Desde estas páginas hemos considerado las crecientes difi cultades que la actual crisis económica mundial impondría al desarrollo de la cultura, a la vez que acentuaría las restricciones de acceso a la misma. Estas generales de la ley también le caben a la creación artística local, que encuentra a sus protagonistas acometiendo una nueva experiencia contra los mecanismos políticos de la clase dominante. Así como el 2008 estuvo en parte signado por la experiencia con los ejecutivos provincial y municipal a través de sus subsecretarios de cultura1, en la actualidad se abre un escenario en el cual el régimen juega su carta parlamentaria.

Al compás de las elecciones, artistas, trabajadores de la cultura y sus asociaciones fueron invitados a opinar sobre la ley de mecenazgo que están tramando en la legislatura neuquina. Tal ley promueve la creación de un fondo de aportes privados para la cultura y las artes, que no es otra cosa que la resignación por parte el Estado de una porción de los impuestos que le pagan las empresas. La ejecución de dicho fondo quedaría en manos de la actual subsecretaría de cultura provincial, sujeto a su máxima de dádivas y favores.

Mezcla de demagogia y torpezas de campaña, el tiro salió por la culata: el rechazo de los artistas y trabajadores de la cultura al proyecto de ley fue unánime, como lo fue la denuncia al inexistente rol del Estado en la materia, presentando como una evidencia el hecho de que los artículos 105, 106 y 107 de la constitución provincial que consagran los derechos culturales, ni siquiera habían sido reglamentados. Palpablemente, no es el interés por la cultura lo que mueve a los diputados provinciales, sino más bien el olfato, aguzado por el botín que signifi caría la existencia de un fondo semejante en manos del Estado. Otros, ni siquiera acometieron la faena de leer el ante proyecto de ley antes de fi rmarlo, como confesaron en la reunión mantenida en la legislatura.

Como emergente, quedó en el tapete la discusión en torno a una ley provincial de cultura, asunto que atraviesa el debate actual de los integrantes de la AIA (Artistas Independientes Asociados). Ciertamente, esta perspectiva conlleva el riesgo del callejón sin salida que implicaría encomendar la defensa de la cultura a los propios diputados. No hay motivos para depositar tal expectativa en una institución que demuestra permanentemente estar más bien al servicio de las empresas capitalistas, antes que al servicio de los intereses del pueblo trabajador. Una muestra fl agrante de esta vocación son los titubeos en tomar medidas contundentes frente a la Gripe A en resguardo de la salud de la población, o la negativa a prohibir los despidos y suspensiones con que la crisis ya azota a miles de trabajadores. Así de contrapuestos los intereses, sin dudas la pelea por una ley a favor de la cultura se trata de una batalla en el terreno del adversario.

Aún está por verse el curso de la ley de mecenazgo, proyecto que los diputados aseguraron mantener en vigencia. Más precaria es la perspectiva de una ley integral de cultura (suponiendo que ésta vaya a ser la herramienta para resolver las demandas culturales), frente a la que incluso algunos diputados ya se declararon escépticos. Si de pronto hubiera interés por su parte en una ley semejante, sería para tener en cuenta su advertencia: ‘dentro de ese marco general, continuar perfeccionando la propuesta de financiamiento privado’. Evidentemente es lo que tienen más claro.

A la hora de afrontar la cuesta legislativa, la experiencia reciente de los artistas independientes y sus organizaciones constituye un importante arsenal. En principio, la incesante labor creativa desplegada demuestra que son los genuinos hacedores de la cultura. A la par del desarrollo de las asociaciones según las distintas ramas de la producción artística, la creación de un espacio de discusión y acción común como lo es la AIA, abre la perspectiva de un ámbito verdaderamente democrático que tiene planteado incorporar a más agrupamientos y artistas. La pelea que consecuentemente han dado por la existencia de espacios culturales tras la crisis abierta por la masacre de Cromañón, por el reconocimiento de la actividad artística y por los derechos laborales y sociales de sus creadores, continuamente los han enfrentado a la inefi ciencia y el pasmo de las gestiones culturales, tanto de la provincia como del municipio neuquino. La creación de lazos con distintos sectores sociales, como el pronunciamiento unánime en favor de la causa de los obreros ceramistas y su exigencia de expropiación, enriquecen sin dudas sus perspectivas políticas, trazando un camino que requiere ser profundizado y demuestra que si en algo hay que confi ar, es en nuestras propias fuerzas.

Plasmar esta experiencia en un programa de lucha es el mejor reaseguro para no quedar enredados en la maraña legislativa, que garantiza un periplo de años en pos de leyes y articulados de incierta aplicación. Concitar la participación y el apoyo de la mayoría de los artistas y trabajadores culturales, así como de la población en su conjunto, es indispensable a la hora de poner en el centro del debate cuáles son las vías que verdaderamente pueden garantizar el desarrollo y el acceso a la cultura.

1- Los antecedentes de esta relación pueden resumirse en dos momentos. Por una parte el gobierno provincial intentó congraciarse con los artistas y trabajadores de la cultura mediante la realización del Congreso Provincial de Cultura, que no pasó de ser sólo un gesto demagógico. Luego, el fallido intento del gobierno municipal de disciplinar a las asociaciones mediante el anuncio de la creación de un Consejo Municipal de la Cultura y las Artes, una bufonada que ni siquiera mereció una triste mención en el balance de gestión del municipio. En ambas ocasiones los funcionarios se chocaron con una andanada de críticas y reclamos. Los partidos que integran ambos gobiernos (MPN, UCR, PJ, UNE, Frente Grande, Patria Libre) son los mismos que detentan la representación parlamentaria