Es pública la participación de una banda de policías en el secuestro del empresario Leonardo Bergara, pero lo que se destaca del caso es que no son unos policías sueltos, como los de la Federal que robaban mediante la modalidad conocida como “salidera bancaria”, y que fueron atrapados el pasado lunes 2. Lo particular es la relación de dicha banda con el narcotráfico.

Según Clarín del 1° de febrero, la historia comienza con dos allanamientos donde se encontraron “más de 200 kilos de marihuana y 5 de cocaína (…). Los policías que participaron en esos operativos y terminaron sospechados de tener alguna participación en la captura del empresario de Ranelagh son el capitán Juan Vicente Cardozo (jefe de brigada de la Distrital Berazategui); su mano derecha, el teniente Víctor Ariel Vega; y el subteniente Jorge López, de la comisaría de El Pato.

Todos actuaron bajo las órdenes de Luis Armella, el mismo juez federal de Quilmes que ahora los investiga por el secuestro de Bergara”. Según el matutino, estos “procedimientos ordenados por el juez Armella generaron una pelea feroz entre bandas de narcos con cobertura policial”, y “las consecuencias empezaron a verse poco después, con el secuestro de Bergara”. Además se afirma que “a Vega lo arrestaron en una casaquinta de Ringuelet de la cual es casero. Allí hallaron seis kilos de marihuana”. Esta droga es de la misma calidad que la de los operativos antes mencionados, lo que deja una sola conclusión: “Habría sido robada de alguno de los procedimientos. Esa droga estaba bajo la custodia de Armella”.

Un poder dentro del Estado provincial

Hasta el cierre de esta edición, la noticia resonante fue la amenaza de muerte que recibió el gobernador Daniel Scioli, quien afirmó que “es probable” que la amenaza haya sido efectuada por grupos de la Policía Bonaerense que “se resisten a los cambios”. Esta intimidación, y el mismo caso Bergara, donde los secuestradores hacen entregar el dinero justamente en Pinamar, el lugar más custodiado del país, que el empresario fue cambiado ocho veces de lugar, que la denuncia se recibió en el 911 a las 23 hs. y recién a la mañana siguiente una partida policial fue hasta la casa donde lo encontraron, que el prófugo José Pardini, se entregó solo y su hija declaró que siempre estuvo en la casa y que nunca lo habían ido a buscar, demuestran que el caso Bergara es un claro mensaje al gobernador acerca de quién manda en la policía, abriendo una crisis en el aparato del Estado provincial más grande del país. Justamente en medio de la disputa con las patronales agrarias, en un año electoral en el que el gobierno de los Kirchner depende de un triunfo en este distrito, y con las consecuencias sociales que provocará en la provincia la crisis internacional más grande desde 1929.

No es poca cosa, esta institución de 50.000 hombres armados, de los cuales 9.000 vienen de la época de Camps, es funcional al poder político, que siempre pactó con ella a la vez que intentó controlarla. La Bonaerense, una mafia que tiene sus propios métodos y reglas, defendió su relativa independencia. En los tiempos de Duhalde (cuando este afirmaba que era la “mejor policía del mundo”), tuvo participación en el atentado a la AMIA, en la masacre de Andreani y en el crimen de Cabezas, además de incrementar el “gatillo fácil”. Posteriormente, Ruckauf asumió prometiendo “meter bala” a los delincuentes, lo que derivó en la multiplicación de los casos de “gatillo fácil”. Luego salió a la luz la complicidad policial en el asesinato de Natalia Mellmann en Miramar y del contador Mariano Perel en Cariló y en el 2002 tuvo lugar el asesinato de Kosteki y Santillán. En el 2004 asume Arslanián, quien elimina la figura del jefe policial y horizontaliza la fuerza. La policía participa en el secuestro del hijo de Blumberg y crece la demanda por la inseguridad. Lejos del “cambio” del que ahora habla Scioli, su política vuelve al viejo escalafón y se nombra a Daniel Salcedo como Superintendente General, un virtual jefe de policía. Para decirlo en otras palabras, una serie de concesiones a la institución. Sin embargo, esto no evita las constantes internas policiales que disputan distintas áreas de influencia, peleas por la caja y por los cargos en la institución, entre otros negociados. Como afirma la revista Veintitres, N° 551, estos policías “cultivan un estilo de vida propio, para el cual el delito es una actividad que puede ser “administrada”, donde la seguridad se pacta y las internas se resuelven en la tapa de los diarios. O en los zanjones”.

El silencio opositor

Hay que destacar que a esta altura de los acontecimientos el desarrollo de la investigación ha desaparecido de la primera plana de los diarios, y que la derecha como Blumberg, Macri o De Narváez, para mencionar a algunos que viven hablando de la seguridad, cierran la boca ante las evidencias de la conexión de la policía con el gran delito. Queda claro que su prédica es para perseguir y estigmatizar a los sectores más bajos de la población, para crear conciencia de que quienes viven en las villas o en los barrios pobres son todos chorros, no importa si en estos barrios la mayoría son trabajadores, que a su vez son víctimas de los delincuentes que actúan con el visto bueno de la policía.

Esta política viene siendo compartida por el gobierno de Scioli, quien asumió prometiendo “más poder de fuego para la policía” y afirmó en el acto de asunción de Salcedo que “La seguridad no se logra sólo con la policía, menos sin la policía y mucho menos aún contra la policía”.

Los hechos demuestran que la “maldita policía” es un aparato al servicio de los gobiernos de turno y socia privilegiada en los grandes delitos del país. La “maldita policía” mantenida por el propio PJ de la provincia de Buenos Aires no sólo es irreformable, sino que, como viene sucediendo desde los últimos 25 años, en ocasiones llega a volverse en contra de sus jefes políticos.