Lula y su Policía Militar de las favelas.

En realidad, hace bastantes años existen las policías comunales. En 2004, el entonces ministro de Seguridad de Felipe Solá, León Arslanián, sancionó la ley 13.210, habilitando la descentralización de la Bonaerense para los municipios que tienen hasta 70.000 habitantes, dando lugar a cuerpos de policías distritales bajo la ingerencia directa de los intendentes, facultados para dar órdenes con poderes de comisario. La iniciativa de los ocho intendentes representa un nuevo azote represivo hacia los municipios más superpoblados para profundizar la militarización de las villas miseria y las barriadas populares más humildes, en defensa de la propiedad privada de los grandes capitalistas. ¡Toda una revelación de la política de derechos humanos de los Kirchner!

Una institución irreformable

Los progresistas que adscriben al programa de Seguridad Democrática, como el juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, el criminólogo Alberto Binder, el ex titular de la Policía Aeroportuaria Marcelo Saín y numerosas figuras centroizquierdistas del kirchnerismo y la oposición defienden la idea de las policías comunales apoyados sobre la falacia de una supuesta ventaja al ejercer un control civil más fehaciente sobre la base de la descentralización de los 54.000 integrantes que componen la Bonaerense. Sin embargo, la ya enunciada experiencia que puso en práctica el ex ministro Arslanián, con descentralización y purgas de más de 2.000 efectivos inclusive, demostró la total impotencia de las reformas sobre esa institución reaccionaria e irreformable.

La policía es la mayor fuente de inseguridad de la población civil, responsable de más de 3.000 asesinatos por gatillo fácil de jóvenes entre 15 y 24 años, cometidos desde 1983, según la CORREPI. Cabe destacar que más del 25% de los Bonaerenses tienen sumarios, acusados desde presuntos homicidios hasta simples robos. Nada inesperable de esa institución gerenciadora de la industria del gran delito, que administra un sin fin de negocios ilegales. La disolución de esta banda de delincuentes hace a los intereses de autopreservación de las grandes masas populares.

La iniciativa de los ocho intendentes suma una cuenta más al rosario permanente contra la inseguridad ciudadana, que ya obtuvo como frutos la Ley de Seguridad Bancaria, la media sanción en el Senado del Servicio Cívico Voluntario y del proyecto para bajar la edad de imputabilidad, mientras en la Legislatura porteña el macrismo sancionó una ley contra los motochorros. Los organismos de DD.HH., las organizaciones obreras combativas, el movimiento estudiantil y los partidos de izquierda tenemos que motorizar una gran campaña democrática para frenar de una vez por todas estas políticas reaccionarias.