El Partido Obrero ha tomado una posición ajena al programa de los socialistas revolucionarios frente a la reciente huelga policial salteña por aumento de salarios. Bajo la lectura de que la huelga expresa el enfrentamiento entre la base policial y los altos mandos y que hay que usar el conflicto para debilitar “el aparato de represión” formula, en este punto, un programa y una política reformista frente al conflicto de la policía salteña.

Un movimiento económico corporativo no es un hecho progresivo en sí mismo, como plantea el PO, sino que expresa una puja por el reparto del botín policial, en un cuerpo dedicado a reprimir a los trabajadores, ejercer el control social y cuidar la propiedad privada de los capitalistas.
Los socialistas revolucionarios luchamos por la disolución de las fuerzas de seguridad y la destrucción de todo el aparato represivo del Estado burgués. En ese camino, el debilitamiento del aparato represivo y la posible división entre la base y el alto mando policial, a la que apela el PO, a lo sumo puede ser producto del impacto que generan dentro de la fuerza los grandes hechos extremos de la lucha de clases, que lleve por ejemplo a un sector de la fuerza a negarse a reprimir y pasarse con sus armas al campo de la movilización popular. La única forma de debilitar el aparato represivo que conocen las luchas populares es la de las grandes movilizaciones revolucionarias de masas que quiebren horizontalmente la unidad del cuerpo represivo mediante el ejercicio de la autodefensa frente a la represión. El PTS no apoya las huelgas policiales por reivindicaciones salariales o de “equipamiento”. Sólo si se tratara de huelgas organizadas por la base policial que tomen el compromiso público de insubordinarse en caso de represión a los trabajadores (es decir, un compromiso serio y no formal de no reprimir las movilizaciones populares), cuestión que, repetimos, sólo será posible en situaciones de ascenso de las luchas de los trabajadores y aguda descomposición del régimen capitalista, los revolucionarios consideramos que podrían establecerse acuerdo con aquellos sectores que estuvieran en proceso de ruptura con la cadena de mandos de esa institución represiva del Estado burgués. No tomar en cuenta esto es desconocer la experiencia de la lucha de clases y los levantamientos sociales de los ’90 donde las policías provinciales fueron las responsables de la muerte de Teresa Rodríguez, Víctor Choque, Aníbal Verón o recientemente Carlos Fuentealba. Pero la posición del PO no sólo está lejos de plantear una política seria para debilitar el aparato represivo, sino que abandona la lucha por la disolución de las fuerzas de seguridad planteando en cambio “un control civil y democrático de la policía”. No es la primera vez. En las elecciones tucumanas del 2007 el PO levantó como programa la “reestructuración total de la Policía, con el cambio de las cúpulas y el nombramiento de nuevos agentes capacitados para servir a la comunidad (…)” (www.elsigloweb.com 19/8/07).

El PO olvida el carácter de la policía y su función; reemplaza una posición socialista para sumarse a las posiciones garantistas que buscan legitimar la idea de que es posible una policía “buena” atada a la ley. Porque el control civil es el control de la actividad policial de acuerdo a la ley burguesa. Para peor PO sostiene que la limpieza de la policía de sus “manzanas podridas” debería estar en manos de “una comisión parlamentaria” a la que se subordinen los movimientos sociales y de derechos humanos, que investigue los casos de corrupción policial. Es decir, deja en manos de las instituciones del régimen salteño de los Romero y los Urtubey, la limpieza de la fuerza. El PO presenta una versión más “izquierdista” de la política que ya fue aplicada, en su momento, por León Arslanian para la Bonaerense con resultados trágicamente conocidos. Por otra parte, habría que preguntarle a PO cómo sería en la práctica el control civil cuando la guardia de infantería está presta a reprimir una toma de fábrica, corte de ruta o una manifestación popular (¿comisiones civiles que le digan a la fuerza de infantería policial que no reprima las luchas?).

En su artículo PO reconoce que hay una discusión importante entre la población que, con instinto, se niega a reconocer entre los uniformados a sus hermanos de clase. “¿Son trabajadores?, se debate. Trabajan, sí, pero su trabajo es reprimir a los trabajadores” (¡nada más y nada menos! Agregamos nosotros). El PO, ambiguamente, sin animarse a decirlo claramente, considera a los policías trabajadores en uniforme, un tipo de empleado público. Niega el hecho de que la condición material del agente policial –lo que en última instancia, diría Marx, determina su conciencia- es la de ser integrantes de una fuerza especial permanente que ejerce el monopolio de la violencia contra los trabajadores y el pueblo pobre. Pero además de fuerzas de represión contra el pueblo pobre, la policía, sobre todo en países como el nuestro, pero en general en todas las policías actuales, reciben a cambio prebendas económicas producto de la corrupción (narcotráfico, prostitución, trafico de armas, secuestros extorsivos, etc) que unifica los intereses del alto mando y la tropa.

Los socialistas revolucionarios luchamos por la disolución de las fuerzas policiales y su reemplazo por una milicia ciudadana, obrera y popular, subordinada y controlada por las organizaciones obreras, del pueblo oprimido y los militantes de los derechos humanos. En este punto, PO se ubica en una línea de reforma de las instituciones del Estado burgués salteño de los Urtubey y los Romero.