Producto de las presiones por izquierda, el gobierno del Consejo Supremo de las FF.AA. de Egipto se vio obligado a cambiar su política exterior. El canciller Nabil Elaraby aseguró que si bien mantendría el acuerdo de paz de Camp David, celebrado en 1979 con el Estado de Israel, a su vez impulsaría la apertura del paso fronterizo de Rafah y el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Irán, e incluso hasta insinuó la posibilidad de interrumpir el suministro de gas natural a las ciudades israelíes. Evidentemente, si Mubarak era un agente directo del imperialismo norteamericano, ahora el Consejo Supremo se propone recuperar cierto juego propio, aunque sin romper con EE.UU., el que aporta anualmente U$1500 millones para la “lucha contra el terrorismo”. Por ese andarivel promovió la reconciliación de Al Fatah (dirección política de la Autoridad Palestina en Cisjordania) y Hamas (dirección política de Gaza), peleados a muerte desde 2007, cuando a instancias de los sionistas y EE.UU. las milicias del Fatah intentaron pegar un golpe de mano en Gaza para desplazar a Hamas del gobierno, electo democráticamente en las elecciones legislativas de enero de 2006.

Bajo el auspicio egipcio, Al Fatah y Hamas firmaron un acuerdo para conformar un gobierno de unidad nacional, la convocatoria a elecciones generales y el establecimiento de un Estado palestino independiente en Cisjordania, Gaza y Jerusalén oriental de cara a septiembre, cuando se reúna la Asamblea General de la ONU para tratar ese reclamo. Indudablemente un pacto reaccionario, pues como reveló el affaire Wikileaks, Al Fatah ya había negociado con el Estado de Israel la entrega del derecho de retorno de los 7,1 millones de palestinos a cambio de un regreso simbólico de no más de 5.000. ¿Qué clase de Estado palestino independiente sería posible sobre la base de dos porciones de tierra, Gaza y Cisjordania, desprovistas de unidad territorial, mientras la última está atravesada de colonias y asentamientos con 500.000 colonos sionistas armados hasta los dientes? ¿Dónde cabrían, en todo caso, los 7,1 millones de palestinos que residen en la diáspora? ¿Qué clase de soberanía tendría ese Estado cuando recursos estratégicos como el agua, la energía y las telecomunicaciones son monopolizados por el Estado de Israel? ¿Cómo es posible hablar de Estado palestino independiente cuando el jefe de las negociaciones de Al Fatah, Saeb Erekat, adelantó que la seguridad pública sería coordinada entre la Autoridad Palestina y el Ejército israelí, renunciando a una fuerza militar propia? En qué modificaría ese Estado palestino la suerte del 1,5 millón de “árabes israelíes” condenados a la segregación del Estado judío que no para de emitir leyes racistas, como la reciente modificación del Código Penal que habilita el encarcelamiento de aquellos que aboguen por un Estado binacional así como el proyecto de ley que condiciona la designación de funcionarios y empleados públicos a un juramento de lealtad al “Estado judío y democrático”. Ese sería un Estado palestino de caricatura, una utopía reaccionaria opuesta a los intereses del pueblo palestino y sus demandas de autodeterminación nacional.

M. R.