El gobernador Scioli terminó el año con nuevos “regalos” para los trabajadores, los pobres y los jóvenes. Bajo su impronta y, desde ya, el aval de los Kirchner, la Legislatura bonaerense votó el Presupuesto 2009 sin contemplar ningún tipo de aumento para estatales y docentes, al tiempo que asimiló como propios más de $8000 millones del Instituto de Previsión Social, propiedad legítima de los jubilados y los trabajadores activos. El postre fue la sanción de la reforma del Código Procesal Penal, una nueva vuelta de tuerca en la campaña que criminaliza la pobreza, saludada por la derecha más reaccionaria.

Mediante esta reforma, el estado provincial restringe el beneficio de excarcelación a mujeres embarazadas o con hijos menores de 5 años, imputados mayores de 70 años y enfermos terminales. Asimismo, impulsa la aceleración de juicios orales con tribunales integrados por un solo juez con la finalidad de establecer sentencias en un lapso de 6 meses, mientras incorpora 1000 policías de administración en el patrullaje de calles. Entre los 50 puntos modificados, cobra particular relevancia la restitución del poder de la policía para efectuar detenciones sin mediar la orden de un juez, es decir la restauración del “olfato” y la “portación de cara” como criterios de detención, tal como se realizaba con los edictos policiales impuestos desde 1956 por el general Aramburu, el almirante Rojas y la “revolución libertadora”. De ese modo, no sólo la policía puede amañar una causa, sino que el detenido queda encerrado en prisión esperando el juicio. Si bien las detenciones arbitrarias y los abusos policíacos son moneda corriente en el conurbano, la adquisición de esta forma legal constituye un precedente peligroso que atenta contra las libertades democráticas más elementales.

Más poderes represivos

La reforma del Código Procesal Penal constituye un salto cualitativo en los poderes represivos adquiridos por el estado provincial. Scioli restringe la gracia de la excarcelación, apoyándose sobre el cuádruple crimen de Campana, cometido por un preso que gozaba prisión domiciliaria, y la exigencia de “seguridad” de sectores de las clases medias reaccionarias. Sin embargo, omite, interesadamente, que este beneficio, así como las salidas transitorias del sistema penal, frecuentemente se consiguen por la intervención de la misma policía bonaerense a cambio del chantaje para realizar todo tipo de delitos, como revelan infinidad de casos.

La investigadora en Sociología del Sistema Penal, Alcira Daroqui, sostiene que los nuevos “juicios abreviados” (que ya comenzaron a ponerse en práctica) “reciben fuertes cuestionamientos” de notorios juristas, porque después de entrevistar a numerosos detenidos “la mayoría no tiene claro qué fue lo que pasó en ese juicio ni qué es lo que el defensor les ofreció” (Página/12, 26/12/08). Evidentemente, si bien en las cárceles bonaerenses el 75% de los detenidos no tiene condena, con los juicios abreviados Scioli quiere asegurar que el 30% (como promedio) que resulta absuelto cuando tiene la suerte de llegar al juicio oral, se siga pudriendo en las mazmorras.

La restitución de las facultades de detención al azar para la bonaerense fortalece a ese ejército de ocupación de 56.000 hombres asociado al “gran delito” de los grandes empresarios, que hostiga permanentemente a los pobres y los jóvenes. Según la CORREPI, en 25 años de gobiernos “democráticos” la policía asesinó a 2557 personas, entre gatillo fácil, torturas y detenciones arbitrarias, la mayoría jóvenes pobres entre 15 y 25 años. El gobierno de los Kirchner aportó 1062 casos de asesinato, a razón de más de un muerto día por medio, un récord en relación a gobiernos anteriores. Indudablemente, a pesar de las “purgas” del ex ministro de Seguridad León Arslanian, la bonaerense demostró una y mil veces que es una institución de asesinos irreformable. En el mismo sentido, las cárceles nacionales mantienen más de 80.000 detenidos en condiciones deplorables de hacinamiento, predominantemente pobres con 24 años de edad promedio. Las cárceles bonaerenses concentran más de 26.000 detenidos, mientras Scioli se dispone a construir 4 nuevas unidades penales y 20 pabellones de máxima seguridad, confiando en las nuevas atribuciones policiales.

Tras la campaña a favor de la baja de la edad de imputabilidad, esta “contrarreforma” se propone lanzar una nueva escalada represiva para saturar de jóvenes pobres las nuevas cárceles. Vale como antecedente la reforma consumada por Carlos “meta bala” Ruckauf, la que sirvió para incrementar astronómicamente la población carcelaria de 12.000 detenidos en 2001, a 28.000 en 2005. Es necesario levantar una gran campaña democrática y aunar esfuerzos entre los organismos de derechos humanos, las organizaciones obreras y estudiantiles que se reivindican democráticas, los partidos de izquierda, para luchar por la derogación de toda la legislación represiva y acabar de una vez por todas con la cruzada reaccionaria contra los pobres y los jóvenes.