Actualmente se está debatiendo a nivel nacional un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad de los adolescentes. Uno de los proyectos que fue fundamentado en el Congreso es el de Raúl Zaffaroni, Juez de la Corte Suprema, en el que en síntesis propone un “régimen penal juvenil” para que los adolescentes sean juzgados desde los 14 años, con penas disminuidas (pero penas privativas de libertad al fin), cuyo argumento central es “igualarlos en garantías procesales con los adultos”. El gobierno nacional, que también propone la baja de edad de imputabilidad, lo hace con argumentos similares, pero claramente respondiendo a una exigencia reaccionaria de los sectores de la derecha que reclaman “mano dura” y que a raíz del crimen del camionero Daniel Capristo en Valentín Alsina, exigen la “baja de imputabilidad” para que “los menores vayan presos”. Apropósito de este tema reproducimos un interesante debate que se dio en el programa de Radio “Leña al Fuego” del periodista Herman Schiller, en el que participaron Raúl Zaffaroni, el abogado y profesor de derecho constitucional Eduardo Barcesat, y la abogada penalista e integrante de la CORREPI, María del Carmen Verdú. Agradecemos a Herman la posibilidad de reproducirlo en este periódico.

Maria del Carmen Verdú: Lo que nosotros planteamos es que aquí hay una maniobra que nos hace recordar la maniobra similar utilizada cuando fueron reemplazados los edictos policiales, - que estaban absolutamente desprestigiados y con muy mala prensa en la sociedad en general-, por los Códigos Contravencionales, eufemísticamente llamada “Código de Convivencia” y que después de la feroz represión del año 2004 en una de sus últimas reformas para endurecerlos. Esa maniobra consiste, en un caso, frente a las facultades policiales, en el otro caso la necesidad de ejercer el control y disciplinamiento social sobre los jóvenes pobres, tomar un tema en particular y simulando darle un barniz de “legitimidad”,-con expresiones que permanentemente recurren a la Constitución, a las garantías, a los derechos procesales, etc- pero que en defi nitiva, llegan a la misma solución que se plantean los sectores reaccionarios, sólo que estos últimos lo hacen con un poco más de franqueza. La derecha viene y nos dice: “hay que bajar la edad de imputabilidad de los menores a 12, 14 , 11 años o al momento de la concepción o lo que fuere. En cambio, los sectores progresistas, nos vienen a decir que lo que estamos discutiendo no es llevar a proceso penal a un chico, que no ha terminado su crecimiento fi sico y mucho menos intelectual, sino que lo que le estamos dando es “el derecho a ser juzgado, a tener un proceso con todas las garantías”. ¡Como si alguien siendo pobre tuviera un proceso con todas las garantías! Lo que se les está dando a los menores es el derecho a ser condenados, no el derecho a ser juzgados. Los pibes pobres van a correr la misma suerte que ahora, con la diferencia que además va a estar legitimado, y ni siguiera vamos a poder decir, como podemos decir ahora, que la cantidad de chicos que están en Institutos de menores privados de libertad, sometidos a todo tipo de aplicación de tormentos o que terminan muertos- como Germán Medina hace un año- no están siquiera imputados de un delito.

Eduardo Barcesat: No cumplir con la Convención Internacional de los derechos del niño, al bajar la edad de imputabilidad, es un retroceso institucional inadmisible, y creo que esto debería signar los resultados del debate. Lo mismo ocurrió cuando se pretendió volver a la pena de muerte cuando algún delirante lo proponía (me refi ero a Ruckauf), y que implicaba abandonar la Convención sobre Derechos Humanos. Nada justifica ni tiene signifi cación, para que no respetemos las edades de imputabilidad que fi ja la Convención, y por lo tanto nos oponemos a la baja de edad de imputabilidad que viene a ser el centro de la propuesta que se está examinando en estos días. Y yo pienso en el régimen que tenemos, el de patronato, el régimen de internación indeterminado, el de las tumbas. Esta cosifi cación de los niños, convertirlos en objeto, primero los sometemos a la marginación social y luego los victimizamos presentándolos como delincuentes. Esta propuesta es un camino equivocado. Para que dejen de ser un elemento de exclusión forzada, para eso no se requiere una baja de imputabilidad, se requiere invertir en educación, como sería deseable que hubiera trabajo para todos, que la “política de derechos humanos” signifi cara pleno empleo. Mi idea es: no debemos bajar la edad de imputabilidad, debemos, sí, excluir el sistema del patronato, que es un sistema de vicitimizacion y marginación extrema de los chicos y debemos bregar por un sistema de inclusión social, que sirva realmente para tener política hacia los menores.

Raúl Zaffaroni: Lo que sucede con el niño y adolescente, es que tiene una menor reprochabilidad porque lógicamente dada la etapa evolutiva, la falta de madurez emocional, no le puedo hacer el mismo reproche que a un adulto. El sistema que tenemos en este momento es muy difícil que pueda empeorarse. Actualmente para los mayores de 16 años tenemos el sistema que prevé el sometimiento a una prueba, después de eso el tribunal decide si le pone una pena atenuada en la escala de la tentativa, o se le impone la misma pena que el adulto. Esta última hipótesis es inconstitucional porque pasa por encima la menor culpabilidad del carácter de la naturaleza de las cosas, el resultado de esto es que ha habido en el país el dictado de dos penas de prisiones perpetuas. Evidentemente esta hipótesis es indispensable surprimirla, y en segundo término, hay que establecer una escala de penas, que no obligue a hacer semejante locura. Es decir, de alguna manera, que se disminuye la escala del delito en un tercio a la mitad en todos los delitos. En cuanto a adolescentes entre 14 y 16 años, hoy el problema es que todo adolescente pobre está amenazado con prisión, llamémoslo claramente, ya que si estoy en un instituto estoy sufriendo privación de libertad. Con el pretexto de que al adolescentes menor de 16 años se lo “tutela”, se le aplican medidas educativas, y eso es una pena, erróneamente a lo que se pretende decir con el discurso encubridor de la ideología de la tutela, esto termina siendo en la práctica. Lo que hay que hacer es que ningún pibe por ser pobre o carenciado debe ser privado de libertad. Cuando se limita la libertad, eso es pena, y para imponer una pena hay que hacer antes un proceso. Esto es el fundamento.

Hoy lo que estamos haciendo es directamente la inquisición, no necesitamos proceso porque te estoy tutelando y como te estoy tutelando, todo lo que te pueda hacer es bueno. En la historia tutelaron a los indios, a las mujeres, a lo negros, a los colonizados y así les fue, y así le fue a los pibes con el tema de la tutela. No tiene nada que ver esto, la confusión mediática que se ha creado es que esto viene a coincidir con una campaña de estigmatización de los adolescentes pobres, esto no tiene nada que ver con esta campaña.

Maria del Carmen Verdú: si esa es la posición de un juez de la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo se explica la revocación del habeas corpus presentado a favor de los pibes del instituto de San Martín, que fue explicado por su colega Carmen Argibay diciendo “que si estos chicos se ponían en libertad se convertirían en blancos móviles para el gatillo fácil en sus barrios”, y precisamente para protegerlos, que es lo mismo que decir tutelarlos, había que mantenerlos encerrados?

Raul Zaffaroni: La explicación que di en su momento y que me motivó en su momento fue otra cosa. Autoridades públicas imputaban el problema de la inseguridad a menores de 16 años, esto era titulares de los diarios, se le dedicaban minutos de televisión, estábamos en medio de una campaña mediática. Yo recuerdo perfectamente lo que sucedió al salir de la dictadura en el año 84, 85 y 86 y hasta que llegó Cafiero a la gobernación de la provincia, tuvimos más de mil muertos, más de mil ejecuciones sin proceso. En Diciembre del año pasado, en medio de esa campaña, lo que me dio temor fundado que sucediese, que la Corte Suprema diera el argumento necesario para decir: “la Corte los suelta, nosotros tenemos que matarlos” y que liberándolos empezara a haber ejecuciones de pibes en el Gran Buenos Aires.

Maria del Carmen Verdú: ¡El problema es que tenemos un muerto por gatillo fácil y victima de la tortura día por medio! Con un total de 1034 fusilados desde el 25 de mayo de 2003, o sea que eso ya está sucediendo.