¿Qué balance hacen de la jornada del 24 marzo?

Vicky Moyano: Como ocurrió el año pasado, el gobierno y los organismos que están alineados con su política trataron de convertir los actos de repudio al golpe en un apoyo de hecho a la reelección de Cristina y un aval más general al kirchnerismo. Por el contrario, la movilización convocada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que integramos tanto el CeProDH como el PTS junto a decenas de organizaciones políticas y sociales, que fue de Congreso a Plaza de Mayo, levantó una clara tribuna independiente tanto del gobierno como de la oposición patronal, por el castigo a todos los genocidas, denunciando la continuidad de la represión y la impunidad. Fuimos más de 30.000 compañeros los que entramos a la Plaza a pesar de las provocaciones de las agrupaciones kirchneristas. Sabían que la masividad y la fortaleza de nuestra marcha no iban a permitir que no llegáramos a la Plaza. Fue muy importante que estuvieran en la movilización, junto con los compañeros de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, del CeProDH y otros organismos y partidos de izquierda con los que impulsamos el Encuentro, compañeras Madres de Plaza de Mayo que siguen manteniendo una posición independiente del gobierno nacional e hijos y familiares de los compañeros desaparecidos. También estuvieron trabajadores que están procesados por luchar, familiares de víctimas de la represión actual, de los compañeros inmigrantes asesinados por la policía federal en el parque Indoamericano, de los Qom asesinados en Formosa por la policía del gobernador kirchnerista Insfrán, familiares y amigos de Luciano Arruga y de centenares de jóvenes asesinados por las balas de la policía de gatillo fácil.

Alejandrina Barry: Fue muy sintomático que Hebe de Bonafini realizara su acto junto al ministro de Economía Amado Bodou, un ex miembro de la liberal UCeDe, y a Guillermo Moreno, el responsable de mandar la patota contra los compañeros del INDEC. Allí Hebe dijo incluso que era “más importante hoy construir escuelas, casas, hospitales que juzgar a algunos viejitos genocidas”, cuestión que da argumentos a quienes vienen reclamando que se tiene que terminar con los juicios a los genocidas. Un discurso funcional a la política del gobierno, de enjuiciar a sólo algunos genocidas emblemáticos, mantener la impunidad del resto y avanzar en el camino de la “reconciliación” con las fuerzas armadas genocidas. En el caso del acto de Abuelas y otros organismos históricos que están con el gobierno, el carácter oficialista del acto no pudo ser ocultado con algunos párrafos críticos en el documento que se leyó previo al festival. Hasta le hicieron un homenaje a Néstor Kirchner, presentándolo como “el garante de terminar con la impunidad”. Una definición que busca expropiar la lucha popular por el castigo a los genocidas.

¿Cómo fue la cobertura mediática de los actos?

A.B.: Mientras Canal 7 transmitió en directo el festival oficialista, los medios televisivos, tanto oficialistas como opositores, realizaron un escandaloso boicot a la cobertura de la marcha y al acto del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Quisieron ocultar la voz de los que seguimos luchando, denunciando que mientras hay 4.000 compañeros procesados por luchar los genocidas procesados sólo son poco más de 800 y los condenados no llegan a 200, menos de uno por cada centro clandestino de detención, cuyo número es superior a 500. De quienes dijimos que Julio López continua desaparecido sin ningún imputado, en un encubrimiento abierto del gobierno nacional en esta causa que apunta al corazón de la Bonaerense, responsable de su secuestro y que más de 400 jóvenes siguen apropiados en manos de represores. De los que denunciamos que los mismos empresarios que orquestaron el golpe y tuvieron a la dictadura como brazo armado son los que hoy se siguen llenando los bolsillos. Sin embargo, la masividad de la acción obligó a los medios a reflejar la marcha en los diarios del día 25.

V.M.: Desde el oficialismo y los organismos que le son afines se quiere dar la imagen que con los juicios en curso se termina con la impunidad de los genocidas, que una vez terminados se producirá lo que Nilda Garré cuando era ministra de Defensa llamó la “reinserción de las Fuerzas Armadas”. Pero lo cierto es que los juicios están realizados de tal manera que se preserva la impunidad del grueso de los genocidas, tanto militares como civiles, empezando por los grandes empresarios que orquestaron el golpe. En las fuerzas represivas siguen en funciones numerosos genocidas. Poco después de la desaparición de López, Arslanián, que entonces era ministro de Seguridad en la Provincia de Buenos Aires, dio una lista donde constaba que 9.026 policías bonaerenses en actividad venían de la dictadura. Los compañeros de la AEDD hicieron un estudio de la lista y descubrieron que más de 3.000 de estos policías había estado en dependencias que eran centros clandestinos de detención. Algo similar se repite en todas las fuerzas de seguridad, como la Gendarmería, la Prefectura, la Federal y las policías provinciales, así como, quizás en menor medida por el recambio generacional, en las fuerzas armadas, empezando por el jefe de la Armada, el Almirante Godoy.

Los sectores progresistas que apoyan al gobierno alaban el nombramiento de Garré al frente del ministerio de Seguridad.

A.B.: El nombramiento de Garré está al servicio de una política de legitimación de la acción represiva del estado frente a las movilizaciones obreras y populares. No nos olvidemos que el kirchnerismo está directa o indirectamente implicado en las seis muertes en movilizaciones populares que se dieron a fines del 2010, la de Mariano Ferreyra, la de los QOM y las del Parque Indoamericano. Parte de esta política de fortalecer la capacidad represiva del estado es el despliegue generalizado de la Gendarmería en los barrios del conurbano bonaerense y el aval del gobierno nacional, y ni hablar de Scioli, a los planteos de bajar la edad de imputabilidad. No hay discurso de Cristina donde no se tire contra la acción directa, ya sean paros, bloqueos o piquetes.

V.M: Y además se acumulan las causas contra los que luchan, especialmente contra los delegados obreros del sindicalismo de base, como los compañeros de Kraft, los ceramistas de Neuquén o los ferroviarios, entre tantos otros, que expresan la continuidad con aquella generación de activistas clasistas que fueron blanco predilecto de la Triple A y la dictadura. Las mismas patronales que planificaron y organizaron este golpe antiobrero y antipopular recurren al igual que el gobierno a la persecución judicial de los luchadores, atacando a todo el que levanta cabeza “con el código penal en la mano”, como dijo hace ya un tiempo Aníbal Fernández. Por ello, una de las principales reivindicaciones de la movilización del 24 de marzo fue el desprocesamiento de todos estos trabajadores y luchadores, realizada incluso con leyes y decretos que fueron dictados originalmente por Onganía.

¿Cómo sigue la pelea?

V.M.: Nuestra pelea es hasta el final, no aceptamos ninguna reconciliación, queremos la condena del conjunto de los represores que participaron de la dictadura y poner en el banquillo de los acusados a los grandes empresarios que organizaron el golpe. Exigimos la apertura de todos los archivos de la represión en manos del Estado y que se dé la lista y se procese a todos los miembros de las fuerzas represivas que estuvieron en los centros de detención. Nuestra acción como querellantes en los juicios o la de nuestros compañeros abogados del CeProDH tiene como fin favorecer el debilitamiento y deslegitimación del aparato represivo del Estado. Un aparato al servicio de una clase dominante que, como lo ha hecho en múltiples ocasiones a lo largo de la historia, no dudará en recurrir a nuevas masacres si los trabajadores y el pueblo vuelvan a emprender un camino revolucionario de enfrentamiento con este sistema capitalista.
Hoy mismo vemos cómo se procesa cada vez más generalizadamente a los que salen a pelear. Por eso consideramos que es central la pelea que mencionamos contra la represión a los que luchan y lanzar una gran campaña nacional por el desprocesamiento de todos los compañeros perseguidos

A.B.: Esta pelea por la defensa de las libertades de los trabajadores y el pueblo, contra la represión y la impunidad de hoy la hacemos conscientes de que la verdadera justicia para nuestros 30.000 compañeros desaparecidos, sólo se logrará cuando derrotemos y expropiemos a esta clase social de grandes empresarios que no dudaron en organizar el genocidio y hoy siguen manejando los destinos del país.