La cobertura previsional se hace masiva con la creación en 1944 de la Caja de Empleados de Comercio, y en 1945 del Personal de la Industria. Se preveía la combinación entre reparto y capitalización, es decir, que regía el principio de solidaridad por el cual los trabajadores financiaban a los jubilados, y también se preveían aportes en cuentas individuales. Pero a partir de 1954, los beneficiarios ya superaban las posibilidades financieras del sistema. Esto acelera el establecimiento pleno del sistema de reparto.

El sistema será desfinanciado en varias ocasiones por la funcionalidad que adquirirán dichos fondos en la acumulación de capital. Ya en los primeros años empezarán a licuarse por la inflación. Según Juan Iñigo Carrera, el Estado prestaba a los capitalistas a tasas de interés tan bajas que -por la suba de precios- se volvían negativas. Los recursos salían de los fondos jubilatorios, por lo que “el Estado nacional realimenta constantemente con ellos una deuda pública interna que se diluye de manera igualmente constante por la tasa de interés real negativa, pasándolos de los modos ya vistos a manos de los capitalistas industriales” (La acumulación de capital en Argentina). Apenas generalizado el sistema previsional, los capitalistas hicieron uso de los fondos para sostener sus ganancias con fuentes adicionales a la explotación directa de los trabajadores.

Después del golpe militar de 1955 se realizó un desfalco y a cambio generó deuda, que también se iría licuando por las tasas de interés reales negativas. Más adelante las reformas previsionales acentúan distintos privilegios sectoriales. En 1967, el gobierno militar de Onganía agrupa las cajas previsionales en tres: trabajadores del Estado, autónomos y privados. Los privilegios aparecen con el régimen especial de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Así, en 1973 la Seguridad Social contaba “con un déficit tres veces superior a las disponibilidades del sistema y además se debía a los jubilados una retroactividad equivalente a un millón trescientos mil haberes mínimos” (Gentile, “La mitad de la verdad es peor que una mentira”, Página/12, 27/10/08). En los años siguientes por la mayor presión de los trabajadores aumenta la recaudación previsional (evadida sistemáticamente por las patronales en las décadas precedentes con el guiño del Estado), pero la última dictadura militar pondrá fin a esto y volverá a hacer uso de la caja previsional para financiar a los capitalistas. Entre 1977 y 1995, se desviaron fondos hacia el Estado por $88.905 millones. Si el sistema requería en 1979 aportes del Estado para sostener un 5% de sus obligaciones, en 1987 había subido ya al 25%. A la vez, los criterios utilizados para ajustar los haberes variaron sistemáticamente, hasta la reciente ley 26.417, sin que esto redunde en mejores ingresos.

Una contradicción insalvable

Además, existen contradicciones insalvables del sistema previsional ligadas a las condiciones de vida de los trabajadores en el capitalismo. Éste se basa en el acceso monopólico a los medios de producción por parte de una minoría parasitaria, mientras que millones están obligados a vender su capacidad de trabajo a cambio de un salario que en términos generales les alcanza para no mucho más que mantenerse en condiciones de seguir trabajando y produciendo para los capitalistas. Las ganancias de los capitalistas surgen de apropiarse de una parte -siempre creciente- del valor generado por los trabajadores.

El sistema previsional se inserta en estas condiciones desiguales de reparto inherentes al capitalismo. Con sólo una fracción del salario (mediante retenciones directas al trabajador y contribuciones patronales), se debe sostener un número creciente de trabajadores que se jubilan. Esto se agrava porque mientras que la masa salarial de la cual salen los aportes está sometida a los ciclos de la economía capitalista que generan fuertes oscilaciones en el nivel de empleo, los trabajadores en pasivo no están sometidos a ese tipo de oscilación.

Actualmente, de los 14,5 millones inscriptos sólo 6,6 millones son aportantes efectivos. Esto significa que con el 27% del salario de estos trabajadores, debe sostenerse el haber jubilatorio para casi 6 millones. Aunque hoy la masa de recursos que se apropiará el Anses es formidable, el sistema previsional mantenido sobre las contribuciones proporcionales al salario no puede sostenerse y por eso se apoya en otros impuestos, que en la abrumadora mayoría son al consumo de los trabajadores. Mientras tanto los patrones aportan sólo un 16%, y el aporte de los trabajadores subió de 7% a 11% en 2007. Para sostener los haberes es necesario aumentar la recaudación a costa de las ganancias de los capitalistas, empezando por restituir los aportes patronales y que la totalidad del salario diferido sea abonado por el empleador, y consiguiendo una garantía estatal, aplicando impuestos a las grandes fortunas o con los fondos que hoy destinan a la deuda externa.