Con una lucha enorme y persistente de 7 años, se pudo revertir en parte la impunidad consagrada por el Tribunal Oral N° 3 en noviembre de 2004. El tribunal quilmeño había sentenciado con el paradigma central de la justicia argentina: cualquier accionar policial está justificado porque en defensa de la propiedad privada (en este caso de la multinacional Mc Donald) VALE TODO. Por eso, a los acusados de robar unos pesos se los condenó a penas de más de 15 años, y a los policías que intervinieron en los hechos ni siquiera se los investigó; sólo se llevó a juicio a José Ignacio Salmo, el que en forma directa baleó a Carla Lacorte, y se lo absolvió.

Aquella sentencia salió en la época en que Blumberg se había convertido en “el legislador en las sombras”, provocando varias modificaciones, todas reaccionarias, en la legislación penal, con los legisladores kirchneristas a la cabeza.

Ahora, la Sala III de la Cámara de Casación Penal, revocó esa absolución y remitió la causa al tribunal oral para que dicte nueva sentencia por lesiones gravísimas dolosas, delito que contempla una pena de 3 a 10 años de prisión. La defensa de Salmo ya apeló y se inicia otra dura pelea.

Los abogados de Carla habíamos solicitado que se condene al policía fusilador por tentativa de homicidio en concurso con lesiones gravísimas, pero la acusación fiscal actuó como límite para este pedido y fue el argumento del que se tomó la mayoría en Casación para no avanzar en la calificación legal.

Por estos días, el gobernador Scioli se esfuerza por reconciliar a la Bonaerense con la sociedad, haciendo campaña para que la gente “confíe” y llame al 911. Pese a ello, las estadísticas demuestran que la impunidad de la bonaerense de gatillo fácil es una política de Estado.

La construcción de la impunidad

Esta causa, como cada una de las causas de gatillo fácil, se fue construyendo para, paso a paso, borrar la responsabilidad institucional. Como ejemplo del trato brutal que reciben las víctimas, a Carla la interrogaron a 20 días de los hechos, estando internada y con riesgo su vida; pero a Salmo y a los otros dos policías tardaron 8 meses en tomarles declaración. Nos negaron sistemáticamente la producción de prueba fundamental para demostrar la responsabilidad policial; en cambio, los peritos oficiales se desvivieron por demostrar que Salmo actuó sin intención, que la bala rebotó.

Sucede que mantener la impunidad en estos casos es vital para este Estado que implementa el gatillo fácil como política dilecta de control social. Durante el gobierno de los Kirchner son casi 900 los casos computados. El fallo en la causa de Carla salió el 17 abril, sólo en ese mes CORREPI registró 10 nuevos casos de gatillo fácil.

Este jueves, Carla Lacorte y sus abogados daremos una conferencia de prensa, a las 12.30 hs. en la confitería Las Tres Carabelas de Irigoyen entre Rivadavia y Alsina de Quilmes.