El permiso que tienen las empresas para no aceptar los certificados de los propios trabajadores fue conquistado por la patronal gracias a la acción de la dictadura de Videla. Semanas después del Golpe de 1976, se derogaron varios artículos de la Ley de Contrato de Trabajo, entre otros el artículo 227 que permitía que planteaba que “corresponde al trabajador la libre elección de su médico”. La ley planteaba que las empresas podían controlar los certificados, pero en caso de desacuerdo el conflicto lo resolvía un médico oficial. “Si el empleador no cumpliese con este requisito – decía el artículo – se estará al certificado presentado por el trabajador”.

Gracias a la derogación de Videla, los empresarios eligen los médicos de los obreros, como si fueran directamente su propiedad.