La embajada norteamericana impuso en la Argentina las llamadas “leyes antiterroristas” que Kirchner envió al Congreso y la última de las cuales (Ley 26.268) fue votada en junio del año pasado. Esta Ley afirma que es un “terrorista” aquel que forme parte de una organización que luche por reivindicaciones del tipo que sea, que “intente mediante la comisión de delitos” (por ejemplo cortar una calle u ocupar el lugar de trabajo) “obligar a un gobierno u organismo internacional (...) a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”. Es decir que un juez podría culpar de esta “asociación ilícita terrorista” a los organizadores de huelgas o manifestaciones que impidieran, por ejemplo, una ley como la reforma laboral de la Banelco, que obligara a un banco a devolver en dólares los ahorros que fueron depositados en dólares, o que impusiera la renuncia de un gobierno que haya asesinado a un docente.

El sostenimiento de esta verdadera Ley de Bush, es coherente con la actuación en la Cumbre de Río de la presidenta, junto al resto de los mandatarios latinoamericanos, de convivencia con Alvaro Uribe que venía de practicar un acto de “Terrorismo de Estado” con la masacre de 20 miembros de las FARC, en territorio de Ecuador. Cuando están por cumplirse 32 años del golpe de Videla, el “gobierno de los derechos humanos” acordó con Uribe una declaración donde no se condena la masacre ni se la relaciona con el plan sistemático financiado y monitoreado por EE.UU., llamado Plan Colombia.

Este 24 de marzo marchamos a Plaza de Mayo y en todas las ciudades del país, para manifestar nuestra clara oposición al gobierno. Contra el Plan Colombia. Por la anulación de las leyes “antiterroristas” de los Kirchner y Bush. Contra las patotas y la represión. Para que triunfen las luchas como la de los obreros de Mafissa contra la emblemática patronal de la familia Curi, colaboracionistas con la dictadura. Cárcel a los secuestradores de Julio López. Por el juicio y castigo a todos los que ejecutaron y promovieron el genocidio en la Argentina.