La recomposición de los indicadores sociales depende decisivamente del funcionamiento del mercado de trabajo. La crisis tuvo impactos severos en la situación laboral y la posterior recuperación del la actividad económica generó un crecimiento en la cantidad de empleos. Sin embargo, la mala calidad de los empleos sigue siendo una deuda pendiente.

La tasa de empleo no registrado es un indicador indicativo de la calidad de los puestos de trabajo. Esta tasa ha venido disminuyendo lo cual ha generado expectativas favorables en torno a la recuperación de los indicadores sociales. Sin embargo, cuando se observa el fenómeno del empleo no registrado en sus detalles aparecen señales que indican que la informalidad laboral está lejos de ser un problema en vías de pronta solución.

Según datos de la EPH recientemente publicados por el INDEC, comparando el segundo trimestre del 2006 con igual periodo del 2005, se observan las siguientes tendencias:

· La tasa de empleo no registrado total ha disminuido en un año de 47,2% a 44,1%. Es decir, un caída de 3,1 puntos porcentuales.

· La tasa de empleo no registrado sólo del empleo privado –o sea, excluyendo asalariados públicos y beneficiarios del Plan Jefes de Hogar– muestra una disminución menor desde 51,0% a 48,8%. Es decir, 2,2 puntos porcentuales menos.

· La tasa de empleo no registrado del empleo privado excluyendo además servicio doméstico disminuyó desde 44,3% a 42,5%. Es decir, 1,8 puntos porcentuales.

Lo notable es que este alto nivel de empleo no registrado y su modesta disminución se da en el marco de una muy fuerte recuperación económica. Además, como agravante, en el último año una proporción importante de la reducción se explica por una acelerada generación de empleos públicos (segmento donde la proporción del empleo “en negro” es más bajo) y una importante reducción de los beneficiarios del Plan Jefes de Hogar (que son informales).

Si se acota el análisis al sector privado que es el segmento más importante por ser la principal fuente genuina de puestos de trabajo –pero, paradójicamente, el menos difundido– la reducción de la tasa de empleo no registrado es sensiblemente menor. Más aún, cabe resaltar que entre el primer y segundo trimestre de este año la incidencia del empleo no registrado en el sector privado ha crecido, rompiendo la tendencia descendente que se había mantenido durante los 5 trimestres anteriores. Esto es otro indicio consistente con la “meseta” que se observa desde hace 5 meses en el nivel del empleo formal que muestran las estadísticas de la AFIP.

La reacción oficial frente a estas señales de alerta es aumentar los controles. En el año 2005, el Ministerio de Trabajo visitó 106 mil establecimientos; en el 2006, se fiscalizaron hasta julio 71 mil; la meta para el Presupuesto 2007 es llegar a 200 mil inspecciones. Es un esfuerzo importante, que va en el sentido correcto, pero insuficiente. Su principal limitante es que la fiscalización opera fundamentalmente en el segmento de las empresas más grandes, pero el empleo no registrado es un problema eminentemente de las empresas pequeñas.

En este aspecto los datos oficiales son contundentes. El Censo Económico que realiza el INDEC arroja que hay más de 1,3 millón de locales privados en el país, es decir, unidades productivas que deberían ser fiscalizadas. Para la programación de las fiscalizaciones, el Ministerio de Trabajo manifiesta tener en cuenta que el 85% (o sea, más de 1 millón de establecimientos), tiene menos de 5 trabajadores y, según el INDEC, en este segmento se concentra el 58% del empleo no registrado. Es más, según esta misma fuente, los establecimientos con menos de 40 trabajadores generan el 91% del empleo “en negro”.

Para ser consistentes con el anuncio de que la reducción del empleo “en negro” es una meta prioritaria, es necesario diseñar una estrategia integral e innovadora. La fiscalización constituye un componente importante, pero no más relevante que adecuar las regulaciones laborales e impositivas a las posibilidades de las pequeñas empresas. Por eso, el anuncio de que hay un fuerte compromiso político con la formalización del trabajo sólo será creíble cuando vaya acompañado de una estrategia integral que incluya, por ejemplo, la determinación de un mínimo no imponible para calcular las cargas sociales, el restablecimiento de la Ley sobre Riesgos del Trabajo en su lógica original y un avance claro hacia la simplificación de la registración laboral y del sistema impositivo.