En manos de las AFJP, los aportes jubilatorios han sido utilizados para la especulación financiera que se está viniendo a pique en la economía mundial. Los salarios depositados por los trabajadores de esas cajas, atados al destino “del mercado”, perdieron un 20% de su valor en los últimos meses. Los gerenciadores de las AFJP se llevaron 12 mil millones de dólares de “comisiones” desde la privatización de Menem y Cavallo; mientras, en el mismo período, la masa de los fondos de los aportantes se redujo 7.000 millones de dólares. El sistema de “capitalización” que defienden -en nombre de la “propiedad privada”- los banqueros y los que le hacen de comparsa, como Mauricio Macri y Elisa Carrió, es un robo al salario diferido de los trabajadores. En primer lugar un robo a los aportantes de las AFJP, pero también a los que están en el sistema de reparto, porque la subvención que les hace el Estado desde la Anses, vacía los fondos de las jubilaciones estatales. Todos estos años, el gobierno les estuvo bancando el negocio, a costa de postergar el 82% móvil que exigen años de lucha de los trabajadores y las organizaciones de jubilados. Es muy bueno que desaparezcan estos estafadores.

Pero el proyecto de estatización del gobierno no resuelve el problema. En primer lugar, no garantiza el 82% móvil. No plantea la restitución de los aportes patronales que disminuyeron desde la época de Cavallo y mantiene a millones de trabajadores en negro permitiendo a las patronales eludir cargas fiscales. Si no va a ser para restituir todos esos derechos ¿a dónde van los aportes jubilatorios? Hay una gran desconfianza popular (de lo que se aprovechan los defensores del negocio privado) porque durante décadas el Estado patronal, bajo gobiernos militares, radicales y peronistas, metió la mano en la lata de nuestros aportes. Ahora, el gobierno obtiene $15.000 millones al año para gastar a discreción, ya sea para cubrir vencimientos de la deuda externa o manejar obra pública con sus empresarios amigos, con bajos salarios y trabajo en negro.

¿Cómo defendemos nuestras jubilaciones? La única garantía es, en primer lugar, un sistema previsional público bajo gestión obrera directa. Es decir que los fondos, nuestros fondos, sean administrados directamente por representantes que elijan, en forma democrática, los propios jubilados y las organizaciones de los trabajadores; no por una “comisión bicameral” de la que habla el oficialismo o la “cogestión” entre la cúpula de los sindicatos, las patronales y el Estado, como proponen otros. ¿Quién puede confiar en dejarlos en las manos de diputados y senadores que votan leyes antipopulares y de los dirigentes de la CGT que también se engancharon en el negocio de las AFJP?

En segundo lugar, no alcanza para garantizar el 82% móvil con los fondos de la ANSES que han sido históricamente vaciados en colaboración entre los privados y el Estado (en un 55% está en papeles de deuda pública). Un sistema público gestionado por los trabajadores debe fundarse a partir de la devolución de los fondos robados por los bancos dueños de las AFJP en estos años, al revés de las indemnizaciones que prevé pagarles el proyecto de ley del gobierno. Del aumento de los aportes patronales que les rebajó Cavallo y la eliminación del trabajo en negro. Un sistema público de gestión directa debe contar con una garantía del estado basada en la aplicación de impuestos progresivos a las grandes fortunas para cubrir las necesidades de jubilaciones para todos.

Exijamos a los sindicatos una lucha por estas demandas.

Nacionalizar la Banca

Los especuladores de las AFJP amenazan con retirar sus depósitos de los bancos, alientan una estampida del dólar y una devaluación del peso, es decir hundirnos el salario y las jubilaciones. Para evitar la fuga de capitales de las AFJP, los banqueros, multinacionales y especuladores y destinar el ahorro nacional a las necesidades del pueblo trabajador: Nacionalización sin pago de los bancos y creación de una banca estatal única bajo administración de los trabajadores.

NI SUSPENSIONES NI DESPIDOS: AUMENTO DE SALARIOS Y JUBILACIONES PARA TODOS: Plan de lucha nacional contra el chantaje patronal

Todos estos años de lo que llamaron un “crecimiento histórico” y “rentabilidad récord”, los salarios de la mayoría no lograron recuperar el poder adquisitivo del 2001 y casi un 40% de los trabajadores
siguen en negro. Ahora que la crisis capitalista internacional amenaza con bajar la producción, los empresarios nos quieren hacer pagar sus malos negocios aplicando la misma receta que en los años 90: congelamiento salarial, suspensiones y despidos.

Las empresas automotrices lanzan un chantaje, con verdaderos actos de lock out patronal, para que posterguemos todas nuestras demandas. La General Motors que pretende echar a más de 400 trabajadores de su planta de Rosario, viene de obtener cerca de 1200 millones de pesos por ventas en los primeros 5 meses de este año. El 22% más que el mismo periodo del 2007. Y así podríamos seguir enumerando a todas las multinacionales que quitan horas extras, aplican suspensiones con rebaja salarial, planes de despidos y mandan a los más expuestos, los jóvenes contratados, directamente a la calle. No sólo pasa en las automotrices sino también en la rama de los frigoríficos, las textiles o las del neumático, como Fate donde la patronal que retacea el aumento salarial presenta un “preventivo de crisis” para que el Ministerio de Trabajo les de el visto bueno para congelar salario, suspender y despedir. Los empresarios se niegan
a reabrir las paritarias, pero están imponiendo a la fuerza nuevas y peores condiciones de salario y empleo.

Ante esto, los dirigentes de la CGT piden que confiemos en sus negociaciones en el Ministerio de Trabajo. Pero con el viejo lema “de la casa al trabajo y del trabajo a la casa”, muchos terminarán quedándose en la casa, suspendidos o despedidos. En Renault de Córdoba, cuando la patronal anunció que “necesitaba despedir 600 trabajadores”, la “gran negociación” que consiguió el SMATA fue arreglar el despido de 300. En la multinacional Easy de Buenos Aires y en la General Motors de Rosario fue la disposición a la lucha de la base la que obligó a los delegados del sindicato a enfrentar los despidos, y así pudieron frenarlos. Los dirigentes de la CGT postergan el reclamo de un aumento de emergencia, el famoso “bono de 500 pesos” que dejan para “el momento oportuno”, y encima terminan negociando suspensiones que significan una quita del salario de hasta el 30% y hasta despidos. Esto no es “custodiar el empleo”, como dicen, sino las ganancias de los capitalistas.

Tenemos que exigir desde las asambleas, las comisiones internas y los delegados de base que los sindicatos se pongan a la cabeza de una gran lucha nacional de todo el movimiento obrero, como hicieron los trabajadores de General Motors donde el Smata fue llevado a la lucha para enfrentar los despidos con la votación de asamblea. Se necesitan un plan de lucha nacional de los sindicatos de la CGT y también de la CTA para que triunfen los reclamos de los docentes que luchan en la Capital y en varias provincias. Se necesita poner a las grandes organizaciones sindicales en defensa del empleo, el salario y las condiciones de vida de los trabajadores.

Ni despidos, ni suspensiones. Aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y planes sociales.

Reapertura de las paritarias para discutir un salario igual a la canasta familiar y el fin del trabajo en negro. Ante la baja de la producción: reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. Ante los lock out patronales, los cierres o despidos masivos hay que ocupar y poner bajo control obrero, como hicieron los trabajadores de Zanon en Neuquén que hoy siguen produciendo y duplicaron los empleos. Para dar trabajo para todos se necesita un verdadero plan de obras públicas controlado por las organizaciones obreras junto a los movimientos de desocupados, que en lugar de estar financiado con los fondos de los aportes jubilatorios, se haga mediante impuestos a las grandes fortunas y la nacionalización de la banca.