Profundizando y confirmando su política pro imperialista y antiobrera, el gobierno "progresista" de Tabaré Vázquez está dando nuevas muestras de su verdadera cara.
Esta vez le tocó el turno a los derechos humanos:
Ya antes de asumir, el congreso del Frente Amplio (FA) dejó bien claro que no pensaba anular la ley de caducidad, que protegió y amparó a los represores de la dictadura, impidiendo el conocimiento de los hechos, y el juicio y castigo a los culpables.
Ahora parece ir más allá. Hizo suyo el proyecto de ley de la agrupación "14 de Abril", reconocidos apologistas del régimen dictatorial.
En los considerandos del texto presentado por Tabaré al Parlamento se afirma que "se pretende cerrar definitivamente una dolorosa etapa (…) teniendo en cuenta el ambiente de violencia extrema reinante en el país y la inquebrantable defensa que hicieron militares y policías de una sociedad que se encontraba conmovida por dicha situación".
La iniciativa pretende reparar económicamente con 150.000 dólares a los represores.
En el colmo de los absurdos la iniciativa del poder ejecutivo pretende reparar a personal militar o policial que fue muerto en represalia por sus propios crímenes, en tanto eran integrantes de Escuadrones de la Muerte, pero ignora y deja de lado a las víctimas de su accionar.
Además, sólo se habla de los desaparecidos, que son alrededor de 200; no incluye los miles y miles de presos, torturados y exiliados, metodología represiva que, a diferencia de Argentina donde predominó la desaparición de personas, fue la utilizada en Uruguay.
Así, sólo un numero ínfimo de represores podría ser juzgado, dejando intacta toda una maquinaria siniestra de represión que funcionó en el país.

Persecución y cárcel para los luchadores
La otra cara de esta política viene siendo la represión a la protesta social. Un claro ejemplo fue el 4 de noviembre de 2005 durante la visita del carnicero Bush. Como consecuencia de la salvaje represión a la marcha de repudio, un manifestante fue enviado a la cárcel por roturas en un Mc Donald, imputado por sedición. En esos días, estrenaba cargo la nueva ministra del interior: Sra. Daisy Tournee, quien aceptó ante el Parlamento haber tomado la "progresista" medida de infiltrar la marcha por policías de civil.
Este 12 de abril se marchó por la liberación del compañero. Hay que destacar el mayor número de policías infiltrados que hubo, así como las filmaciones y "fichajes" de los participantes. En esos días también diferentes personas ligadas a las organizaciones "radicales" manifestaban su convicción de ser seguidos o tener sus teléfonos intervenidos.
Terminada la marcha, se supo que también participaba de la misma de manera anónima, una Jueza, atenta a si ocurría algún acto fuera de la ley. Fue así que en determinado momento señala a un participante de la misma a los policías de civil quienes rápidamente se lo llevan en un auto policial. El motivo de la detención de Washington Muñiz es quemar una bandera yanqui.
La absurda detención provocó que algunos manifestantes se mantuvieran en las cercanías del Juzgado, pidiendo la libertad del detenido, quemando reproducciones de la bandera yanqui y algunas cubiertas.
También fueron citados a declarar Irma Leites de la Plenaria Memoria y Justicia (organización de DD.HH.) y Rafael Fernandez del Partido de los Trabajadores, por ser convocantes.
Por ahora todos han quedado en libertad, aunque continúan las actuaciones judiciales.
Los partidos que se reivindican democráticos, los sindicatos y organizaciones sociales deben repudiar activamente este tipo de hechos que atentan contra los más elementales derechos de expresión y manifestación.
Hay que abandonar las ilusiones y romper con el FA, y poner en pie una herramienta política de los trabajadores que luche por la independencia de clase y abandone cualquier política de conciliación de clases como la promovida por el FA.