Finalmente, “el gobierno de los derechos humanos” tomó el programa de la derecha más recalcitrante y su campaña de criminalización de los pobres y los jóvenes. Mediante el Plan de Seguridad Ciudadana, los Kirchner le pusieron letra a la militarización de las villas y los barrios populares de 38 municipios del conurbano bonaerense, Mar del Plata, Bahía Blanca y Gran Mendoza. Con esa finalidad destinarán $400 millones para incrementar el potencial represivo del Estado mediante el aumento del 50% de los efectivos en los patrullajes urbanos y la provisión de infraestructura armamentística con la tecnología más sofisticada. Si bien Cristina declaró que serían incorporados miembros de las FF.AA., el ministro de Justicia Aníbal Fernández hasta casi se disculpó porque la Ley de Seguridad Interior inhabilita a esas fuerzas en tareas de seguridad interna.

El plan contempla la convocatoria de 4.000 policías y 1.500 gendarmes retirados, más allá de 5.900 gendarmes que colaboran con los 52.000 policías de la Bonaerense desde 2003 en el control social y la práctica del gatillo fácil. Aníbal Fernández admitió que la convocatoria incluía al personal exonerado, una gran noticia para los “Sin Gorra”, la organización de ultraderecha, integrada por más de 2.500 policías exonerados por el ex ministro de Seguridad bonaerense Arslanian, tras sucesivas “purgas” que los mantuvo impunes de todos los delitos cometidos. Por si fueran pocos los 9.026 efectivos de la Bonaerense que permanecen desde la época de la dictadura militar, los Kirchner se disponen a reincorporar a miles de asesinos provistos de licencia estatal para matar.

Complementariamente, serán asignados $27,8 millones para la creación de una “red de alerta vecinal” desde los Foros de Seguridad que distribuirán 21.500 teléfonos móviles.

En la pcia. de Bs.As., la ley 12.154 ya habilitó estas instituciones reaccionarias en manos de carapintadas y genocidas como Luis Brun, amigo de Aldo Rico y dueño de una agencia de seguridad, y Carlos Mari, quien preside el Foro de Villa Martelli bajo el leit motiv “el problema de los adolescentes delincuentes lo resolvemos con un camión de ladrillos y un kilo de plomo” (www.forosdeseguridad.org.ar). En el mismo sentido, resulta un escándalo que Gabriel Lombardo y VALOMI (Vecinos en Alerta de Lomas del Mirador) sigan promoviendo la campaña de mano dura impunemente, cuando la comisaría creada a su instancia secuestró y torturó al joven Luciano Arruga, quien permanece desaparecido desde el 31 de enero. Lombardo habría señalado a Luciano como un “villerito”, “pibes que hay que eliminar” (Página/12, 29/03). Así los Kirchner financian a un grupo de fascistas que, entre otras tareas, “controlarían” a la policía.

Evidentemente, el plan del gobierno se propone fortalecer el aparato represivo del Estado para afrontar las consecuencias de la crisis económica internacional y la posible emergencia de la clase trabajadora. Apoyados sobre la campaña contra los pobres, los Kirchner comienzan a blindar al Estado con la militarización de los barrios populares como ensayo para legitimar su poder de fuego.

Las organizaciones obreras combativas, los organismos de DD.HH., el movimiento estudiantil y los partidos de izquierda debemos levantar una gran campaña nacional unitaria en defensa de las libertades democráticas, comenzando por exigir la aparición con vida de Luciano Arruga, impulsando movilizaciones, actos, festivales y todo tipo de eventos, para frenar la ofensiva represiva del gobierno y la derecha.