logo PTS

Tribuna Abierta

Triple asesinato y medicamentos truchos

El triple asesinato de los jóvenes empresarios arrojados en un zanjón de General Rodríguez produjo conmoción por sus características de venganza mafiosa.

Miguel Raider

21 de agosto 2008

El triple asesinato de los jóvenes empresarios arrojados en un zanjón de General Rodríguez produjo conmoción por sus características de venganza mafiosa. Según el subsecretario de Investigaciones e Inteligencia Criminal bonaerense, Paulo Starc, los empresarios traficaban ilegalmente voluminosas cantidades de efedrina a los cárteles narcotraficantes de Colombia y México. Sin embargo, otro aspecto del caso revela un problema estremecedor: la adulteración y comercialización ilegal de medicamentos prohibidos o robados.

Pese a estar implicado en 13 causas judiciales por venta de medicamentos truchos, Sebastián Forza, uno de los jóvenes empresarios asesinados, proveía de fármacos ilegales al Hospital Francés, después de pasar a manos del Estado. Forza estaba asociado al ex gerenciador del PAMI Rubén Romano, que tenía cuentas bancarias con 10 millones de euros, y contaba con el aval del superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli. Claro que Capaccioli también se encargaba de las finanzas del PJ Capital. Y “casualmente” Forza fue uno de los mecenas top que financió la campaña electoral de Cristina Kirchner con $200.000, así como otro de sus socios, Carlos Torres, quien desembolsó $350.000, para habilitar a la droguería San Javier como contratista del Estado, imputada por presuntos negociados en el Centro Oncológico de Excelencia y la OSBA. La asociación entre empresarios y funcionarios estatales da como resultado un negocio millonario para la mafia de los medicamentos.

El titular del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la ciudad de Buenos Aires estimó que el mercado ilegal de medicamentos asciende a 250 millones de dólares anuales, su comercialización representa más del 10% del total de la industria farmacéutica, y pone en circulación más de 30 millones de cajas de remedios truchos. La Confederación Farmacéutica Argentina estimó que la adquisición de fármacos ilegales causa 700 muertes y 100 mil internaciones al año. El desinterés de estos mercaderes por la vida llega a tal extremo que la multinacional Glaxo Smith Kline segó la vida de 12 bebés de familias carenciadas para probar la eficacia de una vacuna contra la neumonía: “sólo murieron 12 en todo el país, una cifra mínima en comparación con las muertes producidas por enfermedades respiratorias”, decía el investigador Enrique Smith con total desfachatez, bajo la impunidad consentida del Estado (Crítica, 10/07/08).

Estado, empresas y sindicatos

La adulteración y comercialización ilegal de medicamentos abarca particularmente los llamados “medicamentos especiales” como los oncológicos, los fármacos contra el SIDA, la hemofilia y la esclerosis múltiple. La gran mayoría de las obras sociales sindicales absorben estos medicamentos adulterados o ilegales a precios más bajos que los que rigen en el mercado, aunque fraguando los balances al precio corriente, un rédito extra para los burócratas sindicales, amén de los subsidios estatales de $700 millones estipulados para 2008. Algunos dirigentes hasta delegan en las droguerías el cobro de los subsidios por terapias costosas de afiliados-“fantasma” (La Nación, 19/08/08). Evidentemente, estos negociados surgen de los acuerdos establecidos entre el Estado, los empresarios y los sindicatos. Por eso no extraña que, así como Forza, el 30% de los aportes de campaña de los Kirchner provengan de empresarios de medicina y farmacia.

La ministra de Salud Graciela Ocaña fue cuestionada y salió al cruce diciendo que la solución para evitar los fraudes ilegales era eliminar “la compra a droguerías y comprar directamente a los laboratorios” (Página/12, 17/08/08). Sin embargo, hace poco el Servicio Penitenciario de Santa Fe fue provisto de miles de medicamentos adulterados por el laboratorio Xenix de Rosario, y hasta el famoso laboratorio multinacional Roche adulteró drogas como lexotanil, ribotril y valium. Las droguerías están íntimamente vinculadas a los laboratorios en la cadena de comercialización, y en varias ocasiones son empresas montadas por los mismos laboratorios para emprender la distribución de los fármacos.
La política de medicamentos de los Kirchner es un fraude. La salud está dominada por un grupo de laboratorios nacionales y extranjeros, que funcionan como oligopolio imponiendo los precios del mercado, los cuales aumentan todos los meses, en especial los medicamentos de venta libre. El Plan Remediar, destinado a producir medicamentos básicos de suministro gratuito, de ningún modo entrega los remedios que necesitan los 14 millones de pobres, pues los 39 laboratorios comprendidos por el plan, trabajan al 20% de su capacidad. Del mismo modo, la reciente creación de la Red Nacional de Laboratorios Públicos Productores de Medicamentos es una farsa, porque si bien abarca a 28 laboratorios públicos, no tiene ni un peso asignado de presupuesto. El Estado no invierte, falta personal en laboratorios y hospitales y la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT), revela una total incompetencia como organismo de contralor.

La salud es un asunto demasiado serio para dejarlo en manos de los capitalistas y sus socios. La nacionalización de los laboratorios, las droguerías y la industria farmacéutica, y la producción y distribución estatal de drogas controlada por los trabajadores y los profesionales, a precios baratos para el alcance popular, es la forma efectiva de terminar con las mafias y los negociados a costas de la salud de las grandes masas para imponer la salud como un derecho democrático inalienable.

Prensa

Virginia Rom 113103-4422

Elizabeth Lallana 113674-7357

Marcela Soler115470-9292

Temas relacionados: