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LIBERTADES DEMOCRÁTICAS

GATILLO FÁCIL, VIOLACIONES, TORTURAS Y ASESINATOS

Trelew: cuna nacional de la impunidad policial

Decir a esta altura que el clima político y social de Trelew (odio a la policía en un sector de la población, combinado con el pedido de “mayor seguridad”, represión a las organizaciones sociales y persecución a los sindicatos) está enrarecido, es por lo menos una verdad de perogrullo.

PTS

29 de marzo 2012

Decir a esta altura que el clima político y social de Trelew (odio a la policía en un sector de la población, combinado con el pedido de “mayor seguridad”, represión a las organizaciones sociales y persecución a los sindicatos) está enrarecido, es por lo menos una verdad de perogrullo. Desde que la feroz interna del PJ se hizo indisimulable ante los ojos de la sociedad, ésta se trasladó a cada recoveco del Estado, llegando incluso al podrido y mafioso aparato policial provincial, que ya tiene un larguísimo prontuario de crímenes, desapariciones y represiones.

A la impunidad del asesinato de Julián Antillanca a manos de la policía se suma el asesinato de Bruno Rodríguez, testigo protegido en el caso de detención, tortura y violación en plena comisaría de Trelew de un pibe de 16 años, a mediados de enero. Este caso, que gracias a la movilización popular, le costó el puesto a dos máximos jefes de la policía provincial, puso en jaque a este aparato represivo, saltando a la luz un sinnúmero de casos de gatillo fácil, corrupción y torturas. Sin olvidar que, en una provincia con puertos importantes, es obvia la complicidad policial en el tráfico de drogas y personas. Como dijimos en otra oportunidad (1), este caso desenmascaró ese combo de corrupción que implica la unión entre la política burguesa y la policía como parte del aparato represivo del Estado.

Ante este escenario, el gobierno, la oposición patronal y los medios de comunicación se unieron para represtigiar el aparato policial. Aprovecharon una serie de crímenes, que seguramente se produjeron gracias a “zonas liberadas” por la policía, más el anuncio del gobierno de políticas con la supuesta intención de profesionalizar y democratizar esta fuerza para volcar a la “opinión pública” hacia la derecha, junto a la convocatoria de una gran cantidad de marchas que combinaban el legítimo pedido de justicia por esos crímenes con la reaccionaria demanda de “mayor seguridad.” Como frutillita de postre se acordó con la ministra de Seguridad, Nilda Garré, el envío de 100 gendarmes a la provincia y la instalación de una Base de Investigaciones de esa fuerza en Comodoro Rivadavia.

El escandaloso asesinato del testigo (falsamente “protegido”) llegó a las primeras planas de los medios nacionales, por lo que la “progresista” Garré, tuvo que desligarse del asunto a través de las redes sociales, donde escribió una carta manifestando, entre otras cosas, el repudio a este crimen. Pero lo más interesante es que señala que “el hecho en cuestión es doblemente grave pues la víctima había testificado en contra de un grupo criminal enquistado dentro de la policía provincial”. Obviamente, lo que no dice la ministra, es que para que suceda este crimen, tuvo que haber una señal del establishment provincial, al dejar impune el caso Antillanca. Todo esto dio vía libre a la policía para que siga haciendo de las suyas.

Desde el PTS y su Juventud venimos denunciando y repudiando el accionar represivo de las fuerzas policiales de la provincia, movilizándonos junto a otras fuerzas políticas y familiares de víctimas del accionar policial. Sin embargo, vemos con preocupación cómo muchas organizaciones de izquierda, del campo popular, sindicatos, entre otras, se adaptan al discurso de la derecha pidiendo “mayor seguridad”. Lo vimos en el acto por el nuevo aniversario del Golpe, cuando casi a final le dieron el micrófono a una estudiante secundaria que integraba una marcha paralela ese día pidiendo más seguridad. Como si fuera poco, una parte de las organizaciones que convocaron al acto independiente del gobierno para el 24, están convocando a una marcha para el próximo viernes con la consigna: “Marcha en DERECHO a la VIDA y SEGURIDAD del PUEBLO”. Desde el PTS y su Juventud planteamos que con agregarle la palabra “pueblo” a una consigna de seguridad no la vuelve más progresiva, ya que en una sociedad capitalista el monopolio del aparato represivo obviamente está en posesión del Estado, y por ende pedir mayor seguridad es otorgarle más poderes a una fuerza que los utilizará para reprimirnos. Pedirle mayor seguridad al Estado, es pedir fortalecer al mismo aparato de impunidad que estamos denunciando por la desaparición de Iván Torres, el asesinato de Julián Antillanca, la tortura y violación al pibe en la comisaría y ahora el asesinato del testigo desprotegido.

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