Ya son conocidas las declaraciones de Héctor Aguer, arzobispo de La Plata y presidente de la Comisión de Educación del Episcopado acerca de un material de formación en educación sexual y prevención del HIV/ SIDA al que tildó de “neomarxista”. Este folleto, destinado a la formación de educadoras y educadores, nada tiene que ver con el marxismo; pero recientemente encolerizó al monseñor quien considera que allí se entiende a la educación sexual como “la reivindicación del derecho de fornicar lo más temprano posible, y sin olvidar el condón.” Para Aguer, estos contenidos que se debaten terminan formando un tipo de educación que es “ajena a la tradición nacional y a los sentimientos cristianos de la mayoría de nuestro pueblo.”

Tradición, familia y sobre todo ¡propiedad!

¿Cuál es la “tradición nacional” a la que apela el purpurado? Resulta extraño que tan ilustrado monseñor no sepa que, en Argentina, sólo el 23% de la población frecuenta alguna iglesia, templo o lugar de culto de cualquiera de las religiones, mientras hay más de 2 millones y medio de personas que no creen en dios ni profesan ninguna religión.

Quizás se refiera a las “tradicionales” prebendas que el Estado le otorga a la Iglesia Católica y que no han variado, a pesar de circunstanciales enfrentamientos del clero con el kirchnerismo. Basta nomás recordar que la Ley de Educación Sexual vigente fue consensuada con la Iglesia. Y aunque cuestionan la educación laica, siguen recibiendo millonarios subsidios del Estado a su educación religiosa, mientras las escuelas públicas se caen a pedazos y las maestras y maestros cobran salarios miserables.

El año pasado, el presupuesto votado en el Congreso destinó 18 millones de pesos para el sostenimiento del culto católico ¿Y a qué se destinan? Entre otros gastos, a pagarle el salario a monseñor Aguer y todos los obispos que cobran más de 6500 pesos, gracias al decreto del 7 de marzo de 1979, firmado por el general Videla y su ministro de rancia estirpe ruralista y oligarca, José Martínez de Hoz; decreto que siguió vigente desde el gobierno de Alfonsín hasta el de Cristina Kirchner. También se pagan los viajes al Vaticano de los miembros de la Curia, jubilaciones a los sacerdotes y becas a los seminaristas. Y esa suma sale de los impuestos que pagan católicos, judíos, musulmanes... incluso quienes no profesamos ninguna religión.

¿Por qué todos los gobiernos mantienen semejante situación de privilegio para la Iglesia Católica? ¡Un buen tema para debatir en la materia “Construcción de Ciudadanía”, que el kirchnerismo impulsó en la Provincia de Buenos Aires y que también fue cuestionada por el obispo Aguer que la tildó de “gran operativo de lavado de cerebro de la juventud argentina” porque convierte “a los niños y adolescentes bonaerenses en pequeños teóricos críticos para cambiar la sociedad”! Las declaraciones de este señor de sotana no dejan de recordarnos que por algo la Iglesia apoyó y colaboró con la dictadura militar (no olvidemos a otro obispo platense –por nombrar sólo alguno-, Antonio Plaza, que entregó a decenas de personas a las fuerzas represivas, cuando era capellán de la policía bonaerense dirigida por el genocida Ramón Camps).

Cuando abusadores y genocidas “defienden la vida”, empezá a correr...

Como siempre, las mujeres y sus derechos, son un punto crucial del ataque de este obispo tan cercano al gobernador Scioli. Sobre este manual que suscitó la polémica dijo: “desconoce la vocación maternal que es propia de la condición femenina.” Ya había señalado anteriormente que “la ideología de género, sostenida por algunos pedagogos, es incompatible con una visión integral de la persona y con los valores que sustentan el orden familiar.” Y mientras los curas se empeñan en propagar el oscurantismo, en Argentina, como bien denuncian en una declaración las docentes de la Corriente 9 de Abril, “más de 3 mil niñas de entre 10 y 14 años se convierten cada año en madres y el aborto clandestino pasó a ser la principal causa de muerte de mujeres gestantes y de más de 600 mil hospitalizaciones anuales.”

Entretanto, la presidenta prepara su viaje al Vaticano para noviembre.

Después de algunos chisporroteos entre el gobierno kirchnerista y la “Santa Sede”, Cristina nombró a Juan Pablo Cafiero como embajador con el propósito de que “normalizara la relación con la Iglesia”, ratificando, para ello, su firme vocación “antiabortista”.

Como lo señalamos durante la campaña electoral, para luchar por nuestros derechos debemos empezar por exigir la separación de la Iglesia del Estado.

Porque mientras la Iglesia y el gobierno parecen enfrentarse con grandilocuentes declaraciones, seguimos manteniendo a estos parásitos medievales que albergan en sus filas a genocidas como Von Wernick y abusadores de menores como Julio César Grassi; pero, además, impiden –junto con la decisión de la presidenta- que se pueda avanzar en la despenalización y legalización del aborto en Argentina, que hoy bajo las condiciones de clandestinidad, llevan a la muerte a centenares de mujeres, especialmente, jóvenes y pobres.