Diputados kirchneristas y opositores consensuaron un proyecto de ley en la Comisión de Legislación del Trabajo con respecto a las empresas tercerizadas que modifica el artículo 30 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744 (t.o. 1976). La iniciativa, originalmente elaborada por el diputado de la CGT, Julio Piumato, y presentada por Héctor Recalde podría obtener media sanción de Diputados y ser aprobada por el Senado antes de fin de mes.

Tras el crimen de Mariano Ferreyra, desesperado por despegarse de la Unión Ferroviaria, Hugo Moyano había declarado que “Los trabajadores tercerizados deben tener los mismos derechos que los que están en relación de dependencia” y ordenó a sus referentes legislativos avanzar con el proyecto. Nos preguntamos, ¿sirve esta ley para lograr la igualdad? La respuesta es negativa. Por más que los empresarios hayan pataleado (ahora ya bajaron los decibeles y se dispondrían también al consenso) el proyecto no cambiará de raíz la degradante situación de los trabajadores tercerizados, una de las modalidades principales que asume la precarización laboral en nuestro país, que, de conjunto, alcanza al 52% de la población activa, según los datos del Barómetro de la Deuda Social de la UCA.

Desde el comienzo, el proyecto lejos de eliminar la tercerización laboral naturaliza este verdadero apartheid para una gran parte de los trabajadores. El único artículo de la ley plantea a los empresarios que “cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre, contraten o subcontraten (…) independientemente del acto que le dé origen- trabajos, obras o servicios correspondientes a la actividad normal y específica, propia o accesoria pero necesaria (…) deberán exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimento de las normas relativas al trabajo, de higiene y seguridad y frente a los organismos de la seguridad social y sindicales” (artículo 1°).
Lo único que establece entonces es que a las patronales que tercerizan se las hace “solidariamente responsables” de lo que suceda con los trabajadores de las tercerizadas, ratificando así la tercerización, pero eso sí, extendiendo la “responsabilidad empresaria”. En la misma tónica estaba el proyecto original presentado por Piumato que justificaba la tercerización “cuando la agilidad de los negocios (la) muestre como más conveniente”.

Pero entrando de lleno en el artículo citado, su contenido es también una burla. Pedirle a los dueños de la empresa principal, que como hemos visto recientemente en el caso del Ferrocarril Roca y otros, muchas veces son los dueños de las tercerizadas, que se controlen a sí mismos y velen por “el adecuado cumplimento de las normas relativas al trabajo, de higiene y seguridad y frente a los organismos de la seguridad social y sindicales” es realmente una broma de mal gusto.

El último párrafo del artículo en cuestión también contiene una trampa. Ahí se dice que “En los casos en que las tareas o actividades objeto de contratación o subcontratación se realizaran en el interior del establecimiento del principal o en instalaciones que se encuentren bajo su custodia o guarda, resultará de aplicación a los trabajadores dependientes del contratista o subcontratista el régimen legal y convencional aplicable en la principal en cuanto resulte más favorable”. Es decir que los trabajadores tercerizados que trabajen fuera del lugar físico de la actividad principal ni siquiera podrían pasar al mejor convenio (CCT). Pongamos un ejemplo: en el caso de los miles de telefónicos de contratistas que toman tareas en los obradores, serían discriminados y no podrían pasar al mejor CCT.

Además para poder pasar a ese Convenio la tarea propiamente dicha que realiza el tercerizado debería estar allí contemplada. Si esto ya no sucede para muchos de los convenios que contienen más conquistas, como son los del ‘75, imaginemos lo que pasa con los firmados desde los ‘90 hasta ahora que contienen cláusulas de polivalencia funcional, flexibilización laboral, y que naturalizan la división entre contratados, tercerizados y efectivos.

La ley está a tono con la propaganda oficial. El ministro de Trabajo Carlos Tomada no se cansa de decir que el problema no es la tercerización laboral sino los “abusos” y que no toda tercerización es mala (discursos similares se escuchan de los periodistas de los medios opositores). ¿Qué se puede esperar del ministro de Trabajo cuando el Estado Nacional es uno de los principales empleadores de trabajadores contratados y tercerizados? Antes de que UPCN y el gobierno firmaran el último convenio, los trabajadores de la limpieza en los organismos públicos estaban contemplados en el convenio anterior. Hoy pertenecen a empresas tercerizadas y cobran hasta un 30% menos del peor sueldo de un efectivo en un mismo establecimiento. El caso del propio Ministerio de Trabajo es un verdadero escándalo, 3 de cada 4 de sus trabajadores están precarizados.

En estos días los trabajadores ferroviarios han dado un gran paso adelante logrando el compromiso del pase a planta de todos los trabajadores tercerizados. Una medida que habrá que asegurar con la lucha pero que ya es un ejemplo para todo el país. Con la ley de Recalde no se garantiza otra cosa que la continuidad del régimen del fraude laboral que le permite a las patronales aumentar su tasa de ganancia, dividir a los trabajadores y debilitar su organización sindical. Contra la tercerización laboral, el camino es la lucha de los trabajadores y la extensión de su organización de base. Promovemos la elección de delegados de base en todas las tercerizadas y para acabar con la tercerización laboral luchamos, entre otras medidas, por el pase a planta permanente de todos los trabajadores.