Partido de los Trabajadores Socialistas

Buenos Aires
22 de agosto de 2019

Libertades Democráticas

Christian Castillo y su oposición al proyecto de "policías locales"

Un proyecto retrógrado para seguir militarizando la Provincia

19 May 2014   |   comentarios

Aunque disidencias en el bloque oficialista del Frente Para la Victoria llevaron a postergar la sesión fijada originalmente para el 14 de mayo en la Cámara de Diputados de la provincia una semana, la creación de las llamadas “policías locales” cuenta con un amplio respaldo por parte tanto del oficialismo como del Frente Renovador y con “buena prensa” en los medios del sistema. Desde el Frente de Izquierda nos opusimos al proyecto en las comisiones (...)

Aunque disidencias en el bloque oficialista del Frente para la Victoria llevaron a postergar la sesión fijada originalmente para el 14 de mayo en la Cámara de Diputados de la Provincia una semana, la creación de las llamadas “Policías locales” cuenta con un amplio respaldo por parte tanto del oficialismo como del Frente Renovador, y con “buena prensa” en los medios del sistema. Desde el Frente de Izquierda nos opusimos al proyecto en las comisiones de la Cámara donde fue tratado y de las que somos parte (Presupuesto y Asuntos Constitucionales), y lo haremos cuando se trate en el recinto. Las “Policías locales” vienen a reforzar el poder de fuego de la Bonaerense, no a reemplazarla. La Bonaerense controla en la Provincia el llamado “gran delito” (narcotráfico, desarmaderos de vehículos, trata de personas, juego clandestino…) en alianza con sectores del poder político, económico y judicial. Esto mismo ocurre en todo el país, como vimos con la complicidad de las Policías de Córdoba y Santa Fe con el narcotráfico o con la Policía tucumana con las redes de trata en el caso de Marita Verón. Las Policías reclutan “lúmpenes” para trabajar a su servicio, a quienes les liberan las zonas a cambio de quedarse con el grueso de lo que recaudan. También se aprovechan de jóvenes en situación de pobreza, a quienes persiguen y aun hacen desaparecer si se niegan a ponerse a su servicio, como ocurrió con Luciano Arruga en La Matanza. Según todos los indicios, miembros de esta “maldita Policía” fueron los responsables de la desaparición de Jorge Julio López: en el año 2006 eran 9.026 los miembros de la Bonaerense que venían de los años de la dictadura y seguían en funciones, según un informe brindado por el entonces ministro León Arslanián. Recientemente la Cámara de Diputados votó favorablemente un pedido de informes que propusimos desde la banca del FIT para ver cuántos son en la actualidad, pedido que aún no ha sido respondido por el Ministerio de Seguridad provincial.

Las Policías se caracterizan también en nuestro país por la aplicación generalizada del “gatillo fácil”: según la CORREPI, de 2002 a la fecha fueron asesinadas mil cuatrocientas personas por este método o por torturas en cárceles y comisarías. En vez de desarticular este entramado mafioso organizado desde el propio aparato de Estado, Scioli y su ministro Granados refuerzan su poder creando un cuerpo policial que será controlado por cada intendente, principalmente por los “barones del Conurbano”, los cuales son parte tanto del FPV como del Frente Renovador de Massa. El ministro Granados ya implementó un antecedente de estas Policías locales en Ezeiza en base al reclutamiento de policías retirados, con denuncias de actuar como “escuadrones de la muerte” (ver Horacio Verbitsky, “Granados de guerra”, Página/12, 8-09-2013, http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-228564-2013-09-08.html).

No hay que ser muy perspicaz para predecir que estas nuevas Policías serán grupos de choque al servicio de cada intendente, que las tendrá disponibles para utilizar contra los que reclamen por vivienda o salario y para amedrentar a los opositores de cada distrito, como ocurre ya con frecuencia en numerosos municipios. Los reclamos de varios intendentes para quitar todo mínimo control de los Concejos Deliberantes o de la población sobre los jefes de estas nuevas Policías dejan esto en claro para el que tenía alguna duda. Además,tendrán un costo adicional de unos cuatro mil millones de pesos anuales en una provincia donde hay numerosas carencias en educación, salud y vivienda. Sin ir más lejos, son miles los establecimientos escolares con problemas edilicios sin resolver y hay cientos de docentes a los que directamente no se les paga el salario durante meses. Es claro que para este Gobierno y para opositores como los del Frente Renovador su prioridad no es la educación pública, el hospital público o el acceso a la vivienda para los trabajadores y los sectores populares, sino fortalecer el aparato represivo que, como dijimos, es quien maneja el “gran delito”. Refuerzan el poder de la Bonaerense mientras criminalizan la pobreza, transformando las barriadas populares de la Provincia en una suerte de prisión a cielo abierto y estigmatizando a los jóvenes de origen popular para lanzar contra ellos el malestar social, como se expresó en la ola de “linchamientos” fascistizantes de hace algunas semanas, alentados desde el discurso de políticos oficialistas y opositores como desde diferentes medios de comunicación. Una concepción derechista y retrógrada, basada en una suerte de “racismo social”, donde el “sujeto peligroso” a criminalizar y perseguir son los jóvenes como Luciano Arruga y no sus desaparecedores.

Contacto:
Christian Castillo (011) 15 5881 9565 | @chipicastillo |www.facebook.com/ChristianCastillo.PTS
Despacho en Legislatura bonaerense: (0221) 429 7100, internos 3520 y 3521

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