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El gobierno a la defensiva

Después de la euforia oficial por la masividad de los actos de festejo del Bicentenario, la eliminación de Argentina en el mundial de fútbol de Sudáfrica vino acompañada con una ofensiva de la oposición parlamentaria que ha colocado al gobierno a la defensiva.

Christian Castillo

8 de julio 2010

El gobierno a la defensiva

Después de la euforia oficial por la masividad de los actos de festejo del Bicentenario, la eliminación de Argentina en el mundial de fútbol de Sudáfrica vino acompañada con una ofensiva de la oposición parlamentaria que ha colocado al gobierno a la defensiva, con la peculiaridad que es la primera vez que el llamado Grupo A busca correr a los Kirchner “por izquierda” en algunos de sus proyectos. La recomposición política que el gobierno, basado en la recuperación económica, había iniciado luego de la crisis desatada por el “Fondo del Bicentenario”durante enero-febrero, parece haber llegado a un techo, abriéndose una nueva coyuntura política.

Entre las iniciativas parlamentarias de la oposición se cuenta en primer lugar el proyecto de ley para garantizar el 82% móvil a las jubilaciones, que estaría tratándose en aproximadamente un mes en sesión plenaria del Senado. Más allá del cinismo y oportunismo de fuerzas políticas que han sido copartícipes en el saqueo a los bolsillos de jubilados y pensionados y de lo limitado del proyecto, lo cierto es que los Kirchner se han visto obligados a responder con argumentos propios de la “ortodoxia económica” y están ante la incómoda posibilidad de tener que recurrir al veto presidencial en caso de salir votada esta ley. En segundo lugar, hay que contar el despacho de comisión en el Senado del proyecto de “normalización” del INDEC, que contó con el apoyo del radicalismo, el peronismo disidente, la Coalición Cívica y también de senadores díscolos del Frente Para la Victoria. Es un proyecto que no cuestiona la intervención y la patota y no tiene el apoyo de los trabajadores que los vienen enfrentando.

A su vez, preparan un proyecto para subir el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias (robándole una bandera clásica a Moyano) y, más relevante, la negativa a prorrogar las facultades delegadas al Ejecutivo (los superpoderes), cuestión que impediría al gobierno entre otros puntos, fijar el monto de las retenciones a las exportaciones. Sobre este punto la oposición está negociando la presentación de un proyecto común favorable a las patronales agrarias, donde la posición de Carrió y otros sectores es quitar toda retención salvo para la soja, a la que también se le bajarían los porcentajes sin segmentar por tamaño de propiedad (como proponen el GEN, el PS y la Federación Agraria). Este planteo, que lleva al desfinanciamiento estatal a favor de los terratenientes y capitalistas agrarios, es una muestra más de que el planteo respecto de aumentar a los jubilados es, para este sector, pura demagogia.

A estos hechos hay que sumar también los cambios en la composición del Consejo de la Magistratura (donde el oficialismo perdió capacidad de veto), la conformación con mayoría y presidencia opositoras de la comisión bicameral de seguimiento de los servicios de inteligencia y los llamados a investigar la supuesta “embajada paralela” en las relaciones comerciales con Venezuela. Estas acciones parlamentarias han motivado la algarabía de los editorialistas opositores. En palabras de Joaquín Morales Solá serían decisiones políticas que erosionarían “el núcleo duro de la conducción kirchnerista, porque le sacarán la caja, la información privilegiada, las operaciones encubiertas y la arbitrariedad para administrar el Estado” (La Nación, 7-07-2010).

Más allá de si estas iniciativas se terminan de materializar el gobierno por el momento ha quedado a la defensiva, mientras busca ganar tiempo a ver si puede contraatacar. El único punto de la agenda parlamentaria que podría tratar de capitalizar sería la aprobación de la modificación a la ley de matrimonio, pero aquí afloran cada vez más las contradicciones del propio bloque del Frente Para la Victoria, ya que son muchos los senadores del oficialismo que se oponen firmemente a este planteo a partir de sus fuertes lazos con la Iglesia Católica. Por ello los medios opositores presentan la cuestión para que en caso de no salir sea leída como una derrota más del oficialismo.

Esta puja debe verse, en cierta medida, como un adelanto de la campaña electoral del año que viene, más precisamente el momento en que la oposición puede actuar conjuntamente valiéndose de la mayoría parlamentaria en diputados y de la paridad en el Senado para golpear al gobierno, algo que posiblemente dejemos de ver para comienzos de 2011, cuando se vayan definiendo las distintas alianzas y fórmulas presidenciales.

Sacar el debate de las calles

Mientras gobierno y la oposición parlamentaria disputan por cómo posicionarse de cara al 2011 (compartiendo la ilusión que la nueva ronda de la crisis capitalista no golpee con fuerza en el país), coinciden en la política que las demandas de las masas no se expresen en las calles y queden confinadas a los cabildeos parlamentarios. Esto por dos vías. Una, presionar a los sindicatos y otras organizaciones sociales para no movilizar por sus reclamos, como viene ocurriendo en el caso de la disputa por la legalización del matrimonio de personas del mismo sexo, donde el oficialismo ha condicionado su apoyo al proyecto a que este no sea sostenido con fuertes movilizaciones callejeras, ya que esto llevaría a un cuestionamiento directo a los propios senadores oficialistas que se oponen al proyecto. O en el caso de la discusión por el 82% móvil, donde tanto la CGT como la CTA se niegan a levantar un planteo independiente ni a movilizar para sostener las reivindicaciones de los jubilados, ya sea avalando la escandalosa posición del gobierno (Moyano) o mirando para otro lado (ambas alas de la CTA). La otra vía es la de acentuar la persecución judicial a los que luchan (ver páginas 2 y 3) y organizar maniobras concertadas entre la burocracia y la patronal para debilitar a las organizaciones combativas (como el cuerpo de delegados trucho que impulsa Daer en Kraft).

En esta situación desde el PTS creemos que se desprenden tres tareas inmediatas: a) impulsar con todo la campaña de frente único lanzada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia contra la criminalización a los que luchan, planteando el desprocesamiento y/o amnistía de todos los luchadores perseguidos judicialmente; b) plantear la necesidad de la movilización independiente por los distintos reclamos que están actualmente en el centro del debate político (como son, entre otros, la lucha por el 82% móvil para todos y por la aprobación de los cambios a la ley de matrimonio); y c) lo más estratégico de todo, continuar avanzando decididamente en la organización de los sectores combativos de la clase obrera, cuestión que tendrá un hito importante en el Encuentro de la zona norte del Gran Buenos Aires (donde se encuentra la principal concentración fabril del país) convocado por la Comisión Interna de Kraft, la Seccional San Fernando del SUTNA y otras organizaciones antiburocráticas; o como lo es, en otro plano, la pelea por constituir una lista clasista en la CTA. En Neuquén, luego de la gran campaña de masas en Cutral Co en apoyo a los obreros de Stefani, que recibió el respaldo de más de 5.000 vecinos en el referéndum, también está planteado impulsar la organización de los sectores combativos, para crear un polo desde el cual dialogar con los miles de trabajadores organizados en los grandes sindicatos provinciales (ver páginas 6 y7…).

Nuestro partido, que se encuentra en la primera fila de cada una de las batallas de la clase obrera y en la pelea por las demandas democráticas de los sectores oprimidos y del movimiento estudiantil, llama a los trabajadores, los estudiantes y los sectores populares a no tener ninguna confianza ni en el gobierno kirchnerista ni en los distintos sectores de la oposición patronal. De lo que se trata es ir preparando en cada lucha y disputa política el avance de la clase trabajadora hacia su independencia política, la construcción de un gran partido revolucionario de la clase obrera.


Verbitsky avala la proscripción electoral de la izquierda

En su editorial habitual de los domingos en Página 12, Horacio Verbitsky dedica un recuadro a reivindicar la reglamentación hecha por el gobierno de la llamada “reforma política”. En él sostiene que “no serán excluídas aquellas fuerzas que estén bien enraizadas en la sociedad y hayan realizado un trabajo político intenso. No habrá lugar en cambio para los microemprendimientos unipersonales ni para los partiditos del cero coma cuatro, lo cual no es necesariamente malo”. De las primeras pone como ejemplo el partido de Sabbatella y a Proyecto Sur. Entre las segundas, es una forma de dar un aval al intento de proscripción a la izquierda que contiene la actual reforma, especialmente en lo que hace a los porcentajes que sería necesario obtener en la llamada “interna abierta, simultánea y obligatoria” para participar de la elección general (entre 350 y 400 mil votos, por ejemplo, para poder presentar una fórmula presidencial). Verbitsky reproduce el criterio de que la medida del peso social y de un “trabajo político intenso” serían los votos obtenidos en una “interna abierta” que se presta a todo tipo de maniobras, cuando distintas fuerzas de izquierda, entre ellas nuestro partido, tenemos un importante “enraizamiento social” entre los trabajadores y estudiantes y una militancia más importante que otras fuerzas que eventualmente pueden tener en alguna ocasión un mayor desempeño electoral. Apoyando esta reforma proscriptiva, Verbitsky defiende el aumento de la injerencia estatal en la vida interna de los partidos políticos y alienta la política de mantenimiento senil del bipartidismo. Una expresión de la decadencia de quien se esmera en gastar tinta en justificar a un gobierno al que cada vez le resulta más difícil mantener su pose de defensor de las causas populares, al punto que ahora lo corre “por izquierda” la oposición conservadora del Grupo A. Desde el PTS, mientras realizamos los esfuerzos necesarios para mantener nuestra legalidad electoral, insistimos en el rechazo a esta reforma proscriptiva.

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