Abogada CeProDH, Neuquén

En estos días, producto de la lucha y repudio nacional a los asesinatos de Diego Bonefoi, Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas en la ciudad de Bariloche a manos de la policía de Río Negro, se había conseguido que se detuviera al policía que disparó por atrás y fusiló con una bala en su cabeza a Diego, de 15 años de edad. El Cabo Sergio Colombil había sido procesado con prisión preventiva por el Juez Martín Lozada, por el delito de homicidio agravado por alevosía. Lamentablemente, la conquista duró poco, ya que la Cámara Segunda de Bariloche aceptó la recusación del abogado defensor del policía, y ordenó, además del apartamiento del Juez de la causa, la nulidad de la declaración indagatoria y del procesamiento con prisión preventiva que había sido dictado. Esto significa que, si bien no se ordenó la libertad del policía, es probable que el defensor pueda utilizar esta resolución para lograrlo. De hecho, el nuevo juez de la causa, Miguel Gaimaro Pozzi, acaba de dictar el “secreto de sumario por diez días” en la causa, lo que huele a impunidad.

En los argumentos de la resolución de la Cámara, se deja entrever claramente que la discusión central es darle validez a la versión policial de que fue “secuestrada un arma cerca de Diego Bonefoi”, para intentar de esta forma “justificar” el fusilamiento a tres metros de distancia por una bala que le atravesó el cráneo. El argumento de la Cámara es “garantizar la imparcialidad”, ya que el Juez habría dicho en los medios que “descarta que el arma hallada en forma sospechosa haya sido de Bonefoi, quien corría indefenso”. No es una cuestión menor, pues la resolución de esta Cámara, que echa por tierra el procesamiento, está absolutamente a tono con la movilización de los sectores reaccionarios de Bariloche, que se congregaron a favor de la policía asesina, pidiendo mano dura y justificando los fusilamientos de estos tres jóvenes.

Esta respuesta de la justicia no es casualidad, pues cuando se trata de investigar y juzgar a policías, la justicia aparece más “garantista” que nunca, aduciendo, como en este caso, la “garantía del juez imparcial” para poder revocar el procesamiento y prisión preventivas contra el policía. Es la misma justicia que cuando se trata de juzgar a los pibes de los barrios, se olvida de esas garantías que tanto proclama a la hora de fallar a favor de la impunidad de los policías. Esto demuestra el carácter de clase de la justicia, que hoy en Bariloche representa los intereses de la derecha reaccionaria movilizada, de los empresarios del turismo, de los que viven a costa del sufrimiento y la explotación de los de abajo.

Amenazas a los que luchan contra la impunidad

En este marco, ha recibido amenazas de muerte, con un discurso digno de los sectores fascistas, la docente y abogada Marina Schifrin, quien es parte de la lucha contra la represión y por juicio y castigo a los responsables de la masacre. Esto está a tono también con la política del gobierno nacional de criminalizar a los que luchan, que habilita la represión directa e indirecta del Estado. El gobierno kirchnerista “de los derechos humanos” es el que, con su giro a profundizar la judicialización y criminalización de la protesta y la pobreza, le “da aire” a esta derecha reaccionaria.

Contra esta política debemos unificarnos en las calles, confiar en nuestras fuerzas y en la movilización de los trabajadores y el pueblo, para lograr que vayan a la cárcel no sólo el policía Colombil, autor material del disparo contra Diego, sino también los autores materiales de la muerte de Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas, y los responsables políticos de esta masacre.

Es toda la institución

La masacre de Bariloche dejó al desnudo el historial de la maldita policía rionegrina.

La policía de Río Negro viene intacta de la dictadura militar, a pesar de que las Comisarías eran verdaderos centros clandestinos de tortura. A la fecha, en la causa que investiga el genocidio de la dictadura, del pequeño puñado de investigados, la mayoría fueron sobreseídos, y actualmente hay sólo un policía rionegrino imputado, quien se encuentra en libertad. Esta impunidad fue garantizada por los diferentes gobiernos de la UCR que se sucedieron en continuidad desde la caída de la dictadura hasta hoy. En su historial también figura que esa misma policía estuvo implicada en el primer triple crimen de Cipolletti y en el homicidio de Otoño Uriarte.

La misma Defensora del pueblo, Ana Piccinini ha denunciado que la policía rionegrina “tiene connivencia con la trata de personas”. Entre el 2007 y el 2009 se denunciaron alrededor de 11 casos de personas privadas de libertad muertas en cárceles y comisarías. En la localidad de Guerrico, una chica de 14 años fue violada en una Comisaría por la policía, y abundan las denuncias por torturas y apremios ilegales en las comisarías rionegrinas.

Estos que son solo algunos ejemplos, que demuestran el rol de la policía y las fuerzas represivas, y que no hay “policías malos”, sino que es una fuerza represiva al servicio de la clase dominante para defender sus intereses y privilegios de clase, de la misma clase que no tiene ningún empacho en avalar que sigan asesinando a nuestros jóvenes. No es un policía, es toda la institución.