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Neuquén

Represión y procesos penales para los que luchen

PTS Neuquén

17 de julio 2009

El Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, Alberto Tribug, en dos resoluciones fechadas 14 de Mayo de 2009, envía a los fi scales inferiores una “instrucción general” que deben aplicar en todos los casos de corte de ruta y tomas de terrenos, viviendas y fabricas. En ambas resoluciones, el mismo fi scal, reconoce que se trata de “demandas insatisfechas” y según su criterio los “órganos del Estado” deben “realizar un aporte a fi n de tratar de solucionar esta demanda social”.

¿Cuál es la repuesta que ordena Tribug ante lo que él mismo defi ne como demanda social? ¿Es acaso ordenar a los órganos del Estado que cumplan con garantizar a la población los derechos mínimos como trabajo, educación, vivienda, salario acorde a la canasta familiar? ¿Es quizá ordenar que se garantice el derecho a reclamar? No. Lo que este buen señor propone es la represión directa -con las fuerzas represivas- y la represión indirecta- por la vía de la justicia penal.

Si es la de los de arriba, es justicia

La particularidad que tiene esta resolución, es que está muy claro cual es el rol de la justicia penal y su función “preventiva” ante la crisis económica internacional en curso, que llevará a que se profundicen las medidas legítimas de protesta social y acción directa de los trabajadores y el pueblo. Ese rol es el del sostenimiento de los intereses de la clase dominante, las ganancias empresarias y el derecho de propiedad por sobre todas las cosas, a la par, que se le sigue garantizando impunidad a los gobernantes e integrantes del aparato represivo.

Ya de antemano, cualquier medida legítima de protesta, es califi cada de ilegal por esta resolución, aún sin saber las razones de la protesta. Se ordena el accionar conjunto de la policía y fi scales, tanto para solicitar y llevar adelante los desalojos, como para la investigación penal. Se ordena explícitamente la iniciación de causas penales, pedidos de indagatorias y autos de procesamiento contra los que “formen parte del ilícito”. Esto signifi ca que serán miles los procesados en toda la provincia en poco tiempo por los “delitos” de corte de ruta y usurpación.
Entre las “instrucciones” fi guran las de autorizar la intimación a desalojos y al uso la fuerza pública contra los “desobedientes”. El resultado es que se legaliza la represión policial.

Cabría preguntarse: ¿Cuántas directivas de este tenor emitió Tribug frente a las cientos de denuncias contra la policía que se archivan por año, por inactividad de esos mismos fi scales? ¿Cuántas directivas emitió Tribug para que se acelere la causa de Pepe Alveal baleado por esos mismos policías? ¿Cuántas directivas emitió para que se acelere la causa Fuentealba II, cuantas indagatorias y autos de procesamiento pidieron para el ex gobernador Sobisch?

El que avisa: ¿no traiciona?

Si hay algo que reconocerle a Tribug es su sinceridad en los intereses que está llamado a defender: queda claro cual será la respuesta del Estado ante las legítimas medidas de protesta o de acción directa de los que reclamen y luchen por sus reivindicaciones.
La resolución da manos libres a la policía de Neuquén -que viene intacta desde la dictadura militar a la fechapara que detenga y desaloje a los que luchen. No es poca cosa dar estas facultades a la misma policía, que cuenta en su historial con decenas de compañeros y compañeras fusiladas o lesionadas gravemente por sus balas.

Mientras los fi scales deben ocuparse de criminalizar la protesta social, como contrapartida, deben garantizar la impunidad a los que reprimen y asesinan a los trabajadores. Ello lo podemos ver en la causa por el fusilamiento de Carlos Fuentealba, en la que el Fiscal Velasco Copello, es férreo defensor de los policías imputados, y pidió el sobreseimiento de 14 de los 15 procesados, negándose a que citen a Sobisch a indagatoria. Impunidad y accionar que es avalado por los jueces, tal como demuestra la resolución que dictó recientemente la Cámara Criminal de Apelaciones de Neuquén para no imputar a Sobisch. Este rol de la justicia penal no es novedad, pues a nivel nacional, todos los gobiernos constitucionales desde la caída de la dictadura a la fecha, han mantenido decenas de presos políticos y procesados por luchar. De hecho en estos momentos, se encuentran presos en cárceles de máxima seguridad nueve compañeros que se manifestaron en contra del Estado sionista de Israel, acusados de “asociación ilícita agravada”.
Mientras la verdadera asociación ilícita de banqueros, empresarios y patrones que generaron la crisis económica internacional, siguen gozando de la impunidad de este sistema.

Es evidente que la clase dominante y sus gobiernos, se preparan para que la crisis caiga en nuestras espaldas, y para ello, necesitan echar mano a ese aparato represivo asesino, que como en la dictadura militar, volverá sin dudas a cumplir su función: defender los intereses de los de arriba. Y utilizarán la justicia penal para acallar los reclamos populares, encarcelando y procesando a los que osen enfrentar la realidad que nos quieren imponer. Ante ello, es urgente organizarnos para enfrentarlos y para que triunfe la lucha de los explotados.

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