El diputado Héctor Recalde presentó un proyecto de Ley mediante el cual, dice, se dará participación a los trabajadores en las ganancias de las empresas. Este proyecto fue aprobado por la CGT y será presentado en el Congreso. Aunque no es seguro que salga como Ley, podría llegar a ser aprobado en la Cámara de Diputados, donde Proyecto Sur presentó hace semanas un proyecto similar.

La iniciativa del diputado de la CGT cuenta con el apoyo del gobierno. La UIA primero puso el grito en el cielo: su presidente, Héctor Méndez lo comparó con la Cuba de Fidel Castro. Pero días después la misma institución salió a decir que “acepta debatir la distribución de utilidades, pero en un pacto social” (El Cronista, 15/09).

El proyecto de ley estipula que “las empresas con fines de lucro deben distribuir entre todos sus trabajadores un 10% de sus utilidades netas que hubieren obtenido al fin del ejercicio anual”. Y quedarían exceptuadas: “las empresas de nueva creación durante los dos primeros años de funcionamiento; las empresas de industria extractiva de nueva creación durante el período de exploración; las cooperativas”, entre otras. Para determinar qué empresas distribuirían utilidades, se propone crear una “Comisión Nacional para la participación de los trabajadores en las utilidades empresarias con el objeto de determinar qué empresas quedarán alcanzadas”, que estaría conformada en su gran mayoría por representantes del gobierno, del Congreso y un representante de la CGT.
Por su parte, la CGT le agregó “una cláusula especial para asegurar el acceso de empleados y gremios a datos e información contable y financiera de las compañías” (El Cronista, 15/09). La aplicación -dice Recalde- será gradual: “primero apuntará a las empresas que están obligadas a dar un balance social, aquellas que tienen más de 300 empleados, y que tengan ganancias. Se irá extendiendo al resto de las empresas de forma progresiva”. Por otra parte, “no se toma en cuenta para participar en las ganancias los montos que invierte o reinvierta el empresario”. (Página 12, 12/09). Esto último significa que si el capitalista utiliza las ganancias obtenidas para comprar nuevas máquinas a fin de incrementar la productividad o realiza una ampliación de la empresa (lo que los beneficia exclusivamente a ellos), no tendrán que repartir nada.

“Mi preocupación es que puede ser criticado por izquierda”

Estas palabras fueron dichas por el mismo Recalde en Página 12 del pasado 12 de septiembre, y amplió el concepto “preocupado” porque puedan decir de su proyecto que “es la zanahoria adelante del burro para que los trabajadores se deslomen, las empresas ganen más y les tiren un bocadito”. Efectivamente, el oficialismo pretende hacer pasar este proyecto como una medida progresista. Néstor Kirchner así lo afirmó en un acto en La Boca, la semana pasada: “es fundamental la distribución del ingreso. Les pido a los empresarios que no hablen con desprecio de los trabajadores. Y a los trabajadores, que no lo hagan con los empresarios nacionales. La Argentina debe volver a 1974, cuando la distribución era de 50 y 50”. Hay que afirmar, en primer lugar, que al 50 y 50 de distribución del ingreso no se llegó con la participación de los trabajadores en las ganancias empresarias, sino tras duras décadas de luchas contra todo tipo de gobiernos. Pero no es casual que se hable del año 1974 como referencia para pedir que “los empresarios no hablen con desprecio de los trabajadores” y que éstos “no lo hagan con los empresarios nacionales”.
Justamente en ese año regía un pacto social, entre el gobierno, los empresarios y la CGT. Justamente, un pacto social es lo que acaba de pedir la UIA.

En 1974 a partir del Pacto se congelaron los precios y los salarios, y se prohibieron las huelgas. Pero el pacto fue quebrado una y otra vez por las mismas patronales - “nacionales” y extranjeras - que incrementaban los precios, y también por la combativa resistencia obrera a nivel de fábrica, donde crecían verdaderas “rebeliones antiburocráticas”. El pacto social terminó de romperse definitivamente en junio/julio de 1975 cuando la crisis económica internacional obligó al gobierno de Isabel Perón a lanzar el Rodrigazo, que fue respondido por la huelga general más importante que conoce la historia de nuestro país.

A ponerse la “camiseta de la empresa”

Hoy el salario promedio está en $1800, el 40% de los trabajadores está en negro, cobrando todavía menos, ¿a quién le quiere hacer creer Kirchner, la CGT y Recalde que con la participación de los trabajadores en las ganancias se va a mejorar la “distribución del ingreso”?

El proyecto propone distribuir un 10% de las ganancias de las grandes empresas (siempre que no lo usen para nuevas inversiones). Lo primero que hay que decir es que según este proyecto, el destino de los trabajadores queda atado a la situación del comercio local y mundial, ya que cuando el patrón no pueda vender su mercadería con grandes márgenes de ganancias, no se reparte nada. En segundo lugar, lo que se reparte llegaría a un sector muy minoritario de la clase trabajadora, la mejor paga y en blanco. Es decir, que los trabajadores que están mejor, cobrarían un incentivo a fin de año (siempre que al patrón le vaya bien), y la inmensa mayoría, empleados de pequeñas y medianas empresas, los contratados, los que están en negro y los estatales, no recibirían nada.

Así, la CGT se ubica como una aristocracia basada en los trabajadores que tienen “el privilegio” de ser explotados por las grandes patronales. Hasta abandonaron la lucha porque se elimine la aplicación del impuesto a las ganancias al salario (cuando sólo el monto de este impuesto es equivalente a lo que las patronales deberían repartir con este proyecto).

Por otra parte, en estas grandes compañías, se quiere establecer una especie de “pacto social” al interior de la fábrica. Quieren que los trabajadores “se pongan la camiseta de la empresa”, y trabajen a destajo para cumplir con metas de producción que posibiliten arribar a estas ganancias, es decir, una mayor explotación, o como bien dice Recalde “poner la zanahoria adelante del burro” para recibir “un bocadito”.

Lo que esconde este proyecto es que la fuente de ganancia de los capitalistas es el trabajo no pagado, lo que los marxistas llamamos plusvalía. Un obrero que trabaja 8 horas produce en la mitad o menos de esa jornada (por ejemplo) la cantidad de bienes necesarios para pagar su salario. Los bienes que produce en el resto del tiempo se los apropia enteramente el capitalista. El proyecto, al incrementar la “productividad” tiende a que en las mismas horas de trabajo se produzca una mayor cantidad de bienes, aumentando así la explotación.

Por último, el proyecto de Recalde afirma que “para la determinación del monto distribuible se tomará como base la declaración que hubiere presentado la empresa ante la Administración Federal de Ingresos Públicos a los efectos del pago del impuesto a las ganancias”. Todos sabemos que en esas declaraciones se realizan múltiples engaños para pagar menos.

Los trabajadores no deben depositar ninguna confianza en este proyecto. Para mejorar realmente la situación de los trabajadores hay que pelear por un salario mínimo equivalente a la canasta familiar, hoy valuada en $4500, por acabar con el trabajo en negro y la precarización laboral. La patronal se queja de que paga altos salarios, una mentira completa cuando todo trabajador sabe que no le alcanza para satisfacer sus necesidades. Para poner esto en evidencia es necesaria la apertura de todos los libros de contabilidad y el control de los trabajadores de toda la producción, la única forma de controlar fehacientemente las ganancias del patrón, no sólo del último año, sino –por ejemplo- desde el 2003 hasta ahora. Allí se verá que durante estos años de “crecimiento” ellos acumularon fabulosas ganancias con las cuales se puede pagar un sueldo inicial igual a la canasta familiar. Estas son las verdaderas reivindicaciones por las que tenemos que luchar los trabajadores.